Barcelona
Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el plan municipal del Ayuntamiento aprobado en el anterior mandato que limitaba las zonas donde se podían instalar salones de juegos, de bingo y casinos. Tras esta decisión judicial, el Consistorio ha anunciado que iniciará la redacción de una nueva regulación y suspende temporalmente con “efecto inmediato” el otorgamiento de nuevas licencias de establecimientos de juegos de azar.
Fuentes municipales han explicado que la sentencia del alto tribunal determina que aunque el Ayuntamiento tiene plena legitimidad para regular urbanísticamente las condiciones de implantación de los establecimientos de juego, hace falta que estas regulaciones sean “cuidadosamente justificadas, proporcionadas y respetuosas con los principios de libre mercado y libertad de establecimiento, así como con la normativa sectorial autonómica vigente”.
Las mismas fuentes añaden que e Tribunal Supremo ha anulado los artículos que prohibían establecimientos de juego a menos de 800 metros de centros educativos y a menos de 450 metros de otros espacios sensibles como centros sanitarios o equipamientos para jóvenes.
Nuevo plan especial urbanístico
El Ayuntamiento elaborará a partir de ahora un nuevo plan especial urbanístico e introducirá las enmiendas necesarias que dé “plenas garantías jurídicas a los objetivos de la ciudad para luchar contra la adicción al juego”, con especial atención a los niños y a colectivos vulnerables.
“Necesitamos seguir restringiendo esta actividad en la ciudad, pero mientras tanto no nos podemos permitir tener un vacío normativo y que comiencen a entrar licencias por lo que hemos acordado esta suspensión”, ha asegurado la teniente de alcaldía de urbanismo, Laia Bonet, tras conocerse la sentencia. Bonet ha añadido que el nuevo plan tendrá el mismo objetivo y la misma voluntad: “Proteger la salud de la adicción al juego de jóvenes, menores y personas vulnerables, pero con las garantías jurídicas necesarias”.
La suspensión se ha publicado esta mañana en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) y tiene efecto inmediato, con una vigencia de un año y prorrogable hasta un año más mientras se tramita la aprobación definitiva del nuevo plan.
