Los diputados británicos aprobaron ayer viernes, con 314 votos a favor y 291 en contra, un proyecto de ley histórico destinado a legalizar la muerte asistida para pacientes en fase terminal.
El texto, que ya había tenido el pasado mes de noviembre un voto favorable de los diputados, en una primera lectura, deberá ser ahora examinado por la Cámara de los Lores para su entrada en vigor.
Aquella primera propuesta, respaldada el 30 de noviembre por la Cámara de los Comunes, había sido respaldada con 330 votos a favor y 275 en contra, antes de ser examinada en comisión, para ser sometida de nuevo a la aprobación de las dos cámaras del Parlamento.
Los partidarios del texto, que se habían reunido frente al Parlamento con pancartas que decían “My death, my decision” (Mi muerte, mi decisión), expresaron de forma ruidosa su alegría al anunciarse el resultado.
“Esta votación envía un mensaje claro (…) el cambio está en marcha”, reaccionó la directora de la asociación Dignity in Dying (Dignidad al morir), Sarah Wootton. En cambio, el director del grupo Care Not Killing (Cuidar, no matar), Gordon Macdonald, denunció un texto “profundamente imperfecto y peligroso”.
Los diputados británicos aprobaron esta vez el proyecto de ley, después de que otra propuesta sobre la muerte asistida fuera rechazada por la Cámara de los Comunes en 2015.
El texto aprobado ahora permitiría el suicidio asistido a los pacientes en Inglaterra y Gales que se encuentren en fase terminal, con no más de seis meses de esperanza de vida, y que sean capaces de tomar por sí mismos la sustancia que provoque su fallecimiento.
Tras la primera votación de noviembre, los diputados realizaron varios cambios notables al proyecto inicial.
Además de dos médicos, la decisión final para autorizar la ayuda para morir estará en manos de un comité de expertos, y no será competencia de un juez del Tribunal Superior de Justicia, un cambio criticado por los opositores. Los profesionales de la salud (médicos, enfermeros, farmacéuticos y trabajadores del sector) también tendrán derecho a negarse a participar en un suicidio asistido.
Finalmente, se propondrán expertos independientes para apoyar a las personas que sufran problemas de salud mental, así como un consejo consultivo sobre la discapacidad, encargado de asesorar al gobierno sobre la implementación de la ley y su impacto en las personas con discapacidad.
El medicamento letal podrá ser preparado por un médico, pero deberá ser el propio paciente quien se lo administre, prohibiéndose que terceros lo hagan, para evitar abusos. Así, la ley introduce penas de hasta 14 años de prisión para quien presione, coaccione o engañe a alguien para que se suicide.
Según una encuesta publicada el jueves por el instituto YouGov, el 73% de los británicos apoya el texto tal como está redactado.
Kim Leadbeater, diputada de la mayoría laborista e impulsora de este proyecto de ley, afirmó a la AFP que el texto es importante para acompañar a personas “confrontadas a la perspectiva de una muerte dolorosa e indigna, para ellas mismas o para un ser querido”. “La injusticia y la inhumanidad del statu quo nos impiden esperar más tiempo para ofrecerles la esperanza de una muerte mejor”, añadió.
Los partidos no dieron instrucciones de voto a sus miembros, aunque el primer ministro laborista, Keir Starmer, anunció que votaría a favor. Tras el examen del texto de la Cámara de los Lores, habrá que esperar cuatro años antes de que el suicidio asistido se implemente.
El pasado 13 de mayo, el Parlamento autónomo de Escocia aprobó por su parte los principios generales de un proyecto de ley para legalizar el suicidio asistido en este territorio británico.
Isla Man, pionera en el territorio de Reino Unido
El pasado 26 de marzo, los diputados de la isla de Man aprobaron una ley que permite el suicidio asistido para personas con enfermedades terminales, convirtiéndose en el primer territorio de Reino Unido en legalizar la ayuda a morir. El suicidio asistido es ilegal en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y conlleva una pena de 14 años de prisión. En Escocia no está tipificado como delito, pero una persona que ayuda a alguien a morir puede ser procesada por homicidio voluntario.
