Este miércoles el bloque de diputados de La Libertad Avanza logró reunir un plenario de las comisiones de Legislación Penal; de Familias, Niñez y Juventudes; de Justicia y de Presupuesto y Hacienda. El objetivo del oficialismo es conseguir la media sanción esta misma semana de un nuevo Régimen Penal Juvenil, una de cuyas claves es la baja de la edad de punibilidad a los 14 años.
El dictamen oficial, redactado a las apuradas para conseguir adhesiones de último momento, finalmente obtuvo una mayoría de 77 firmas de diputados, miembros de las cuatro comisiones. Los pocos legisladores de ese grupo que decidieron tomar la palabra en la reunión, se dedicaron a adular al Gobierno sin explicar (mucho menos argumentar) nada del proyecto.
Además del proyecto encabezado por el oficialismo y acompañados por aliados, la reunión de comisiones terminó con otros cinco dictámenes presentados por distintos bloques. Tres son de Unión por la Patria (uno por el ala kirchnerista, otro del massismo y uno “de observación” presentado por una diputada en particular), uno de Provincias Unidas y otro del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Éste último, de seis páginas, lleva la firma de la diputada del PTS-FITU Myriam Bregman.
No es una discusión de “seguridad”
El texto de la izquierda sintetiza la cuestión: “Este debate se presenta como una discusión de seguridad, pero en realidad revela algo mucho más profundo: la decisión de un Estado que no puede -ni quiere- garantizar derechos básicos a la mayoría de las niñas, niños y adolescentes, y que frente a ese fracaso responde con castigo. Donde deberían existir educación, salud, alimentación, vivienda, cultura y futuro, aparece el sistema penal. Las infancias se convierten completamente en objeto de control”.
En ese marco, agrega que “para los sectores que concentran la riqueza, la vida de las juventudes populares no vale como derecho garantizado, pero sí como advertencia social, como mensaje disciplinador, como pieza del control sobre quienes sufren la desigualdad”. Y nada de esto es nuevo, ya que “el derecho penal moderno nace con la ficción de un sujeto formalmente libre y responsable, propia de la sociedad capitalista. La pena se organiza como equivalencia: delito de un lado, castigo del otro. El tiempo de encierro como medida de compensación”.
Así, el lema difundido por Patricia Bullrich y el resto de La Libertad Avanza según el cuál a un “delito de adulto” le cabe una “pena de adulto” resulta ser “la expresión más cruda de esa lógica”, ya que “supone un sujeto plenamente autónomo que eligió libremente transgredir la ley, y al hacerlo borra las condiciones sociales que producen el conflicto. Cuanto más se habla de responsabilidad individual, más se oculta la desigualdad real”.
Por eso, “el discurso oficial se sostiene sobre una demagogia punitiva que promete ‘seguridad’ a fuerza de castigo para los jóvenes, pero choca contra la evidencia empírica. En ningún país donde se redujo la edad de punibilidad disminuyó la comisión de delitos graves. Se le ofrece a la sociedad una respuesta rápida y falsa que no aborda las causas estructurales del problema y que solo profundiza la criminalización y persecución de pibes y pibas. El único horizonte que se propone es el encierro”.
El Frente de Izquierda insiste en que “bajar la edad no ‘reduce el delito’, sino que promueve la estigmatización y el control social. Significa, de hecho, anticipar esa ficción sobre personas en pleno desarrollo, atravesadas por condiciones materiales que el propio orden social genera. En lugar de interrogar esas condiciones, se individualiza la culpa. En lugar de garantizar derechos, se amplía el castigo. El derecho penal vuelve a cumplir su función histórica de administrar el orden social en tiempos de crisis, endureciéndose para disciplinar a las mayorías empobrecidas”.
Menores “peligrosos”, regresión política
El dictamen de rechazo firmado por Bregman alerta que no estamos “ante una reforma técnica, sino ante una regresión política. Esa regresión retoma una matriz conocida en nuestra historia. Desde la Ley de Patronato (Ley 10.903), utilizada para disciplinar a los hijos de la inmigración pobre y controlar a las infancias de las familias trabajadoras, el poder estatal construyó la figura del ‘menor peligroso’. Lo que era militancia política o desigualdad social, lo convirtieron en problema policial. O peor aún, los que eran víctimas sociales, pasaron a ser sospechosos. Hoy esa lógica reaparece, pese a que el propio orden constitucional reconoce lo contrario”.
Recuerda en ese sentido que la Convención sobre los Derechos del Niño (que tiene desde 1994 jerarquía constitucional), obliga al Estado a garantizar desarrollo integral, libertad y protección especial de niñas, niños y adolescentes. “De allí surge el sistema de protección de derechos, que al menos formalmente desplaza el castigo y coloca en el centro las políticas sociales”. Por el contrario, “el dictamen de mayoría invierte ese recorrido y vuelve a poner a las niñeces y adolescencias en el mismo lugar que la última dictadura cívico militar”.
Otro aspecto que desmiente el dictamen de la izquierda se refiere al discurso punitivo que se esgrime para bajar la edad de punibilidad. “Las causas penales que involucran jóvenes representan apenas entre el 2 % y el 4 % del total. Las niñas, niños y adolescentes menores de dieciséis años implicados en delitos rondan el 0,1 %. En 2023, 1.767 adolescentes se vieron incluidos en causas en la justicia nacional y la enorme mayoría ingresó por primera vez. Predominan los delitos contra la propiedad y los hechos graves -al revés de lo que se sostiene- muestran una tendencia descendente”.
