La presión del elevado precio de la vivienda es especialmente sensible en Barcelona, donde coinciden todos los ingredientes de un cóctel que perjudica a buena parte de la ciudadanía. Y, por ello, se mira con lupa qué se hace. A la población económicamente vulnerable le resulta muy complicado, por no decir imposible, el acceso a un piso y cada vez más son las familias trabajadoras y de capas medias con serias dificultades. Casos como el reciente de la casa Orsola, de fuerte repercusión social y que se ha resuelto con una controvertida fórmula colaborativa mediante la que el Ayuntamiento y una entidad del tercer sector han comprado el edificio, son la punta de lanza de un problema que va a más: vecinos a los que se les sube el alquiler y se ven obligados a dejar su barrio o incluso la ciudad.
Una respuesta es construir más. El año pasado se iniciaron 1.151 viviendas en la ciudad, un 10,8% menos que en el 2023 en que se comenzaron 1.291. En el 2018 fueron 2.203, 1.931 en el 2019, 1.892 en el 2020, 2.144 en el 2021 y 2.518 en el 2022. La escasez de suelo disponible hace que los datos puedan fluctuar de un año a otro mucho más que en el ámbito metropolitano y el resto de Catalunya. Por otra parte, la aprobación en diciembre del 2018 de la reserva obligatoria del 30% de nuevas viviendas en suelo consolidado para oferta de precio asequible, una medida que ha generado una fuerte discusión y que el gobierno municipal quiere reformar, hizo que en el 2019 y el 2020 las cifras de visados cayeran sensiblemente.
La construcción de vivienda no es la única vía para incidir en un mercado fuertemente tensionado
Aumentar la oferta debería contribuir a moderar el precio. Y esto sirve tanto para la iniciativa privada como para la pública. En cualquier caso, el municipio de Barcelona cuenta con pocas reservas, aunque tienen una capacidad global, según los cálculos del Ayuntamiento, para generar 70.000 viviendas nuevas. Y, de estas, más o menos la mitad en las dos únicas zonas que quedan por desarrollar, la Sagrera y la Marina.
El Ayuntamiento de Barcelona es titular de 9.500 viviendas, pero son más de 12.000 si se suman las promociones delegadas (cooperativas, fundaciones) o en derecho de superficie sobre suelo municipal. Son cifras modestas. Actualmente hay unos 5.000 pisos promovidos por el Ayuntamiento en alguna fase de producción. El gobierno del alcalde Jaume Collboni prevé entregar en el 2025 un millar nuevos, que 1.500 estén en obras a finales de año y acabar el mandato el 2027 con un parque municipal de unas 15.000. Su intención es doblar la actual capacidad de producción y generación de suelo municipal para que se puedan construir 10.000 más. El 2024 se cerró con más de 40.000 personas en la lista de solicitantes de pisos de protección oficial en Barcelona
La Marina, La Sagrera y la antigua Mercedes
En la capital catalana hay pocas reservas de suelo para construir nuevas viviendas. De las 70.000 que se todavía se podrían edificar, la mitad corresponden a la Marina y la Sagrera, dos áreas en la que los desarrollos prevén una fuerte presencia de oferta con precios protegidos, por encima del 30% que rige en la ciudad consolidada. En la primera zona están prácticamente todos los sectores en marcha, algunos acabados y otros en diferentes fases de desarrollo e incluso en obras. En cambio, en el segundo, la situación está mucho más retrasada, aunque hay algunos lugares en los que se ha avanzado (recientemente en el entorno de la futura estación ferroviaria y Colorantes). El Ayuntamiento prevé activar más suelo próximamente ya que la futura gran terminal, motor de la transformación de esta parte de la ciudad, se encuentra en un estado de ejecución avanzado. Muy cerca de la Sagrera, en el Bon Pastor, hay otro proyecto, en este caso de iniciativa privada, pendiente de iniciarse. Se trata de la antigua Mercedes, en la que la propiedad, Conren Tramway, prevé alzar un nuevo ecobarrio con casi nueve hectáreas de superficie y 185.000 metros cuadrados edificables en los que convivirán viviendas, actividad económica, equipamientos y zonas verdes. Incluye 1.400 hogares, el 40% de protección oficial. La lentitud administrativa ha demorado el inicio de las obras, que deberían arrancar pronto.
La compra de viviendas a particulares mediante tanteo y retracto o negociando directamente con el propietario –como se ha hecho con la casa Orsola– es otra vía para hacer crecer este parque municipal.
Pero la capital catalana ensaya otras respuestas que exprimen la actual legislación, aunque Collboni ha pedido cambios para que del mismo modo que el alquiler residencial tiene los precios topados por ser un municipio con el mercado tensionado, también el de temporada, de entre uno y once meses, tenga precios máximos. Las rentas siguen disparadas en gran medida porque la oferta del primer tipo, en las que están topadas, se ha ido pasando al segundo, que son libres.
Para incidir en el mercado de alquiler de temporada el Ayuntamiento también se propone actuar desde las normas urbanísticas. Una fórmula pasa por declarar el uso habitual y permanente de la vivienda como prioritario en el Plan General Metropolitano (PGM), para lo cual deberá modificarse. Entonces, se podrá desarrollar un plan especial para poder regular otras modalidades, que se consideran secundarias.
Lee también
En paralelo, para ampliar la oferta de viviendas, el gobierno municipal ha decidido suprimir todas las licencias de uso turístico en el 2028. Así, unas 10.000 unidades podrían entrar en el mercado residencial.
Finalmente, está la reserva del 30%, antes citada, que el gobierno municipal quiere mantener pero con cambios porque no ha logrado el objetivo de generar más vivienda protegida. Desde que se aprobó en el 2018 con una amplia mayoría en la que estaban comunes, socialistas, ERC y Junts, ha producido 26 pisos asequibles cuando debían de ser unos 2.000, a razón de 330 por año.
