Hace poco arrancó la adjudicación de las 17 viviendas públicas de alquiler para jóvenes del número 116 de la calle Hospital del barrio del Raval. Hasta ocho años tardó el Ayuntamiento de Barcelona en rehabilitar un edificio que compró para frenar el desalojo de sus vecinos. Al menos la espera mereció la pena. Hoy por hoy, al inmueble ya no hay quien lo reconozca. Hasta hace poco presentaba un aspecto lamentable.
La compra de este edificio por parte del Ayuntamiento no frenó su degradación durante unos cuantos años
Àlex Garcia
A finales del 2016, una quincena de familias humildes denuncian cacerolada tras cacerolada que la Sareb quiere desahuciarlas. La por aquellas fechas recién estrenada alcaldesa Ada Colau dijo que era un caso de acoso inmobiliario. Meses después, el Ayuntamiento se hizo con la finca para proteger a la gente, frenar la gentrificación, alimentar el parque de vivienda pública. Entonces aquellos golpes de efecto eran habituales. ¿Recuerdan los números 7, 9 y 11 de la calle Lancaster? Colau también mandó adquirir estas también maltrechas fincas junto a la Rambla luego de que una controvertida inmobiliaria las comprara para desalojarlas y revenderlas a quien quisiera montar unos cuantos apartamentos de lujo. Hablamos de edificios con ubicaciones privilegiadas abandonados durante lustros por sus anteriores propietarios, de pisos ocupados, de espacios subarrendados sin cédula de habitabilidad, de camas calientes… En principio, el Consistorio preveyó que la rehabilitación del 116 de Hospital estuviera lista a más tardar en el 2022.
Si el propietario hubiera sido un privado, el Consistorio lo habría sancionado con dureza
“Al menos ahora tenemos puerta en el portal”, lamentaron los vecinos de Hospital dos años después de su rescate. “Solo tardaron dos años en poner una puerta”. En cuanto llovía con intensidad, las aguas fecales corrían por las escaleras. Además, las chinches, los roedores y los largos apagones también eran habituales. “El edificio se nos cae a pedazos, y aunque nos quejamos, el Ayuntamiento no nos hace caso”. “A veces vienen los técnicos municipales y hacen muchas fotos… y luego nada”. Si el propietario de este inmueble hubiera sido un privado, el Consistorio lo habría sancionado con dureza por este aparente abandono de sus responsabilidades. Y es que las obligaciones y garantías que comporta cualquier actuación de la administración pública demoraron esta rehabilitación hasta la exasperación. Las esperadas obras arrancaron hace dos años y medio, luego de que sus inquilinos fueran realojados en otros pisos públicos.
Vecinos del 116 de la calle Hospital celebran en el año 2016 la suspensión de siete desahucios
INMA SAINZ DE BARANDA
Fuentes municipales detallan algunos de los escollos de este proceso. “La complejidad técnica que representa una finca con ese estado de conservación y mantenimiento requiere de un mayor volumen de procedimientos administrativos para trabajar el proceso de licitación, que siempre se alarga más en el tiempo que en una obra de construcción nueva. Y esta finca estaba ocupada; así que se procedió al estudio de sus inquilinos para valorar su regularización y su posterior realojamiento. Además, cabe añadir los meses de pandemia y sus consecuencias en los trámites administrativos”. Luego el Ayuntamiento siguió usando el derecho de tanteo y retracto. Siempre argumentó que así puede ofrecer vivienda pública en barrios que no tiene solares. Pero poco a poco se fue decantando por fincas más sencillas de gestionar.
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Inquilinos con derecho a realojo de los tres edificios de Lancaster recuerdan que las obras de rehabilitación de sus fincas arrancaron en el 2019, dos años después de la compra municipal. “Esperamos que terminen en la primavera del 2027. Es que son unas fincas muy antiguas y se ve que para todo tienen que hacer una licitación”.