Bregman plantea que no hay una “ola delictiva juvenil” sino una construcción política y mediática funcional al endurecimiento penal. “El sistema penal no actúa de manera neutral. Persigue selectivamente y castiga con sesgo de clase. Los jóvenes que terminarán efectivamente criminalizados serán los pibes de los barrios precarizados, los hijos de la clase trabajadora. La baja de la edad no resuelve el eventual conflicto: lo administra punitivamente y desplaza la responsabilidad desde las estructuras que producen desigualdad hacia quienes la padecen”.
En ese marco, cita al exjuez de la Corte Suprema y jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, quien habla de “criminalización primaria” y “criminalización secundaria” para graficar que el poder punitivo no es neutro. “La criminalización primaria es la que se está decidiendo en este recinto e implica la decisión política sobre qué conductas serán consideradas delito y qué penas tendrán. A partir de ahí viene una clara selección política. No todo lo dañino se criminaliza, ni todo lo criminalizado es lo más dañino socialmente”. Eso, concluye, es la “criminalización secundaria, el momento de aplicación concreta: cuando policías, fiscales y jueces deciden a quién perseguir efectivamente. Acá es donde entra en juego la selectividad penal, y de allí que siempre se hable de la criminalización de los niños, niñas y adolescentes de los sectores populares”.
La izquierda denuncia que, lejos de discutirse una mera modificación técnica del sistema judicial, “el dictamen de mayoría profundiza el ejercicio de poder punitivo del Estado y su control social. La política del Gobierno y sus cómplices en este terreno es clara. Mientras se impone el ajuste, se paga una deuda externa ilegítima e ilegal y se profundiza la subordinación al imperialismo, se refuerzan los mecanismos de control interno. La criminalización temprana de la juventud cumple la misma función que la persecución de migrantes en los países centrales: fabricar enemigos sociales, ocultar las causas reales de la crisis y disciplinar a las mayorías afectadas”.
La experiencia comparada demuestra, al contrario de lo que sostiene el oficialismo, que la cárcel o el encierro a edad temprana aumenta la reincidencia, profundiza la estigmatización y rompe trayectorias de vida. “Convertir el conflicto juvenil en una ‘identidad criminal definitiva’ es clausurar el futuro” dice el dictamen firmado por Bregman. “Sabemos que bajo este sistema capitalista, cada vez más degradado, la juventud se lleva la peor parte, porque se les roba el futuro, hasta se les destruye el planeta en el que habitan y proyectan su vida”.
“Sin negar estas cuestiones de fondo, que inspiran nuestra lucha todos los días por transformar la sociedad de raíz, podemos pensar algunas medidas mínimas. Frente a esta regresión, sostenemos una orientación opuesta. Fuera el sistema penal de nuestros niños, niñas y adolescentes: los cuantiosos recursos que hoy se pretenden destinar al encierro son los que deberían dirigirse a la creación de polideportivos, centros culturales y espacios comunitarios en los barrios, que garanticen desarrollo, encuentro y proyectos de vida para las y los jóvenes”, propone el dictamen de rechazo.
Plantea que “así se vuelve urgente fortalecer los equipos profesionales que asisten a las escuelas. Psicólogos, docentes y trabajadores de la educación señalan el crecimiento de consultas vinculadas a intentos de suicidio y autolesiones, depresión, ansiedad, abusos, consumos problemáticos y trastornos en la conducta alimentaria. Cada institución educativa mínimamente debería contar con un Departamento de Orientación integrado por un equipo permanente conformado por profesionales de la psicología, la psicopedagogía y el trabajo social, articulado con otros programas, para acompañar de manera efectiva las trayectorias de las y los estudiantes”.
Finalmente el texto subraya que, “una vez más, queda en evidencia que mientras no se avanza contra el delito organizado ni contra las complicidades que lo sostienen, se votan leyes de blanqueo para que los grandes delincuentes puedan lavar su dinero, se construye como chivo expiatorio a los eslabones más débiles: nuestros pibes y pibas, a quienes no se les garantizan derechos ni medidas de contención social, dejándolos expuestos a las redes del delito que el propio poder dice combatir, o hasta genera”.
E insiste: “la baja de la edad de punibilidad constituye el núcleo más regresivo de este proyecto. No responde a ninguna evidencia empírica ni a una necesidad real, sino a una orientación política que busca ampliar el alcance del castigo sobre quienes menos derechos tienen. Adelantar la intervención penal sobre niñas, niños y adolescentes implica negar su condición de personas en desarrollo, desconocer los estándares fijados por la Convención sobre los Derechos del Niño y reemplazar la obligación estatal de proteger por la decisión de perseguir y encerrar”.
“Lejos de resolver los problemas que atraviesan las juventudes, esta medida profundiza la estigmatización, fortalece la selectividad punitiva y consolida una respuesta simbólica que administra la desigualdad mediante el castigo en lugar de garantizar derechos. Por eso, rechazar la baja de la edad no es solo una posición jurídica, sino una definición política frente a un intento de retroceso histórico en materia de derechos de las infancias y adolescencias”.
La posición del Frente de Izquierda es categórica: “no a la baja de la edad de punibilidad. Este Estado que no puede garantizar los derechos mínimos a la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de este país, quiere meterlos en la lógica de este sistema desde más pequeños. Para los ‘dueños de todas las cosas’, para las clases dominantes y sus políticos títeres, sus vidas no valen nada, pero les sirven como vehículo de un mensaje: incrementar el control social. Por todo ello, corresponde el rechazo integral de este régimen penal juvenil reaccionario y la afirmación de una salida opuesta: retirar al sistema penal del centro de la intervención estatal”.
1. Dictamen Bregman rechazo baja edad punibilidad by La Izquierda Diario
