A fines de 2017, con discreción y reserva, la justicia federal inició una causa judicial para determinar si el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ocupaba un rol preponderante en una banda dedicada presuntamente al narcotráfico.
El caso se inició mediante el impulso penal de un dictamen firmado por el titular de la Procuración Contra la Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; y por su colega subrogante de la fiscalía de Campana, Manuel Matilla.
El juez que terminó investigando esta trama fue el titular del juzgado federal de Campana, Adrián González Charvay.
La causa tenía sustento probatorio.
Clarín accedió al detalle de esta historia gracias al relato de fuentes memoriosas de la política de Santiago del Estero, y a la lectura del primer expediente que se tramitó sobre esta cuestión que hoy quedó reactualizada, aunque con otra espesura.
La PROCUNAR y el fiscal de Campana recibieron en aquel momento la declaración de dos testigos que aceptaron contar lo que sabían sobre el posible negocio de narcotráfico que existía en Santiago del Estero a cambio de que sus nombres no trascendieran.
Según uno de esos testigos, cuya declaración figura en la causa judicial, Toviggino era el presunto “cabecilla” que “lidera una organización” que usurpaba campos a sus dueños originales en Santiago del Estero.
El relato de los dos primeros testigos en el expediente coincidía.
Las declaraciones apuntaban al mismo delito y el mismo lugar: todo ocurría en una finca ubicada en el paraje “Ahí Veremos”, en el departamento de Alberdi, Santiago del Estero. Allí, según esos dos testimonios, Toviggino y otros “socios” usaban un sector de ese campo, conocido como “Picada YPF”, como “pista clandestina” de aviones que supuestamente transportaban cocaína.
La Justicia no se detuvo solo en esas dos declaraciones ya de por sí explosivas, aunque los nombres de sus autores quedaron «bajo reserva».
También se solicitaron diversas medidas de prueba.
Todas alimentaron con más información los relatos que dieron origen a esta causa caliente, de la que el tesorero de la AFA nunca habló en público.
Para intentar confirmar lo que habían dicho los dos testigos originales, la Justicia le ordenó a la Unidad Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmería Nacional que se encargue de chequear la información sobre la posible organización de narcotráfico. La Gendarmería actuó desplegando una operación de espionaje legal en el terreno.
El juez Charbay convocó después a declarar en la causa al jefe de ese comando especial. Era el Primer Alférez Norberto Omar Ghighlione.
Su aporte a la causa, la información y las imágenes recolectadas por sus agentes robustecieron la tesis judicial y avalaron los dichos de los primeros denunciantes.
Según el documento de la causa al que tuvo acceso Clarín, Ghighlione declaró así: “Efectivamente, en la región del paraje ‘Ahí Veremos’, en el departamento de Alberdi de la provincia de Santiago del Estero, existe una organización que se dedica a la usurpación de tierras a los efectos de utilizarlas como lugar de aterrizaje de avionetas que transportan droga desde y hacia fuera del país”.
El jefe del operativo afirmó que mediante “el uso de un drone” se pudo “constatar” la existencia de “un lugar apto para el aterrizaje de avioneta”.
Y fue más allá cuando especificó que, mediante un engaño permitido por la Ley, sus gendarmes lograron hablar con quienes se encontraban dentro de los límites de la propiedad bajo sospecha. Allí sacaron fotos de la pista y constataron que los hombres que «trabajaban» allí no tenían «herramientas» para las tareas agrícolas, pero sí equipos de comunicación por VHF. El declarante vinculó en su testimonio judicial de modo directo a Toviggino con ese campo.
Afirmó que en el lugar trabajaban dos de los aliados del directivo de la AFA, llamados “Polo” Figueroa y “Gorosito”. Se trata de dos personas que ocuparon y ocupan todavía cargos en la red de empresas creadas desde hace años por el tesorero de la AFA.
El gendarme le dijo al juez que “se constató que Toviggino y Gorosito tendrían vinculación en HT SRL”.
Entre otros muchos más detalles, el jefe del equipo de gendarmes que hizo inteligencia en la zona sumó supuesta evidencia.
