Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo
La Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj), en Brasil, aprobó el restablecimiento del «bono del Lejano Oeste», un incentivo que permite a los agentes recibir entre el 10 % y el 150 % de su salario en caso de «neutralización criminal«. El Ministerio Público Federal (MPF) envió una carta al gobernador Cláudio Castro declarando la inconstitucionalidad de la propuesta.
El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro prevé bonificaciones cuando los agentes de la policía civil incautan armas de gran calibre o de uso restringido, o neutralizan a delincuentes durante operativos. Ya existe un movimiento clandestino en la Asamblea Legislativa para extender el mismo pago a los agentes de la policía militar.
Por qué el «bono Lejano Oeste» es inconstitucional, según expertos
El Procurador Federal, Julio José Araújo Júnior, titular de la Procuraduría Regional de los Derechos de los Ciudadanos en Río, enumera tres puntos centrales de inconstitucionalidad: vicio de iniciativa (la enmienda no pudo haber sido de autoría del Legislativo); incumplimiento de las decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF) en la ADPF 635 (la ADPF de las Favelas) y violación del derecho fundamental a la seguridad pública.
En 2020, durante la ADPF 635, la Suprema Corte suspendió las regulaciones estatales que excluían la reducción de la letalidad policial como criterio para evaluar a los agentes. Para el Ministerio Público Federal, premiar la «neutralización de criminales» contradice directamente la decisión de esta Corte.
Foto: AFP.
La Fiscalía también señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil en la Masacre de Nova Brasília precisamente por las violaciones cometidas durante operativos policiales en Río, y advierte del riesgo de mayor responsabilidad internacional si se promulga la ley. En 1994, 13 personas fueron asesinadas en un operativo de la Policía Civil y Militar en la comunidad de Complexo do Alemão.
“Al ir en contra de los lineamientos y alentar la letalidad policial, el proyecto de ley adolece de inconstitucionalidad por la violación del derecho fundamental a la seguridad pública”, concluye el fiscal en el documento.
Desde su aprobación en la Asamblea Legislativa Estatal (Alerj) el martes, O GLOBO ha solicitado la declaración del gobernador, quien será responsable de sancionar o vetar el proyecto de ley en un plazo de 15 días. Sin embargo, Castro no ha emitido comentarios. Si decide mantener el texto aprobado en su totalidad, el bono deberá ser regulado por el gobierno estatal para que entre en vigor. En caso de veto, una nueva votación en la Asamblea Legislativa Estatal (Alerj) tendrá la decisión final sobre la medida. La enmienda fue aprobada con 45 votos a favor y 17 en contra.
Los expertos advierten que, en la jerga policial, el término “neutralizar” significa matar, lo que convierte la bonificación en un incentivo directo para la letalidad.
La perspectiva de la Corte Suprema
Hay un punto muy importante que la Corte Suprema también destacó: no se combate la delincuencia cometiendo delitos. Esto pone en riesgo la seguridad de la población, especialmente de los más vulnerables a la violencia policial, como los pobres que viven en las favelas, señala Daniel Sarmento, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ).
Marcus Neves, policía retirado y posdoctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Coimbra, no cree, sin embargo, que el «bono del Lejano Oeste» represente un atentado contra la seguridad pública.
«El bono no pretende incentivar a los policías a matar. Su intención es recompensar a los agentes que, en el ejercicio de su servicio público, arriesgan su vida para combatir la delincuencia. Ahora bien, si hay policías que matan con la intención de recibir una bonificación, están cometiendo un delito contra la vida, serán expulsados de la fuerza y condenados por homicidio. No es por eso que criminalizamos a toda una clase. Agentes como esos son un caso aparte. Por regla general, cuando un policía participa en una operación, no lo hace con la intención de matar. Esta idea es errónea. Van a hacer cumplir la ley y, eventualmente, puede haber muertes. En 20 años como policía, he liderado varias operaciones con muertes, y en ninguna de ellas he visto a un policía matar por matar, observa», expresó.
André Coelho/EFE
Lessa realizó un «acto de valentía»
El «bono del Lejano Oeste» existió en la década de 1990, durante el gobierno de Marcello Alencar, pero fue derogado en 1998 debido a la presión de la sociedad civil, tras las acusaciones de que incentivaba las ejecuciones sumarias. Años después, algunos policías lograron recuperar el beneficio vinculado a su salario en los tribunales. Uno de ellos fue el expolicía militar Ronnie Lessa, como reveló el periodista de GLOBO, Rafael Soares, en el libro «Milicianos». El asesino de la concejala Mariele Franco y del conductor Anderson Gomes fue ascendido a sargento en 1998 por un «acto de valentía» y recibió un aumento salarial del 40% en dos ascensos en un plazo de tres meses, con base en el decreto del «bono del Lejano Oeste».
Un estudio realizado por el profesor de la UERJ Ignácio Cano, entonces miembro del Laboratorio de Análisis de la Violencia, respaldó la ley que derogó la bonificación. El estudio demostró que esta condujo a un aumento de la letalidad policial.
«Los agentes usaron el término ‘neutralizar’ porque no se atreven a decir ‘matar’. Es un retroceso a la barbarie, que también aumentará el riesgo para los policías», afirma el profesor, añadiendo que aumentará el riesgo de balas perdidas.
Felipe Grinberg, Geraldo Ribeiro y Madson Gama, O Globo/GDA
