La jueza de Mercedes Ximena Menchaca aseguró que la Fiscalía se basaba en «especulaciones» para pedir que se mantenga el arresto domiciliario del exintendenteGuillermo Besozzi y el resto de la cúpula dirigencial de la intendencia, imputados por el mismo caso, según consta en el audio de la audiencia al que accedió El País.
Del registro también surgen novedades sobre el caso, como el hecho de que la Fiscalía investiga dos nuevas denuncias de corrupción vinculadas a esta trama.
Una de ellas, es relativa a la emisión de cheques sin fondo en Villa Soriano, dijo la fiscal del caso, Charline Ferreyra, quien había recibido la información minutos antes de ingresar a audiencia. La fiscal aseguró que profundizará en estas nuevas denuncias en los próximos días.
Por otra parte, varios de los abogados de los distintos imputados hicieron énfasis, con matices, en las dificultades que han tenido para acceder a la información. Juan Fagúndez, abogado del candidato a intendente, se plegó al reclamo de otro colega referente a que se enteraron de un testigo que declaró bajo acta en la Policía y ello no estaba disponible en la carpeta de la investigación de la Fiscalía. Esa declaración, «desincrimina» —en palabras de Fagúndez— a uno de los imputados.
El expediente con el material oficial de la causa es el que está en la carpeta de la investigación de la Fiscalía y el Ministerio Público tiene la obligación de incluir toda la evidencia que encuentre (sea favorable o desfavorable) allí.
Según dijo el abogado Pablo Vera, se trata de la declaración de un capataz que presuntamente llevó materiales de la Intendencia de Soriano a la casa de un jerarca para que los utilice para fines particulares. El defensor aseguró que el capataz dijo que en realidad llevó ese material a un espacio público de la ciudad de Mercedes.
La fiscal Ferreyra, que asumió el caso hace pocos días, dijo que el hecho de que estén informando a la jueza de esa declaración prueba que están al tanto de que ocurrió. Sin embargo Fagúndez resaltó que lo supieron por sus propios medios y no a través de la Fiscalía.
Además, el abogado Nelson Rosas reprochó que aún, luego de casi 60 días de la formalización, no pudieron acceder a los audios originales de las escuchas telefónicas. Los abogados Rosas y Vera afirmaron en diferentes oportunidades que creían que esos audios estaban «descontextualizados».
Otro de los argumentos que utilizó Ferreyra para fundamentar su solicitud de que se mantenga la medida es que ya han pretendido entorpecer la investigación antes. Aparte del ejemplo que había dado su predecesora, Stella Alciaturi, quien leyó una escucha en la que Besozzi decía que sabían que lo podían estar «escuchando», sumó otra conversación. Esto, afirmó la fiscal, fue dicho por otro de los imputados con cargo en la intendencia (uno de los que tenía menor rango). Refiriéndose a policías que estaban interviniendo en la causa, dijo: «Vamos a sacarlos ahora porque después no vamos a poder». La conversación citada ocurrió antes de la imputación.
La abogada de este imputado le restó importancia a la conversación y afirmó que se trató de un diálogo inocente con un periodista que le preguntó «qué policías están en investigaciones» y le envió una foto, a lo que su cliente lo único que hizo fue contestar.
Por último, Rosas y Vera criticaron el último escrito presentado por Alciaturi en el caso. En él, la Fiscalía debía contestar al escrito de apelación de la imputación que habían presentado las defensas. En esa oportunidad —según Vera y Rosas— Alciaturi afirmó que quien le avisó a Besozzi que lo estaban «escuchando» había sido el propio Rosas, pero él lo negó terminantemente. Dijo que conoció al exintendente cuando lo detuvieron y que nunca había hablado antes con él.
¿Por qué la jueza cambió la medida?
La jueza Menchaca saldó la discusión entre las partes cuando dijo: «La suscrita entiende que es una carga de la Fiscalía la cual no se satisface con especulaciones». Cerca de dos meses antes había dispuesto la medida de arresto domiciliario total frente a los argumentos de Alciaturi y la pasividad de la defensa de los imputados, que aceptaron sin objeción la propuesta de la Fiscalía.
Ahora, fueron los defensores quien pudieron una audiencia para solicitar que se debata la posibilidad de sustituir esta medida. Esto se puede hacer en cualquier etapa del proceso y, a excepción de Vera y Rosa, el resto de los abogados son todos diferentes.
Los abogados argumentaron, a grandes rasgos, que la prueba de la Fiscalía es débil y que, a su vez, sus clientes ya no forman parte de la cúpula dirigencial de la Intendencia y no hay prueba de que quieran interceder en el proceso. La Fiscalía se mantuvo en que el riesgo de que entorpezcan la investigación está latente porque quedan muchas declaraciones de testigos (algunos de ellos eran subordinados de los imputados) por tomar y falta pedir prueba a la intendencia.
La jueza Menchaca dijo que estas eran «especulaciones», pero, pese a eso les impuso algunas medidas cautelares restrictivas. Como la imposibilidad de salir del país y el deber de cumplir arresto domiciliario de la medianoche hasta las 7 de la mañana
