Con miras a la COP30, Cáritas América Latina y el Caribe dio a conocer un documento sobre su posición oficial de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se realizará en Belém do Pará, Brasil, desde el 10 de noviembre de 2025. El texto subraya la necesidad inmediata de enfrentar la crisis climática desde la perspectiva de la justicia social y ambiental, con especial cuidado por la dignidad humana y la preservación de la vida.
El organismo eclesial advierte sobre un modelo económico mundial que prioriza el descarte, el crecimiento sin límites y la explotación de los recursos, que amplifica la injusticia social y deteriora el equilibrio ecológico. Cáritas insta a los gobiernos a adoptar políticas que impulsen la transición energética justa, reconozcan los derechos de los pueblos originarios y permitan la inclusión plena de las comunidades en la gobernanza local y nacional.
Prioridades para América Latina y el Caribe
La región enfrenta fenómenos climáticos que impactan su biodiversidad y economía local, afectando de esa forma a sectores como agricultura, pesca y turismo, con consecuencias graves sobre la alimentación, la infraestructura básica y provocando desplazamientos forzados. La organización advierte que los efectos del cambio climático siguen afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más desfavorecidas, y que las respuestas deben integrar justicia social y ambiental de manera conjunta.
El documento sugiere tres líneas clave de acción: pérdidas y daños, adaptación y financiamiento climático. Respecto a las pérdidas y daños, exige de los Estados la implementación de mecanismos de reparación accesibles, valorando impactos no solo económicos, sino además culturales y sociales. Sobre la estrategia de adaptación, se pretende fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades, basados en infraestructuras adecuadas, alertas tempranas, liderazgo local y reconociendo saberes ancestrales.
Financiamiento climático justo y solidario
Cáritas señala la falta de recursos adecuados para hacer frente a las necesidades del financiamiento climático. Aunque en la COP29 se estableció una meta colectiva de 300 mil millones de dólares por año hasta 2035, los recursos comprometidos siguen siendo insuficientes para dar respuesta a la magnitud de los impactos que enfrentan los países más expuestos.
La organización se plantea la necesidad de un financiamiento equitativo, inclusivo y no condicionado, que se canalicen como subvenciones, respeten la soberanía y aseguren la participación y fiscalización ciudadana. Del mismo modo, aboga por la cancelación de deudas injustas y soluciones innovadoras que reconozcan la deuda ecológica histórica.
Compromiso de incidencia y acompañamiento
Fiel a su misión, Cáritas América Latina y el Caribe asume el compromiso de seguir promoviendo espacios de diálogo y participación, así como el acompañamiento a los procesos locales para que las decisiones globales del Acuerdo de París se traduzcan en acciones concretas y transformadoras. Cáritas cierra su pronunciamiento con un llamado urgente a los gobiernos: ejercer liderazgo, cumplir los acuerdos y asegurar justicia y sostenibilidad para las próximas generaciones.
El llamado final de Cáritas es claro: los gobiernos deben asumir liderazgo, cumplir compromisos climáticos ambiciosos y garantizar la protección de las comunidades más vulnerables, impulsando un futuro justo y sostenible para las generaciones presentes y futuras.
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