El presidente Javier Milei ha decidido disolver, mediante un decreto, la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda Pública, un organismo que él mismo impulsó al inicio de su mandato con el objetivo de auditar y transparentar el estado de la deuda externa argentina. La medida, que ha generado controversia, se produce sin que la comisión haya presentado informes ni resultados concretos desde su creación.
Un organismo efímero
La Comisión Bicameral fue establecida en diciembre de 2024 como parte de las promesas de campaña de Milei para auditar la deuda externa y determinar responsabilidades en su incremento. Sin embargo, a menos de un año de su formación, el Gobierno ha decidido eliminarla, argumentando la necesidad de reducir gastos y optimizar recursos.
Críticas y cuestionamientos
La disolución de la comisión ha sido criticada por diversos sectores políticos y sociales, que consideran la medida como un retroceso en la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas. Organizaciones de la sociedad civil y expertos en economía han señalado que la eliminación del organismo impide conocer en detalle el estado real de la deuda y las posibles irregularidades en su gestión.
Contexto económico
La decisión se enmarca en una serie de medidas de ajuste y reducción del gasto público implementadas por el Gobierno de Milei, que incluyen la eliminación de diversos organismos estatales y la reducción de personal en la administración pública. Estas políticas han generado tensiones y protestas en distintos sectores de la sociedad, que ven en ellas un debilitamiento del Estado y una falta de compromiso con la transparencia y la justicia social.
La eliminación de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda Pública plantea interrogantes sobre el compromiso del Gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la deuda externa. La falta de resultados y la disolución del organismo sin explicaciones claras refuerzan las críticas hacia una administración que, según sus detractores, prioriza el ajuste fiscal por sobre la investigación y el control de los recursos públicos.