La Justicia Federal ordenó el levantamiento del secreto fiscal sobre el patrimonio de Ricardo Colombi, ex gobernador de Corrientes que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.
La medida fue tomada por el juez Federal 2 de Corrientes Juan Carlos Vallejo. En el mismo expediente, el juez Vallejo también ordenó las mismas actuaciones contra Hernán Marcelo Laslo y María Helena Hadad, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, evasión agravada, falsedad ideológica, abuso de autoridad y asociación ilícita.
La causa estaba semiparalizada desde hace dos años y ahora el juez reflotó estas medidas que permiten avanzar con el expediente. En 2022, la Corte Suprema de Justicia había ordenado seguir investigando a Colombi en el caso por presunto enriquecimiento ilícito. Lo hizo tras anular el sobreseimiento de una mujer acusada de ser una presunta testaferro del ex gobernador.
El levantamiento del secreto fiscal y bancario fue solicitado para reunir evidencias en una investigación que apunta a dos operaciones inmobiliarias realizadas entre 2006 y 2007, en las que dos propiedades habrían sido adquiridas de manera irregular a favor de Colombi mediante una supuesta maniobra de donaciones realizadas por Laslo y Hadad quienes en realidad serían los testaferros de Colombi.
Estas operaciones se vinculan además con la causa por la financiera ilegal Pyramis, donde se investiga por presunto enriquecimiento ilícito también al actual presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, y a su hijo, luego de que en allanamientos se encontraran fondos a su nombre.
El expediente estuvo paralizado pese a que en abril de 2023 la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, en línea con la Corte Suprema, había ordenado reactivar la investigación en el fuero federal, dejando sin efecto una decisión previa del Juzgado de Paso de los Libres que había intentado derivarlo a la justicia provincial.
Las pruebas reunidas por la fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas indican que Colombi habría adquirido los inmuebles con fondos de origen dudoso, y que existe una posible conexión con la maniobra financiera irregular investigada en Pyramis, lo que configura una hipótesis de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria agravada.
