El Ayuntamiento de Barcelona sigue desarrollando el plan para incrementar el número de cámaras de videovigilancia en las calles, con el objetivo de reaccionar de forma más rápida ante la criminalidad y mejorar la eficacia en la persecución del delito. Sin embargo, la medida debe conjugar también el derecho de las personas a la intimidad.
El grupo de trabajo que estudia la cuestión –integrado por la Guardia Urbana, la Gerencia del Ayuntamiento y otros técnicos–, ha descartado que las cámaras que se instalarán en la playa enfoquen directamente a la arena. Consideran que la instalación de uno de estos dispositivos apuntando a personas tomando el sol o bañándose en la playa puede resultar una medida demasiado invasiva.
Los dispositivos solo captarán lo que suceda en el paseo Marítim, pero en nunca la arena
Desde el primer momento, los responsables municipales tenían claro que las cámaras que se colocarán en la zona litoral deberían permanecer apagadas durante el día. La exposición de bañistas semidesnudos, haciendo topless o, en algunos casos, completamente desvestidos —como ocurre en la playa nudista de la Mar Bella— suponía una vulneración clara de la intimidad.
No estaba tan claro, sin embargo, que las cámaras no pudieran funcionar de noche. De madrugada no hay bañistas y, a pesar de que en la arena se han cometido algunos hechos delictivos, algunos graves, como una agresión sexual múltiple ocurrida en febrero, se ha priorizado la privacidad por delante de la seguridad. Hubo distintos puntos de vista, pero finalmente también se descartó grabar de noche.
Uno de los argumentos que han pesado más a la hora de tomar la decisión es que, por la noche, en la playa también hay personas que buscan momentos íntimos y que merecen privacidad. Así, las cámaras del litoral que se instalen enfocarán solo el paseo marítimo y nunca alcanzarán la arena. Otro elemento que las autoridades han tenido en cuenta es que la costa barcelonesa no concentra un gran número de delitos. Las fuentes consultadas manifiestan que la cantidad de delitos que se cometen en la playa no es tan exagerada como para restringir el derecho a la intimidad de los usuarios.
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El grupo de trabajo ha tomado la decisión en el marco de la preparación del expediente previo sobre la instalación de las cámaras de videovigilancia. Está integrado por miembros de la Guardia Urbana de Barcelona, de la gerencia municipal, responsables de tecnología, los Mossos d’Esquadra, la Agencia de Protección de Datos, servicios técnicos y juristas que analizan la viabilidad de cada propuesta antes de elevarla a la Comisión de Videovigilancia, que tutela la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso.
Este órgano se encarga de validar que cada dispositivo se ajusta a la normativa. La petición que realiza el Ayuntamiento va acompañada de un detallado informe policial en el que se debe acreditar la necesidad de la presencia de la cámara para mejorar la prevención y la actuación policial. Una vez queda validado el expediente, se deriva a la dirección general de la Administració de Seguretat del Departament d’Interior, para que conceda la autorización.
Las autoridades esperan que las primeras cámaras estén activas a mediados del 2026
La ampliación del sistema de videovigilancia forma parte del plan que puso en marcha el Ayuntamiento de Barcelona para combatir la delincuencia y reducir la percepción de inseguridad. De hecho, esta sigue siendo la segunda preocupación de los barceloneses. En el último barómetro, la inseguridad fue desbancada por la vivienda como la principal inquietud.
El plan incluía incrementar el número de juzgados penales para combatir al delincuente multirreincidente, desplegar más policía en la calle, mejorar la coordinación de la Guardia Urbana dotándola de un sistema de acceso al historial delictivo de los detenidos e incrementar el número de cámaras de videovigilancia en la ciudad. El alcalde, Jaume Collboni, reveló que el objetivo era llegar a instalar 1.000 cámaras más por toda la ciudad. Se comprometió a que, al final de este mandato, que finaliza en el 2027, habría 500 instaladas y el resto se colocarían en caso de revalidar el cargo.
La primera fase del plan de videovigilancia está ya muy avanzada. En las próximas semanas está previsto que se eleven a la comisión de videovigilancia las primeras propuestas y que las primeras cámaras puedan estar operativas a mediados del 2026. Los responsables calculan que, por esas fechas, podría haber 160 cámaras adicionales y operativas. Se instalarán en los distritos de Ciutat Vella y el Eixample, priorizando calles oscuras, zonas que experimenten una alta concentración de delitos y áreas con riesgo de sufrir un atentado terrorista.
Estas nuevas 160 cámaras se sumarán a las 160 que en la actualidad hay en funcionamiento por la ciudad. Las imágenes serán gestionadas por la Guardia Urbana de Barcelona. Los agentes utilizarán estos dispositivos para hacer un seguimiento a distancia de las distintas zonas. Los responsables municipales están convencidos de que la medida tendrá un efecto disuasorio entre los delincuentes, que serán conscientes de que sus fechorías quedarán grabadas y que, en caso de que no los descubran in fraganti, será más fácil identificarlos y asegurar una futura condena.
