«Si el Poder Ejecutivo llegara a insistir con el veto y quisiera judicializar la cuestión, se trataría de un conflicto de poderes que podría desencadenar un juicio político al Presidente y a quienes lo secunden, empezando por el jefe del Gabinete de ministros», advirtió el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, consultado al aire de Radio Universidad respecto al tratamiento en el Congreso de los recientes vetos a la Emergencia en Discapacidad y a los aumentos a las jubilaciones.
Según el especialista, «en ningún caso puede el Poder Ejecutivo amenazar con no cumplir la Constitución: es una especie de oxímoron, porque tiene deber de obedicencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que es el pilar del Estado de Derecho en Argentina». «Sería un golpe de Estado«, explicó.
«Es una situación extrema y absolutamente irregular que nos retrotrae a los tiempos del Estado terrorista. Quiero pensar que lo que resuelva el Congreso va a ser cumplido por el Poder Ejecutivo sin chistar», deseó Barcesat en diálogo con la emisora universitaria. Y alertó: «Estamos en situación de excepcionalidad institucional y buscamos que la salida sea institucional, no con una violencia generalizada».
De acuerdo al reconocido abogado constitucionalista, «el tema tiene su resolución con los pedidos de juicio político que, por supuesto, no han sido atendidos por Martín Menem, el presidente de Diputados, que es la Cámara en que se inicia el trámite según las alternativas reguladas por la Constitución Nacional». «El juicio político debería estar en marcha y en la instancia del Senado», lamentó.
Judicialización
Si el Congreso rechaza los vetos, el Presidente recurrirá a la Justicia en busca de la venia del restante Poder. «La eventual judicialización no puede dar amparo a legalizar una conducta inconstitucional. Quiero creer que ningún juez daría curso a un reclamo que le diga ´Vamos juntos a violar la Constitución´», enmarcó Barcesat.
«Acá no hay dos bibliotecas: toda la biblioteca se les viene encima a quienes pretenden desobedecer las reglas del Estado de Derecho. Los legisladores deben hacer valer el voto popular que tuvieron para estar en el lugar en el que están para que Argentina empiece a recuperar su sepulto Estado de Derecho«, consideró.
Por último, el letrado recordó que «el Poder Legislativo representa el mapa político del Pueblo argentino, que no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes». «Los representantes deben cumplir con el voto que recibieron en la compulsa electoral y con lo que juraron al asumir», concluyó Barcesat.