“Los habitantes de la zona cuentan frecuentemente”, agregó, que solían “ver” cómo el lugar era utilizado para el “bombardeo de estupefacientes desde el aire por parte de avionetas”, o “bien para el aprovisionamiento de combustible de las mismas”.
El Primer Alférez recordó que en esa misma geografía, en las cercanías al paraje “Ahí Veremos”, habían sucedido “distintos secuestros de estupefacientes en grandes cantidades en distintas oportunidades”.
El dictamen de los fiscales Iglesias y Matilla sumó más pruebas al respecto. Pidieron los registros del organismo estatal encargado de vigilar los vuelos sospechosos de avionetas que entran en el espacio áreo del país, casi todas vinculadas con el negocio narco, llamado Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI).
Sus autoridades respondieron que entre 2012 y 2018 se habían detectado 37 tráficos aéreos irregulares en “la zona solicitada”.
El 27 de febrero de 2018, según pudo reconstruir Clarín, el fiscal Iglesias pidió ayuda al “Grupo de Vigilancia y Control Aeroespacial dependiente de la Dirección Antidrogas de la Gendarmería Nacional”. Todos los indicios condujeron al mismo escenario. Según este otro ente de la fuerza de seguridad federal que actuó en el caso, en 2017 se habían descubierto catorce vuelos “irregulares” que llevaban rumbo hacia el campo en donde fue encontrada la supuesta pista clandestina.
Los fiscales y el juez de la causa, Charvay, coincidieron que debían identificarse los números de los celulares de todos los involucrados o mencionados en la causa.
Entre varios otros, el listado menciona a “Pablo Toviggino”, “Claudio Marcelo Scorza”, Fernando “Polo” Figueroa, y a más supuestos miembros de la banda del paraje “Ahí veremos”.
La causa que investigaba a Toviggino por supuesto narcotráfico era robusta y acumulaba cada vez más pruebas.
Las indagaciones de hace siete años mantienen la actualidad al menos en una variable que demuestra que el viejo expediente puede ayudar a las más recientes investigaciones sobre el posible lavado de dinero que habría cometido Toviggino, mediante la implementación de un enjambre de sociedades comerciales que podrían haber sido utilizadas para que él intentase esconder su verdadero patrimonio.
Por empezar, los aviones que usaban campos de Santiago del Estero para aterrizar o despegar, habrían movido su carga a Campana o Zárate. En los documentos se nombra a la empresa HT, que efectivamente es propiedad de Toviggino, y que tuvo alguna vez en su directorio a Gabriel Leonardo Gorosito. Es la misma persona que la Gendarmería encontró trabajando en persona en el paraje poco poblado alrededor de la pista clandestina en el norte santiagueño.
Según el informe de Inteligencia de la Gendarmería, la empresa HT habría estado al mando del campo del paraje “Ahí Veremos”, de Santiago del Estero. La finca había sido usurpada a la fuerza, un tipo de accionar por el que Toviggino ya estaba siendo investigado por la Justicia de su provincia. El denunciante desde largo tiempo de esos hechos es un abogado llamado Edgardo Taboada, que jura haber sido víctima del tesorero de la AFA y un grupo de violentos, a los que acusa de haberles “robado” un campo que fue durante varias décadas de su familia. Para lograr el éxito de ese supuesto delito, repitió Taboada en expedientes y entrevistas, Toviggino contó con la complicidad de una escribana santiagueña que fraguó papeles, pero también habría tenido garantizado el sostén del poder político de la Provincia. En los hechos, el “jefe total” de Santiago del Estado sigue siendo Gerardo Zamora, aunque en lo formal haya dejado ahora a uno de sus subalternos en el sillón de la Gobernación, debido a que la Corte Suprema le frenó la chance de ser reelecto de modo indefinido.
HT es una de las compañías más relevantes de Toviggino. Con esa firma controlaría, entre otros negocios, a uno de los hoteles más cotizados de Santiago del Estero. Ese hotel es el que la AFA contrata para las estadías de los jugadores de los clubes que viajan hasta esa provincia para jugar en el “Estadio Único Madre de Ciudades”.
