Una vez más, la plaza 9 de Julio fue escenario de una convocatoria que tejió en su trama no solo el reclamo de los miércoles de los jubilados y las jubiladas, sino también la desesperación, el hartazgo y la voluntad de lucha de amplios sectores que hoy resisten el desguace libertario que encabeza Javier Milei.
Bajo la consigna “Unir las luchas”, confluyeron investigadoras del CONICET, docentes universitarios, trabajadores estatales, actores, actrices y defensores de la cultura popular, agrupaciones feministas, referentes del agro y ciudadanos de a pie. El eje común fue claro: el ajuste pega en todos lados, y nadie se salva solo.
Como cada semana, Isabel Pino, referente de «Jubilados en Lucha», tomó el micrófono. Con voz firme y una pancarta que denuncia los haberes de miseria, inició la jornada en una perspectiva más amplia. “También estuvimos ayer por el Ni Una Menos y hoy estamos acompañados por muchas banderas, muchos carteles, porque la lucha es una sola”, expresó. Aseguró que «no se trata solamente de los pobres viejos cobrando unas jubilaciones miserables» ya que «toda la gente está siendo afectada por esta política voraz, cruel, cada vez más sanguinaria».
Señaló que la sociedad argentina actualmente no es atacada solamente por la cuestión económica, sino también «con discursos de odio que promueven la muerte, el femicidio, la trata de personas. Hay un montón de cosas”, aseguró. En la movilización también estuvieron representantes de los gremios como la CGT, CTA, ATE y el Sindicato de Alimentación.
La manifestación se llevó a cabo pasadas las 18, y sucedía mientras la Cámara de Diputados de la Nación debatía el proyecto de aumento del 7,2% para las jubilaciones mínimas. La iniciativa de la oposición finalmente obtuvo media sanción y fue aprobada tras ocho horas de debate, con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones. Por Salta, votaron a favor Emiliano Estrada (Unión por la Patria), y Pamela Calletti y Yolanda Vega (Innovación Federal). Por la negativa votaron María Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno (La Libertad Avanza). El diputado Pablo Outes (IF) estuvo ausente.
La oposición también logró la aprobación de su proyecto para prorrogar la moratoria previsional. La ganaron por apenas dos votos, ya que se dieron 111 votos positivos, 109 negativos y 15 abstenciones. Los salteños votaron de la siguiente manera: Estrada, a favor; Orozco, Zapata y Moreno, en contra.
Marta Martín, de Jubilados y Pensionados Autoconvocados, reivindicó la persistencia del movimiento. «La punta de lanza fuimos los jubilados autoconvocados que en Buenos Aires estuvimos miércoles a miércoles soportando maltratos. Hoy, acá, estamos organizando una salida». «Esa es la clave”, afirmó. En su intervención, denunció: «nos están matando uno a uno, empezando por los jubilados, siguiendo por la discapacidad, por los enfermos de cáncer, por los del HIV. Siempre hemos sido la carne de cañón», lamentó.
En tanto, Alejandro Garavano, del Ateneo Pueblo, situó la avanzada liberal en un largo recorrido histórico: “Desde el Rodrigazo hasta Milei, pasando por Martínez de Hoz, Menem y el macrismo, es la misma política de dependencia. Nos dicen que son nuevos, pero son viejos como el mundo. La opción siempre ha sido liberación o dependencia. Y hoy más que nunca es clara”.
Universidad, ciencia y tecnología, en alerta
La comunidad científica también marchó. Aranza Zu, investigadora del CONICET, docente de la UNSa y lesbiana, expresó: “Soy todas esas cosas que este gobierno fascista ataca. Les molesta que trabajemos para el pueblo, no para la ganancia. Nos quieren dividir, hacer creer que la jubilada vive de tu sueldo, que el investigador te saca plata. Pero que estemos juntas y juntos, hoy es revolucionario”.
Las cifras acompañan su intervención. Según Economía Política Ciencia, el presupuesto para Ciencia y Tecnología caerá un 24,9% en 2025, representando apenas el 0,153% del PBI —menos de la mitad de lo que establece la ley. En el caso del CONICET, el deterioro acumulado será del 34,7%.
Salta alberga cinco institutos de doble dependencia de la Universidad Nacional de Salta y el CONICET que hoy ven paralizadas sus investigaciones a causa de la desfinanciación que impide la realización de trabajo de campo y la compra de insumos básicos. Se trata del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH), el Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), el Instituto de Investigación en Energía No Convencional (INENCO), el Instituto de Bio y Geociencias (IBIGEO) y el Instituto de Patología Experimental (IPE).
Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa), Diego Maita puso énfasis en los «despidos encubiertos» de más de 30 trabajadores de la universidad: “Bajo el eufemismo de ‘no renovación de contratos’ están despidiendo personas que sostienen desde hace años la universidad pública”, dijo. A pesar de ello, el docente celebró la unidad en la calle y sostuvo que lo visto ayer en la plaza central de la capital salteña «es digno. Así seamos 5 o 5.000, lo que importa es estar”.
En paralelo, el sistema universitario presentó la semana pasada en el Congreso un proyecto de Ley de Financiamiento que busca blindar el funcionamiento de universidades y centros científicos. Plantea llevar el presupuesto al 1,5% del PBI hacia 2031, aunque el escenario actual es completamente opuesto.
Más sectores en la mira
El teatro independiente, sostenido en gran parte por el Instituto Nacional del Teatro, también está bajo amenaza. Un representante del sector expresó que “el decreto 345/25 elimina la autarquía del Instituto, disuelve su consejo federal y lo convierte en una dependencia de la Secretaría de Cultura. Es ilegal, inconstitucional y letal para el teatro popular del país”.
Contó que en algunos pueblos de Salta el teatro independiente es lo único que hay. «Esto no es solo un ataque a los actores, es un ataque a la cultura como derecho. Y lo quieren hacer sin debate, sin Congreso, con un decreto. Lo vamos a judicializar, pero también lo vamos a resistir en las calles”, sostuvo.
Por su parte, Virginia Navamuel, de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), denunció los ataques al INTA. Señaló que desde el momento en que el Presidente dijo que no quería gente del Estado, «supimos que venían por todos». «Hoy quieren destruir al INTA. Es el vaciamiento de un modelo de país”, afirmó.
Navamuel también recordó a los jubilados que encabezan cada marcha: “Ellos deberían estar descansando y, sin embargo, están en la calle. Esa es la motivación que necesitamos”.
Esta semana se mostró con mayor firmeza la decisión de la gestión de Javier Milei de impulsar una profunda reforma sobre el INTA, lo que puso en alerta a distintos sectores, que exigen mantener la autarquía, la gobernanza y la estructura territorial del instituto. Se especula que el gobierno busca anunciar más de 1500 despidos y poner en venta terrenos por miles de hectáreas que hoy pertenecen a este organismo.
