Contrato por vivienda. Foto: Canva.
Redacción El País
La Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) manifestó su preocupación por la demora en la reglamentación de la ley del Operador Inmobiliario, aprobada tras un extenso proceso parlamentario y que busca ordenar la actividad del sector, reducir el informalismo y las estafas y mejorar los controles en materia de lavado de activos.
El vicepresidente de la CIU, Matías Medina, señaló que la ley “es buena y fue trabajada con todos los partidos políticos”, pero advirtió que se necesita la reglamentación “de forma inmediata”. Según explicó, la cámara ya envió al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) un proyecto de reglamentación elaborado junto al equipo técnico de la Comisión Interinstitucional y abogados de la institución, ofreciendo su colaboración para avanzar en la redacción final.
“Nos parece conveniente aportar nuestra experiencia y la de la Comisión Interinstitucional, que nuclea a muchos organismos del sector, como base o punto de partida para que el Poder Ejecutivo la tome en consideración”, sostuvo Medina.
“Tuvimos una reunión con el equipo del Ministerio, pero no hemos tenido devolución. Solicitamos nuevos encuentros y pedimos que se acelere el proceso”, agregó.
Ignacio Sanchez/Archivo El Pais
Actualmente, el registro de operadores inmobiliarios, que debería funcionar bajo la órbita del MEC, aún no fue conformado, lo que genera un vacío operativo. “La ley está vigente, pero al no existir la nómina de agentes habilitados, no se puede aplicar”, explicó Medina. Esto impide, por ejemplo, que los portales digitales exijan un número de matrícula a las inmobiliarias que publican propiedades.
“Hasta que no se reglamente la ley, no les pueden pedir un número porque el registro no está creado”, advirtió. Vale destacar que la CIU representa a más de 800 empresas en todo el país.
Medina sostuvo que esta situación favorece el avance del informalismo y deja desprotegidos tanto a los operadores formales como a los consumidores, que muchas veces son víctimas de estafas. “Tenemos reclamos de inmobiliarias socias que cumplen con todas las obligaciones y enfrentan una competencia desleal de personas que operan sin control. También los propios clientes se ven engañados creyendo que están contratando a una inmobiliaria formal cuando no es así”, indicó Medina.
A su vez, subrayó que el vacío regulatorio también impacta en la prevención de lavado de activos, un aspecto en el que la CIU trabaja junto a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). “Un registro oficial sería una herramienta fundamental para fortalecer los controles”, dijo.
Consultado sobre la cantidad de denuncias por estafas en el sector, Medina comentó que no existen datos precisos. “A veces las intendencias o la policía nos dan números, pero luego no se confirman. Muchas de las estafas ocurren por plataformas como Marketplace, donde los montos individuales son bajos, pero si se suman todos los casos, las pérdidas son muy importantes”, reconoció.
“La gente pierde $ 10.000, $ 20.000 o $ 30.000 y no hace la denuncia, pero el estafador puede haber engañado a 20 o 30 personas en un día y desaparecer con cientos de miles de pesos”, agregó.
Con el comienzo de la temporada de verano a la vuelta de la esquina, la CIU alerta que los riesgos se profundizan. “Si la reglamentación no se aprueba pronto, los mismos problemas de informalismo y estafas se van a repetir. Es urgente contar con el registro funcionando antes del verano”, concluyó Medina.
