«Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes», dijo la ministra de Seguridad de la Nación.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, denunció por “prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento” a la jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, quien había ordenado liberar a un centenar de detenidos durante los incidentes y la represión del miércoles en los alrededores del Congreso durante la marcha de jubilados.
“Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes”, acusó Patricia Bullrich.
La ministra dijo que lo de Andrade fue “complicidad”: “Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones. Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes. La denunciamos por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás”.
El ministerio nacional denunció que la jueza liberó a los detenidos “sin haber siquiera accedido a las actuaciones, sin haber controlado la prueba y sin haber verificado la existencia de antecedentes penales de los detenidos”.
La semana pasada, la jueza había defendido su accionar. “Las detenciones no cumplían con lo básico de información a un juez”, expuso y dijo que “no había un control de las detenciones”. Además, aseguró: “No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse”.
“En el momento del control de la detención, lo que importa es el pedido de captura. Yo no estaba siendo informada de nada”, dijo la magistrada en Urbana Play. “Mi función era el control de legalidad, que se respeten los derechos constitucionales”, aclaró y sumó: “Esto merecía una respuesta rápida con los elementos que tenía, y no se cumplían los requisitos básicos de información al juez”.
En el escrito había planteado: “Respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”. “Ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”, aclaró. Los arrestados no fueron sobreseídos y la investigación continúa.
“A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde sería alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, agregó.
La magistrada la semana pasada había recibido críticas del ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia: “La jueza Karina Andrade ordenó la libertad de los 94 detenidos por la Policía de la Ciudad sin respetar el plazo de 48 horas que POR LEY tienen los fiscales para poder tomarles declaración y pedir la prisión preventiva, si corresponde, o aplicar la Ley de Reiterancia. Su resolución fue inaceptablemente apresurada y absolutamente contraria al principio acusatorio que rige en nuestro Código Procesal Penal. Esperamos enfáticamente que los fiscales continúen adelante con su labor para que los violentos sean castigados.Tenemos que erradicar la puerta giratoria de una vez y para siempre. Esta liberación de los detenidos por parte de la jueza Andrade no debería implicar de ninguna manera impunidad para quienes lastimaron a personas y causaron destrozos ayer”.
