El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, cuya cúpula está sancionada por corrupción por la Unión Europea y Estados Unidos, ha tratado desde los resultados electorales de 2023 de derribar el gobierno que preside Bernardo Arévalo de León, aunque sin éxito hasta el momento, incluida una maniobra del viernes catalogada por el mandatario como otro intento de «golpe de Estado».
A continuación presentamos las claves para entender el nuevo intento de «golpe de Estado» que denuncia Arévalo de León, quien cumplirá en enero próximo su segundo año como mandatario de los cuatro que le corresponden, de acuerdo con la ley guatemalteca.
Victoria electoral y primer intento de derribo
Arévalo de León ganó en agosto de 2023 de manera sorpresiva los comicios con un discurso anticorrupción de la mano del partido Movimiento Semilla, en una elección que, según expertos, fue pavimentada para la victoria de candidatos afines al Ministerio Público y gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Esto fue así, argumentan los analistas, porque el Tribunal Supremo Electoral bloqueó las postulaciones de los empresarios Carlos Pineda y Roberto Arzú, además de la líder indígena Thelma Cabrera, todos con posibilidades de triunfo.
Unos días después de su victoria en las urnas, el 1 de septiembre, Arévalo de León denunció por primera vez los intentos de «golpe de Estado» por parte del Ministerio Público que dirige Consuelo Porras y un grupo de actores «corruptos», en sus palabras, quienes buscaban deslegitimar a su partido y así evitar su investidura en enero de 2024.
Acusación de fraude sin fundamentos
Posteriormente, el Ministerio Público encausó sus intentos por derribar a Arévalo de León con acusaciones de fraude en las elecciones y, por primera vez en la historia de Guatemala, fueron decomisadas cajas con votos tras allanar el Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, pese a sus reiterados intentos, a la fecha la Fiscalía nunca pudo comprobar irregularidades en unos comicios avalados por observadores internacionales y por miles de guatemaltecos que conformaron las juntas electorales.
Una investidura accidentada
El 14 de enero de 2024, Arévalo de León tomó el cargo en una accidentada investidura, de madrugada y con casi 12 horas de retraso, pese a las amenazas de actores políticos vinculados al Ministerio Público que advertían que no habría toma de posesión.
En un hecho sin precedentes, el presidente saliente, Alejandro Giammattei, nunca se presentó a entregar el mando y el embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, relató este año en una entrevista que el apoyo de la comunidad internacional fue trascendental para avanzar con la toma de posesión ese día.
Sin partido político
Al fallar en su nuevo intento de desacreditar la victoria electoral, el Ministerio Público, sobre el que recaen cientos de acusaciones de corrupción desde que tomó posesión Porras en 2018, promovió en 2024 un proceso judicial en contra del Movimiento Semilla por supuestas firmas falsas en la creación del partido en 2018.
Bajo esa misma premisa, la Fiscalía capturó a afiliados del Movimiento Semilla, incluido el abogado Eduardo Masaya, uno de los miembros iniciales de la agrupación política, quien ha relatado que durante su estancia de varios meses en la prisión fue presionado para que aceptara los cargos en su contra y así validar la acusación sobre el partido político.
El nuevo intento de la fiscalía
La última maniobra por parte del Ministerio Público tuvo lugar el pasado viernes cuando el juez penal Fredy Orellana (también sancionado por Estados Unidos) ordenó al Tribunal Supremo Electoral que designara como vacante el puesto de presidente debido a que el partido Movimiento Semilla quedó suspendido, pese a que la ley no le permite dicha atribución.
Es por ello que Arévalo de León envío un mensaje a la nación en cadena nacional el domingo para denunciar un nuevo «golpe de Estado» en su contra por parte de Orellana, a quien catalogó como «sicario» bajo las órdenes de Porras.
De igual manera, pidió auxilio a la población y a la comunidad internacional.
El mismo domingo, la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reafirmó que los comicios que dieron la victoria a Arévalo fueron legítimos e hizo un llamado a respetar ese resultado.
Aunque muchos de sus votantes exigen al presidente que remueva a Porras del cargo, Arévalo se ha rehusado ya que la ley al respecto es ambigua, por lo que todo apunta a que tendrá que convivir con la fiscal general hasta mayo del próximo año y resistir los nuevos y próximos embates del Ministerio Público.
Mientras tanto, el tiempo también se agota para Porras y compañía, ya que una nueva cúpula del Ministerio Público, que será elegida por el presidente de una terna de seis candidatos, significaría enfrentar todas las acusaciones que han acumulado en su contra desde 2018.
JCC
