De cierto modo, los ruralistas de la Patagonia fueron a Buenos Aires a una reunión en la sede de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Nación para “cantarle las cuarenta” a los funcionarios que resolvieron levantar las restricciones que impedían el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado. No se sabe el impacto que causaron sus argumentos. Sobre todo, porque desde el área de prensa de la Secretaría, que conduce Sergio Iraeta, adelantaron a +P que no habrá foto ni comunicado de prensa oficial sobre este asunto.
A juzgar por un comunicado emitido por los dirigentes, “las autoridades nacionales nos comunicaron que la barrera sanitaria no se levanta, que la Patagonia no pierde su estatus sanitario de libre de aftosa sin vacunación” y que se han hecho consultas a países de la Unión Europea y a Chile, “y se esperan las respuestas, de las que dependerá la continuidad o no de la suspensión de la aplicación de esta resolución”. Esto significa que, si los países consultados dicen que no hay ningún problema en pasar carne de una zona a otra —aunque tengan distinto estatus sanitario—, “se modificaría la resolución permitiendo solamente el ingreso de la plancha de asado”.
“Sigue todo en stand by”, comentó escuetamente un representante de Río Negro en la mesa de negociaciones. En un documento técnico de siete carillas presentado a las autoridades, los representantes de la ganadería del sur del país manifestaron que el gobierno nacional los trató con “menosprecio”, que les cambiaron las reglas de juego de manera imprevista (luego de tener que adaptar toda su dinámica económica a la barrera que se instaló desde el año 2014), que la aftosa es aún un peligro y que se deben tomar medidas en todo el territorio nacional para lograr los estándares sanitarios internacionales y no ir “en detrimento” del estatus logrado en la Patagonia.
Agregaron que las adaptaciones que implementaron en los últimos años permitieron retener 100.000 terneros al año que —durante mucho tiempo— se fueron al norte del río Colorado porque allí había pasto para terminarlos. Y agregaron que ese ganado que se logró retener generó un negocio —hoy amenazado por una eventual flexibilización— que representa 150 millones de dólares al año para toda la industria cárnica regional.
Una vez finalizada la reunión, los 15 representantes de la Patagonia se dirigieron a la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y emitieron un comunicado en el cual expresaron que “nos vamos con la misma incertidumbre que trajimos, preocupados por nuestro futuro como región productiva, ya que estas medidas afectan el arraigo y el trabajo genuino que contribuyen al ejercicio real de la soberanía en una región que representa nada menos que el 33 % de la superficie total del país”.
De la reunión participaron el secretario Sergio Iraeta, el subsecretario Manuel Chiappe, su jefe de Gabinete Martín Fernández, el presidente del SENASA, Pablo Cortese, y el director nacional de Inocuidad y Calidad del SENASA, Jorge Grant. Dentro del Bloque Rural Patagónico, por Río Negro: Daniel Lavayén, Nora Lavayén, Luis Sacco y Roberto Gutiérrez; por Neuquén: Cecilia de Larminat y Diego García Rambeaud; por Chubut: Juan Goya y Osvaldo Luján; por Santa Cruz: Enrique Jamieson y César Guatti; por Tierra del Fuego: Lucila Apolinaire y Diego Braun; por el partido de Patagones: Juan Carlos Maas y Gastón Scheffel. También estuvo presente Juan Luis Uccelli, por CAFROPAT.
En su defensa técnica, los patagónicos se refirieron a los precios de la carne en el mostrador. Citaron una investigación del INTA denominada “Influencia de la barrera zoofitosanitaria patagónica en los precios de la carne en el Alto Valle”, donde se analizó el período 2017–2023. Ese estudio concluye que “la carne picada común presentó un valor superior del 45 % en el Alto Valle respecto al promedio nacional, la bola de lomo 34 % y la picada especial un 30 %”. Esos cortes nunca tuvieron restricciones y fueron enviados por años por los frigoríficos ubicados al norte, sin que ello implicara un beneficio para los consumidores.
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Después de la reunión con Nación, algunos dirigentes mantuvieron una reunión en las instalaciones de CRA en CABA.
En el documento que dejaron sobre el escritorio de los funcionarios, los ruralistas afirmaron que, en función de estas investigaciones, “nada garantiza que los consumidores de estas provincias se beneficien con medidas de flexibilización sanitaria”.
