El aumento del 247% del número de empadronados sin domicilio fijo (SDF) en Barcelona entre los años 2019 y 2024, cuando se llegó a 47.000, ha llevado al Ayuntamiento a analizar las causas de tal subida. Entre las conclusiones reflejadas en el informe L’impacte de les prestacions socials sobre les dinàmiques del padró municipal se destaca el incremento de las personas que viven realquiladas en una habitación a las que el casero niega que se empadronen allí, el efecto llamada en el área metropolitana y el temor a perder prestaciones sociales. El déficit de vivienda asequible ha alentado el realquiler de habitaciones en las que se instalan familias enteras. De hecho, las entidades sociales consultadas para la realización de este estudio indican que el principal obstáculo que obliga a sus usuarios a empadronarse SDF es la negativa de sus caseros a que los hagan en sus domicilios, en muchos casos pisos compartidos. Un 20% de sus usuarios deben optar por esta salida.
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El informe constata que no son pocos los ayuntamientos del área metropolitana que ponen trabas a las personas sin hogar o a las que residen en infraviviendas a que se empadronen en sus municipios. Así, del total de ciudadanos empadronados SDF en Barcelona en el 2024, un total de 4.800 procedían de otras ciudades de la provincia; en concreto, 1.117 de L’Hospitalet de Llobregat, 725 de Badalona y 434 de Santa Coloma de Gramenet, los tres principales orígenes. “Es posible que se esté produciendo un efecto llamada con el resto de municipios de la provincia ya que mientras el número de empadronamientos se ha duplicado entre el 2020 y el 2024 el de personas procedentes de la provincia se ha multiplicado por 10 en los municipios seleccionados”, como es el caso de L’Hospitalet, Badalona, Cornellà, Montcada y Sabadell, donde incluso se ha superado este porcentaje, siempre haciendo referencia a los de SDF.
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Además de la precariedad residencial y del efecto llamada de Barcelona, ciudad pionera en facilitar este tipo de padrón, según destacó ayer la comisionada de Drets Socials, Sonia Fuertes, otro elemento que podría influir en esta tendencia es el miedo a perder prestaciones sociales. Fuertes destaca que existen discrepancias importantes entre las diferentes administraciones, e inclusos entre los diferentes departamentos del ayuntamiento, en la definición de la unidad familiar, la económica y la convivencial a la hora de calcular los ingresos para acceder a ayudas. El proceso es complicado y además todo se complica cuando se incluye a personas en situaciones residenciales no convencionales en los registros oficiales creando un desajuste entre la realidad y lo que se refleja en el padrón. La firma Ksnet, responsable del estudio, considera que “esta es una de las principales causas que pueden explicar las dinámicas de empadronamiento”. “Sería recomendable unificar la terminología en la medida que sea posible para reducir la confusión y garantizar una aplicación más coherente y equitativa de las normativas”, destacan las autoras. La tesis de este trabajo es que en un contexto en el que varias personas comparten piso es relevante dejar claro qué se entiende por unidad familiar, económica y convivencial, que todo el mundo utilice los mismos criterios, para evitar que por temor a dejar de ingresar prestaciones haya personas que consideren que su única salida es el padrón SDF.
Otros motivos relevantes que explican este aumento del padrón SDF es el déficit de vivienda asequible lo que empuja al realquiler de habitaciones sin contrato y sin que el casero declare los ingresos, así como los hogares que tienen a un empleado doméstico o dedicado al cuidado de ancianos sin una regularización laboral. En ambas situaciones se niega a los inquilinos y a los trabajadores empadronarse en el domicilio en el que residen y la única salida es la alternativa de SDF.
