Casación confirmó la condena a Guillermo Moreno por manipulación de datos del INDEC: prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por la manipulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre 2006 y 2007, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia ratifica tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por los delitos de abuso de autoridad y destrucción e inutilización de registros públicos.
La resolución fue adoptada por la Sala II del máximo tribunal penal del país, con el voto mayoritario de las juezas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, mientras que el juez Alejandro Slokar votó en disidencia. La decisión confirma lo dictado en septiembre de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, con la acusación del fiscal Diego Luciani.
Moreno, actual líder del partido “Principios y Valores” y ex candidato presidencial en 2023, fue encontrado penalmente responsable por intervenir en el funcionamiento interno del INDEC, a pesar de que el organismo no se encontraba bajo su órbita directa. El objetivo, según el fallo, era modificar el modo de cálculo del IPC para cumplir un mandato del entonces presidente Néstor Kirchner: mantener la inflación por debajo del 10% anual en 2006.
Junto a Moreno también fue condenada Beatriz Paglieri, exdirectora del área de Precios del INDEC, a la misma pena de prisión condicional e inhabilitación. En tanto, las ex empleadas del organismo Marcela Filia y Celeste Cámpora Avellaneda resultaron absueltas.
Durante el juicio oral, la fiscalía había solicitado una pena más severa para Moreno: cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación, por considerar que incurrió además en violación de secretos y falsedad ideológica. En su alegato, el fiscal Luciani destacó la presión que Moreno ejercía sobre técnicos del INDEC para identificar informantes y modificar datos, especialmente en el relevamiento de precios. Muchos de esos técnicos se alejaron del organismo mediante licencias, y la presión se dirigía especialmente hacia las trabajadoras mujeres, según consta en los fundamentos.
La jueza Ledesma afirmó que la sentencia se basó en pruebas “elocuentes” y destacó que Moreno actuaba con un marcado interés particular en alterar el funcionamiento de un organismo que no dependía jerárquicamente de él. Además, enfatizó que no hubo falta de análisis contextual ni arbitrariedad en la sentencia original.
Por el contrario, en su disidencia, el juez Slokar consideró que el fallo debía ser anulado debido a la falta de pronunciamiento sobre la posible prescripción de la acción penal, planteada expresamente por la defensa. Según el magistrado, dicha omisión vulneró el debido proceso y los derechos de defensa y acceso al recurso.
De confirmarse la condena en la Corte Suprema, última instancia pendiente, Moreno quedaría formalmente inhabilitado para ejercer cargos públicos, truncando sus aspiraciones políticas. La sentencia representa un precedente relevante sobre la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en el manejo de estadísticas oficiales, fundamentales para la transparencia institucional.
