CNN —
El informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2024 incluye críticas hacia países con cuyos gobiernos el presidente Donald Trump mantiene tensiones y, en contraste, omite señalar problemas denunciados por algunos ciudadanos y organizaciones civiles en países con gobiernos aliados.
Sobre Brasil, el informe publicado este martes dice que la situación de los derechos humanos en el país empeoró y que existen restricciones “desproporcionadas” a la libertad de expresión, así como lo que considera afectaciones a partidarios del expresidente Jair Bolsonaro.
En tanto en los capítulos reservados para El Salvador y Ecuador, destaca las acciones de ambos gobiernos en materia de seguridad pública, a pesar de algunos señalamientos sobre que dichas medidas han dado pie a posibles abusos.
El capítulo sobre Brasil dice que la situación de los derechos humanos en el país “se deterioró” durante 2024, algo que atribuye, entre otras razones, a límites impuestos por jueces a la libertad de expresión y el uso de algunas plataformas digitales.
“Las cortes tomaron una acción amplia y desproporcionada para socavar la libertad de expresión y de internet al bloquear el acceso de millones de usuarios a la información en una plataforma de redes sociales, en respuesta a un caso de acoso”, dice el informe.
“El Gobierno minó el debate democrático al restringir el acceso a contenido en línea considerado ‘contrario a la democracia’, suprimiendo desproporcionadamente el discurso de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro así como de periodistas y políticos electos, con frecuencia mediante procedimientos secretos que carecieron de garantías de debido proceso”, agrega.
El señalamiento se refiere a la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) de bloquear temporalmente la plataforma X en el país, después de considerar que la empresa incumplió con las leyes brasileñas.
La resolución se produjo luego de que X, propiedad del empresario Elon Musk, se negara a nombrar un representante legal en Brasil y, antes, el STF ordenara bloquear las cuentas de algunos partidarios de Bolsonaro acusados de socavar la democracia. Musk criticó entonces las decisiones del STF, que estuvieron a cargo del juez Alejandre De Moraes.
Ahora, los nuevos señalamientos del Departamento de Estado se producen en un contexto de tensiones entre Trump y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Trump dice que Bolsonaro, un aliado suyo, es blanco de una supuesta persecución política tras ser acusado de un intento de golpe de Estado en enero de 2023. Bolsonaro rechaza los cargos en su contra, mientras Lula da Silva dice que Bolsonaro no debe interferir en los asuntos de Brasil y ha expresado respaldo tanto al STF en conjunto como a De Moraes en lo individual, después de que Estados Unidos decidiera sancionar al juzgador con restricciones de visas para él y su círculo cercano.
CNN contactó a la Presidencia, a la Cancillería y al STF de Brasil para pedir comentarios sobre el informe del Departamento de Estado y espera respuesta.
El capítulo del informe sobre El Salvador dice que “no hubo cambios significativos” en la situación de los derechos humanos en el país durante 2024.
También señala que la violencia relacionada con grupos delictivos “se mantuvo en niveles básicos históricos bajo el régimen de excepción en la medida que los arrestos masivos suprimieron la actividad de las pandillas” y que “no hubo reportes creíbles de abusos significativos hacia los derechos humanos”.
Las afirmaciones, sin embargo, contrastan con las observaciones de algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos sobre el Gobierno del presidente Nayib Bukele, aliado de Trump.
En enero, Human Rights Watch señaló que, si bien la violencia criminal ha disminuido en El Salvador, esto ha tenido un alto costo en materia de derechos humanos. Human Rights Watch dijo entonces que el régimen de excepción impulsado por Bukele, vigente desde marzo de 2022, ha implicado la suspensión de algunas garantías y fomentado abusos como detenciones arbitrarias.
Bukele rechaza que esto sea así, como también ha rechazado que existan irregularidades en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en la que su Gobierno aceptó recibir a 252 inmigrantes venezolanos que Estados Unidos deportó con el argumento de que eran criminales peligrosos. El grupo permaneció en el Cecot hasta el 18 de julio, cuando Estados Unidos y Venezuela concretaron un intercambio de prisioneros en el que 10 estadounidenses detenidos en territorio venezolano quedaron en libertad.
En su momento, Trump agradeció a Bukele por recibir migrantes indocumentados en el Cecot.
Por otra parte, en julio de este año la organización de derechos humanos Cristosal suspendió sus actividades en El Salvador por lo que consideró hostigamiento y represión del Gobierno hacia los defensores de derechos humanos. Cristosal hizo el anuncio tras la detención de la abogada y activista Ruth López.
Por último, el capítulo sobre Ecuador recuerda que en 2024 el presidente Daniel Noboa emitió decretos para declarar estado de excepción y la existencia de un conflicto armado interno en el país, debido a la violencia generada por grupos delictivos.
El informe del Departamento de Estado reconoce que desde entonces algunos reportes sobre abusos como ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias, pero afirma que “el Gobierno tomó pasos creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos a los derechos humanos”.
CNN contactó a la Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador para pedir comentarios sobre estos presuntos abusos y espera respuesta.
Noboa, quien el 24 de mayo inició su segundo período presidencial, ha expresado su simpatía por Trump e impulsa una reforma constitucional para permitir que en Ecuador se instalen bases militares extranjeras. En junio, Noboa dijo a CNN que dichas bases podrían ser de Estados Unidos o de países de la Unión Europea con la finalidad de reforzar el combate a la delincuencia.
CNN consultó al Departamento de Estado sobre los capítulos dedicados a El Salvador y Ecuador en el informe publicado este martes.
El Departamento respondió que el documento reúne observaciones correspondientes a 198 países y territorios. Agregó que en 2024 se reestructuró “para mejorar su utilidad y accesibilidad, y para ser más responsivo al mandato legislativo de las prácticas en derechos humanos”.
“Esta reestructuración no refleja un cambio en la política de Estados Unidos para promover el respeto a los derechos humanos alrededor del mundo o en cualquier país en particular”, dijo, y concluyó que el informe “no rankea a los países para compararlos uno o con otro”.
