Con el foco puesto en la mejora de las condiciones de detención en la provincia, esta semana se concretó una nueva reunión de la Mesa Interinstitucional de Sobrepoblación Carcelaria, espacio de trabajo conjunto que reúne a organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y otras instituciones clave del sistema penal salteño.
La jornada, coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos, permitió compartir avances y propuestas en relación con los acuerdos definidos en la reunión anterior.
Uno de los ejes centrales fue el seguimiento de la situación de las personas privadas de libertad alojadas en comisarías, especialmente aquellas bajo prisión preventiva y aquellas ya condenadas, con el objetivo de garantizar su traslado a unidades penitenciarias adecuadas.
En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia presentó datos actualizados sobre personas bajo prisión preventiva, mientras que la Policía de Salta brindó información sobre detenidos con condena firme alojados aún en dependencias policiales.
La articulación entre ambos sectores busca destrabar situaciones que agravan el hacinamiento y afectan el acceso a derechos básicos en contexto de encierro.
Otro de los temas abordados fue la necesidad de mejorar el uso de espacios alternativos como granjas penitenciarias, así como de optimizar los traslados para programas de inclusión laboral.
Se destacó la articulación con la empresa de transporte SAETA para facilitar la movilidad de las personas privadas de libertad que participan en iniciativas de reinserción social.
Además, se mencionaron acciones específicas de coordinación con el municipio de Orán.
La Mesa Interinstitucional fue creada a partir del convenio entre el Poder Ejecutivo y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, como parte de las medidas dispuestas ante un hábeas corpus colectivo correctivo presentado ante la Corte de Justicia. Su finalidad es generar respuestas sostenidas y estructurales ante el creciente hacinamiento en comisarías y otros espacios de detención.
Participaron representantes de los Ministerios de Gobierno y de Seguridad, la Defensoría General, la Corte de Justicia, la Procuración General, la Policía de Salta, del Servicio Penitenciario y del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.
