Esta semana, en la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, comenzó la audiencia de debate por la presunta existencia de una organización narcocriminal en el Penal de Villa Las Rosas de Salta. Allí, 20 personas —entre funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares— enfrentan cargos por integrar la red, bajo la supervisión de los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar. En la última audiencia realizada, se produjo un testimonio clave.
Durante la investigación, la Unidad Fiscal identificó tres aspectos fundamentales para el funcionamiento de la red: la distribución interna de droga, las conexiones externas para el manejo de dinero y la complicidad de funcionarios penitenciarios. El proceso judicial prevé la declaración de más de 180 testigos.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, calificó la situación como “imperdonable” y remarcó que la red de corrupción involucraba tanto a personal de bajo rango como a altas autoridades del Servicio Penitenciario.
García Castiella explicó que la investigación se desarrolló en un contexto de amenazas contra agentes y familiares de internos, lo que motivó su participación directa en la Unidad Fiscal junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
El procurador recordó una “panfletada muy fea” y una amenaza muy dura dirigida a la entonces directora del Servicio Penitenciario, Karina Torres, quien colaboró activamente con la investigación. De hecho, Torres declaró en la última audiencia y precisó que le entonces subsecretario de políticas penales le habría solicitado que interviniera para favorecer a Sergio Faustino Moya, jefe de seguridad externa, en una campaña política.
El proceso judicial es presidido por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, y se apoya en una investigación que comenzó tras una denuncia anónima presentada por testigos de identidad reservada.
Según el comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del CIF, la denuncia señalaba presuntos actos de corrupción dentro del penal, lo que motivó el diseño de una estrategia metodológica y sistemática para sortear la resistencia y el control de la información por parte de los investigados.
La investigación se centró en la intervención de dispositivos telefónicos, utilizando los códigos IMEI para rastrear comunicaciones, ya que los internos cambiaban frecuentemente de chips.
Esta medida, respaldada por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO), permitió identificar seis dispositivos intervenidos durante 30 días, período en el que se detectaron intercambios entre internos, familiares y funcionarios penitenciarios relacionados con pagos, beneficios indebidos y otras conductas ilícitas.
El análisis de las escuchas llevó a individualizar a tres oficiales del escalafón jerárquico y a varios suboficiales, lo que motivó la ampliación de la intervención a sus dispositivos para profundizar la trazabilidad de sus movimientos y relaciones.
El trabajo conjunto con el área de inteligencia penitenciaria resultó fundamental para validar los datos obtenidos. El entrecruzamiento de información permitió determinar con precisión los roles de los implicados, desde celadores y jefes de pabellón hasta encargados de seguridad externa y miembros de la Junta Correccional.
Este órgano, encargado de otorgar beneficios como traslados, progresividad de pena o ingreso a granjas, fue señalado como un punto clave en la gestión irregular de privilegios, operando a través de una red interna con la participación de funcionarios específicos.
Entre los nombres identificados, el oficial José Luis Alarcón, alias “Cachorro”, fue señalado como responsable de coordinar el ingreso de elementos prohibidos, como celulares, mediante familiares de internos.
Las pruebas presentadas incluyeron audios y capturas de pantalla de mensajes, que respaldaron las afirmaciones del comisario Sánchez.
En los diálogos, el interno Manuel Méndez se jactaba de consumir drogas, asar carne y burlar el sistema carcelario. En uno de los audios, mencionaba haber conseguido “diez puntos de conducta” sin cumplir ninguna norma, y se reía junto a su madre del control que ejercía sobre los agentes para obtener privilegios.
El comisario Sánchez también describió el papel de Moya, a quien atribuyó la coordinación de traslados irregulares de internos y la gestión de favores mediante personal de mantenimiento, utilizando solicitudes de familiares ficticios como justificación.
Moya, según el testimonio, continuaba operando desde la alcaldía de Ciudad Judicial y exigía pagos ilegales a cambio de permitir el ingreso de alimentos o pertenencias, apropiándose de parte de lo ingresado de forma ilícita. Además, se indicó que desempeñaba funciones en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta, donde también gestionaba beneficios irregulares a cambio de dinero.
En cuanto a la estructura financiera de la organización, el testigo identificó a Baldomero Darío Córdoba como el nexo externo encargado de canalizar el dinero hacia los funcionarios penitenciarios.
Un caso emblemático fue el del interno Lautaro Teruel, quien habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable gracias a gestiones realizadas por Bisceglia y Córdoba.
Teruel fue trasladado al pabellón F, destinado a exfuncionarios de fuerzas de seguridad, tras el pago de sumas de dinero que Córdoba distribuía entre los funcionarios involucrados.
Aunque se intentaba que las operaciones fueran en efectivo para evitar rastros, una transferencia de $100.000 quedó documentada: Córdoba la realizó a una cuenta bancaria a nombre de la esposa de Bisceglia, según el análisis forense de dispositivos electrónicos.
Consultado sobre otras gestiones vinculadas a Teruel, Sánchez explicó que se tramitaba cualquier solicitud que mejorara sus condiciones de detención, incluida atención médica preferencial. Todas las gestiones eran coordinadas por Córdoba, quien instruía sobre cómo justificar los pagos y qué argumentos presentar ante el servicio penitenciario.
El análisis financiero permitió establecer una trazabilidad que abarcaba más de 113 cuentas bancarias vinculadas a 17 de los imputados, utilizadas para transferencias de dinero entre internos, familiares y funcionarios, consolidando así un circuito de financiamiento que sostenía el funcionamiento de la organización ilícita dentro del penal.
En la audiencia también declaró el subcomisario mayor Ariel Barrera, jefe de la Unidad de Investigación UFINAR, quien detalló que la intervención de IMEI de distintos celulares permitió detectar la comercialización de estupefacientes en el interior de la Unidad Carcelaria N° 1. A partir de este hallazgo, se conformó la Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación.
Barrera precisó el rol de cada involucrado en la maniobra: proveedores, contacto logístico, funcionarios penitenciarios encargados del ingreso de la sustancia y el interno responsable de la distribución.
