EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
“Parece que el diablo está planchando”, suelen decir en mi ciudad natal, ubicada en pleno desierto, cuando el calor se vuelve insoportable. Al rebasar los 35 grados en Chihuahua, probablemente el primer impulso sea encender el aire acondicionado, prender el abanico o el ventilador, o al menos abrir una ventana. Pero imagina que ninguna de estas opciones existe: estás atrapado en una casa convertida en horno, sin aire frío ni posibilidad alguna de escapar del calor. Esta es la realidad cotidiana de millones de personas en América Latina, una región que presume haber alcanzado el 97% de cobertura eléctrica, pero donde tener electricidad no siempre significa disfrutar de bienestar.
Como han señalado científicas y científicos latinoamericanos, la pobreza energética no se acaba con el acceso a la energía (electricidad y gas); las personas requieren acceder a servicios energéticos adecuados para satisfacer sus necesidades.
Una de estas necesidades es el confort térmico frente a temperaturas extremas. En la sierra del norte de México, durante los inviernos helados, cada año decenas de familias mueren dormidas en sus casas por inhalar monóxido de carbono emitido por calentadores de gas. La falta de opciones seguras y la pobreza energética obligan a muchos hogares a utilizar estos calentadores para protegerse del frío, a pesar de sus riesgos.
Por otra parte, ante el calor extremo, la falta de acceso a sistemas de refrigeración también se convierte en un asunto de vida o muerte. En 2024, la temperatura promedio global aumentó 1,46 °C respecto a los niveles preindustriales (1850-1900) y, en algunas áreas específicas, superó los cuatro grados. Este mes, el servicio meteorológico de Chile emitió una alerta por una inusual ola de calor, con temperaturas de hasta 36°C en varias regiones del país. Con el cambio climático, las olas de calor son cada vez más intensas y prolongadas, y la mayoría de los hogares y ciudades latinoamericanas no están preparadas para enfrentarlas.
Más de 185 millones de personas en Latinoamérica están en una situación de riesgo medio o alto al no contar con sistemas de refrigeración adecuados para garantizar el confort térmico, conservar alimentos, productos agrícolas y medicamentos, en medio de condiciones climáticas cada vez más extremas.
La falta de acceso a electrodomésticos eficientes y a precios accesibles agrava esta desigualdad. Ante la imposibilidad de pagar al contado, muchas familias deben recurrir a créditos con altísimas y abusivas tasas de interés, que oscilan entre el 25% y el 65%. Por ejemplo, en la tienda Elektra de México, que cuenta con más de 20 millones de clientes, un aire acondicionado no eficiente cuesta 7.799 pesos (360 euros) al contado. Sin embargo, con un financiamiento a un año, las personas terminan pagando 12.342, es decir, un 63,19% más.
La necesidad de estos electrodomésticos críticos perpetúa ciclos de endeudamiento y exclusión, principalmente para las mujeres, ya que el trabajo doméstico sigue recayendo sobre ellas. En promedio, trabajan tres veces más que los hombres, unas 20 horas a la semana en tareas domésticas como la crianza, el cuidado de personas enfermas, la limpieza, la preparación de alimentos y el mantenimiento del hogar. Todo esto requiere servicios energéticos —como refrigeradores, estufas, lavadoras, sistemas de calefacción o refrigeración— que han sido históricamente ignorados y subfinanciados.
Aun cuando las familias logran acceder a electrodomésticos críticos como sistemas de refrigeración, deben destinar una cantidad significativa de sus ingresos al pago de electricidad. En Uruguay, las personas en los quintiles de menores ingresos destinan 19% de gasto a energía. Muchas familias -especialmente aquellas encabezadas por mujeres, que representan una de cada tres en la región- se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por tener ingresos más bajos.
Si la política energética sigue enfocándose en el espacio público y en las necesidades de los hombres, sin voltear la mirada hacia los hogares, ni promover esquemas de financiamiento e inversiones que faciliten su acceso a servicios de electricidad, entonces, las mujeres, el resto de la población y el planeta terminarán perdiendo.
Las personas seguirán comprando electrodomésticos poco eficientes porque son más accesibles que los productos de alta eficiencia energética, con lo que la demanda de electricidad aumentará. Las tasas de interés abusivas a las que se enfrentan para comprar estos productos, sumados a los costos de la electricidad, continuarán sumiéndolas en un círculo vicioso de pobreza.
Y a pesar de todo esto, las políticas energéticas continúan ignorando estas realidades cotidianas. Un indicador sobre energía y género del Banco Mundial mide los subsidios eléctricos para hogares encabezados por mujeres; sin embargo, permanece vacío para prácticamente todos los países de Latinoamérica. Impulsar el acceso a electrodomésticos eficientes a un precio razonable es un asunto de interés público porque la carencia de estos pone en riesgo a millones de personas. Debemos poner a las mujeres y su trabajo en los hogares que sigue invisibilizado, al centro de las iniciativas del cambio climático.
Para lograrlo, se requieren políticas gubernamentales claras: adoptar estándares regionales obligatorios de eficiencia energética; promover incentivos económicos para la adquisición de electrodomésticos eficientes, regular las tasas de interés abusivas para su compra y adoptar subsidios específicos dirigidos a hogares encabezados por mujeres, quienes enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad energética.
Si en la región seguimos celebrando la cobertura eléctrica mientras ignoramos para qué y para quién sirve esa electricidad, seguiremos atrapados en una paradoja. ¿De qué sirve tener acceso a la electricidad si no garantiza la vida y el bienestar de quienes más la necesitan?
