Los representantes de los pueblos originarios, quienes defendieron la llegada al poder de Bernardo Arévalo, llevaron otras exigencias al Ejecutivo y Legislativo, como la cancelación definitiva de la obligatoriedad del seguro vehicular.
La vicepresidenta de la Junta Directiva de los 48 Cantones, Leticia Zapeta, expresó su inquietud por la ingobernabilidad y las pérdidas económicas ocasionadas por decisiones erróneas de la actual administración.
“También nos preocupan ciertas decisiones arbitrarias del sector justicia y del Congreso”, señaló desde la céntrica Plaza de la Constitución, ante el Palacio Nacional de la Cultura, sede gubernamental.
Debido a la derogación la semana pasada de los acuerdos que pretendían implementar el seguro obligatorio para vehículos, reclamaron la destitución de asesores y funcionarios de la presidencia, a quienes responsabilizaron por aumentar el descontento ciudadano.
En relación con la subida del salario de los parlamentarios de 29 mil 150 quetzales (casi tres mil 800 dólares) a 51 mil 939 (cerca de siete mil dólares), aprobada en noviembre pasado y efectiva desde febrero último, solicitaron que devuelvan el dinero.
“Que no sea solo un discurso populista. Debe haber coherencia con el compromiso de campaña, donde se manifestó que en este gobierno se rebajarían los salarios”, recordó Zapeta.
Los 48 Cantones, también junto a autoridades de los pueblos mayas Ixil, Kaqchikel, Mam y Tz’utujil, caminaron luego hasta el Congreso, en el cual querían reunirse con su directiva.
Después de la imposibilidad de concretar el encuentro, manifestaron su molestia, pues “lo único que queremos es que se nos atienda”, remarcaron.
“El viernes (28 de marzo), si no hay respuesta de parte del Congreso, vamos a tomar medidas drásticas”, anunció el presidente de la organización ancestral, Juan Ajpacajá.
No nos van a dejar callados. No nos vamos a dejar seguir burlando. Vamos a seguir en pie de lucha, enfatizó.
Los 48 Cantones se reunieron el sábado anterior para definir el pliego de peticiones, entre las cuales decidieron asimismo rechazar la sustitución del Número de Identificación Tributaria por el Código Único de Identificación y reprobar las condiciones de las carreteras a nivel nacional.
Esa organización indígena emergió durante octubre de 2023 como líder de bloqueos en vías de Guatemala y mantuvo por más de 100 días una protesta frente al Ministerio Público.
El llamado Levantamiento de los bastones se enfocó hasta enero del año siguiente en la defensa de los resultados electorales y en exigir la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras.
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