En uno de los dictámenes de la PROCUNAR de Iglesias por la investigación de las pistas clandestinas para el presunto uso de aviones del narco, el fiscal solicita que se indague respecto a todas las empresas que unen –ahora se sabe- al pasado, el presente y el futuro de Toviggino mediante una enredada telaraña judicial y política.
Hace siete años, el fiscal Iglesias ya había solicitado a la Inspección General de Justicia la documentación correspondiente a Malte SRL; HT SRL; IMA SRL; SOMA SRL o BORI SRL.
Son las mismas empresas que ahora la Justicia investiga en la causa que busca determinar si Tapia o Toviggino las usaron para protegerse a sí mismos de los organismos de control estatal. Las sociedades cambian sus gerentes o directivos pero siempre todos llevan, por características o espesor variable, hacia un mismo nombre: Toviggino.
En esta historia puntual, la del campo que según la investigación judicial fue acondicionado para recibir avionetas que presuntamente se dedicarían al negocio narco, hay un personaje central que vincula a esa finca con el tesorero de la AFA, además de las evidencias probatorias que detectó la Justicia.
Se llama Gabriel Gorosito y fue visto por los gendarmes que llegaron a ese lugar de incógnito dando órdenes en el campo de la polémica.
Si se busca en la integración de la red de empresas atribuidas a Toviggino, Gorosito cumple un papel trascendental. Siempre está.
¿En qué y cómo terminó la investigación judicial sobre los vínculos de Toviggino y el posible narcotráfico?
La causa la impulsaron los fiscales Iglesias y Matilla. El juez Adrián González Charbay aceptó varias de las sugerencias del equipo del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo la de pedir a las empresas de telefonía celular si las líneas de los nombrados en el caso habían cruzado llamados en los tiempos de la pesquisa.
El expediente, a pesar de su avance, dejó de ser tramitado en la jurisdicción de Campana y pasó a un juzgado federal y una fiscalía de la provincia de Catamarca.
Fue allí porque la jueza federal de Catamarca que tomó el caso detectó, según se desprendería de intervenciones telefónicas de la causa originaria, que quien se encargaba de la logística de este negocio trasnacional tenía contacto con los allegados comerciales de Toviggino.
La magistrada catamarqueña tomó la causa de Campana porque ella trabajaba hace años buscando a una mujer que hizo de enlace con países de la región para garantizarle a los narcos argentinos su materia prima. La droga.
La mujer era apodada “La Tía” en el mundo narco regional. Su nombre real es Eva Portillo de Quiñones.
Las autoridades nacionales probaron que es cada vez más frecuente el envío de estupefacientes por aviones que viajan entre provincias del norte argentino y Bolivia, Perú, Chile y Brasil.
Clarín accedió también al expediente catamarqueño. Eva Quiñones, La Tía, trabajaría con algunos sujetos del campo vinculado a Toviggino. Entre otros, se dejó asentado por escrito a quienes se “pudo identificar” desde el juzgado de Catamarca, y se agregó: “Se habría individualizado a Fernando “Polo” Figueroa…”, y se enumeran más nombres que tenían contacto con La Tía desde Santiago del Estero.
En la investigación en Campana, en el caso de Toviggino y sus posibles pistas clandestinas, se menciona a “Polo” Figueroa como uno de los coordinadores de lo que ocurría en el campo de “Ahí Veremos”.
En ese momento, Eva Quiñones, una narco con enorme experiencia, había sido finalmente detenida por orden del juzgado de Catamarca después de ser interceptada por la policía en un control rutero.
Los investigadores se convencieron en aquel momento de que era Quiñones la que abastecía de droga a los aviones que aterrizaban en Santiago del Estero.
Fuentes judiciales aseguraron a Clarín que Toviggino ya no estaría en el radar de estos expedientes tan delicados.
El expediente sensible del “caso Toviggino” nació en Buenos Aires, pasó a Zárate, hizo “escala” en Catamarca y siguió viaje hacia otra sede judicial: Santiago del Estero.
Desde hace varios lustros, y salvo una o dos excepciones, las autoridades del Poder Judicial de esa provincia nunca, jamás, investigan o avanzan con velocidad en causas que pueda fastidiar a la clase política.
Y Toviggino es, en Santiago del Estero, el poder.
Al menos por ahora.
