Mediante un comunicado, la organización ancestral manifestó su profunda preocupación por la decisión del alza de 29 mil 150 quetzales (casi tres mil 800 dólares) a 46 mil 700 (sobre los seis mil dólares), lo cual consideró inoportuno e injusto.
Especialmente –señaló- en el contexto económico y social que enfrenta el país actualmente, por lo cual se opuso completamente al alza por diversas razones.
Incluyó entre ellas que el incremento es desproporcionado en comparación con los ingresos de la mayoría de los ciudadanos que a diario luchan para llevar el sustento a sus hogares.
Estimó que esa subida debería destinarse a diversas áreas que son realmente prioridad como la salud, educación, infraestructura y el apoyo a los grupos más vulnerables de la población.
Negó que sea propicio llenar más el bolsillo de funcionarios públicos que lo que menos hacen es velar por el bienestar de los guatemaltecos.
“Es una situación muy cuestionable que los propios diputados, junto a otras instancias, decidan su propio sueldo y remuneración económica recibida”, reflexionó en el texto.
Ello genera un claro conflicto de interés, cuando debería ser el pueblo quien decida el salario justo que todo funcionario público reciba, argumentó el grupo de autoridades indígenas.
Recordó que rechazó esa decisión absurda desde diciembre pasado, exigió la cancelación de la medida y aseguró que no permitirán que las acciones de los diputados una vez más atenten contra los guatemaltecos dignos y honorables.
Hace dos días los 48 Cantones expresaron preocupación y rechazo por la constante alza de los precios en la canasta básica y otros servicios.
Los indígenas de Totonicapán emergieron durante octubre de 2023 como líderes de bloqueos en vías de Guatemala y mantuvieron por más de 100 días consecutivos una protesta frente al Ministerio Público.
El llamado Levantamiento de los bastones se enfocó en defensa de los resultados electorales que llevaron a Bernardo Arévalo a la presidencia de la nación y en exigir la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras.
El tema del aumento del salario de los diputados provoca amplio debate en este territorio centroamericano y, entre tanto, la víspera la Alianza por un Congreso Eficiente instó a reconsiderarlo.
Respecto a tal subida, y el argumento utilizado para otorgarlo, puntualizó que las calidades requeridas para ser legislador no son equiparables a las de un magistrado.
La Corte Constitucional otorgó este jueves un plazo de 24 horas al Congreso para que brinde un informe de la decisión, a partir de un amparo que llamó ilegal el incremento salarial.
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