Y volvieron a apuntar a lo que consideran el lobby de los dueños de los grandes frigoríficos del norte sobre los funcionarios, al advertir que “el beneficio comercial de terceros no debe poner en riesgo el desarrollo agropecuario de una región”.
Propuestas para la barrera sanitaria
Luego de un repaso de todo el contexto internacional sobre el control de la aftosa, incluido un detalle de los últimos brotes en Alemania, Hungría y Eslovaquia detectados “en el transcurso del 2025”, los ganaderos patagónicos propusieron “fortalecer (en todo el país) las medidas sanitarias a nivel de fronteras terrestres, aéreas y marítimas, que probaron ser más eficaces y económicas que el sostenimiento de la vacunación”, para evitar que se tomen medidas “que vayan en detrimento de la región patagónica, que avanzó con el cumplimiento de todas las pautas para establecer un estatus sanitario superior, por el mero motivo de favorecer intereses comerciales de actores específicos de la cadena de comercialización cárnica”.
Por todos estos argumentos, expresaron que “de ninguna manera se debe contemplar la posibilidad de ingresar carne con hueso (ni eventualmente hacienda en pie) desde zonas donde se practica la vacunación contra fiebre aftosa”.
Luego expusieron una serie de argumentos en favor de su posición, como que “los principales países productores de carne, y los más desarrollados (EE. UU., UE, Japón, Canadá, México, Corea, Australia, Nueva Zelanda, etc.), establecieron como estrategia sanitaria y comercial el requisito de ser libre de fiebre aftosa sin vacunación, y ninguno de ellos se encuentra dispuesto a permitir el ingreso de carne con hueso (o hacienda en pie) de zonas —o países— que aún realicen la vacunación”.
También alertaron sobre “eventuales pérdidas de mercados”, porque entienden que “el reconocimiento de libre de fiebre aftosa sin vacunación posiciona a la Patagonia con ventajas competitivas para la comercialización de carnes en el mercado internacional. Si bien, gracias a esta condición, con la carne bovina se han concretado incipientes ventas a Japón y cortes de carne con hueso a Europa, es con la carne ovina donde la eventual pérdida de mercados impactaría con mayor perjuicio”.
En cuanto a lo sanitario, pusieron el foco en que “la mantención de estas campañas (de vacunación) indefinidamente no es compatible con el término de erradicación o eliminación de una infección”, porque ello implicaría “no poder dar por erradicada la enfermedad y, por ende, no poder dar plena garantía de que animales en pie o productos cárnicos no cuenten con el riesgo de transmitir el virus”.
Impacto Social
A partir del año 2014, cuando se instauró de manera definitiva la barrera, por haber logrado la Patagonia el “certificado” internacional de libre de aftosa sin vacunación, todo el sector productivo se adaptó a esa nueva realidad. “Los productores y la industria cárnica, acompañados por el gobierno provincial, realizaron inversiones a los fines de adecuarse a las nuevas condiciones sanitarias y comerciales. Tan es así que se desarrollaron establecimientos de engorde, nuevas pasturas, verdeos y granos, adecuación y ampliación industrial, y mejoras en los canales de distribución. Esto permitió retener en la región los más de 100.000 animales que históricamente se destinaban al norte del río Colorado para que terminen su ciclo productivo».
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La defensa de la barrera sanitaria fue cerrada por parte de los ruralistas de la Patagonia.
Ese nuevo esquema productivo, reconocen los ruralistas, “permitió lograr los máximos niveles de faena históricos en cantidad de animales y lograr un valor agregado de U$S 150.000.000 al año, apropiados principalmente por los pequeños y medianos productores de la diezmada y marginal región patagónica”.
En este punto es que lanzaron su mayor estocada contra la —por ahora— suspendida flexibilización de la barrera para el ingreso de carne con hueso: “El beneficio comercial de terceros no debe poner en riesgo el desarrollo agropecuario de una región, ni los esfuerzos que los actores locales han realizado. Todo emprendedor, de las diversas actividades, realiza inversiones en función de la normativa que se establece en la determinada región”.
De este modo, cuestionaron lo que consideran un cambio inconsulto en las reglas de juego, que tendría como objetivo “favorecer la comercialización de los excedentes de exportación (plancha de asado) de los frigoríficos del norte del río Colorado, quienes serán los que se apropiarán de la renta adicional que se genere”.
