Fijan fecha de juicio por impedir que Pablo Musse se despidiera de su hija con cáncer terminal. El hecho ocurrió en plena pandemia.
El próximo 5 de septiembre comenzará el juicio por jurados contra dos exfuncionarios del COE de Córdoba, acusados de haber impedido en 2021 que Pablo Musse pudiera despedirse de su hija Solange, quien padecía cáncer en estado terminal.
La decisión fue tomada por la Cámara Criminal y Correccional de Río Cuarto, y los imputados son Eduardo Javier Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó y referente del COE, y Analía Elizabeth Morales, trabajadora social del mismo organismo. Ambos enfrentarán cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Una despedida que nunca ocurrió
Solange Musse falleció sin poder ver a su padre por última vez. Tenía cáncer de mama con metástasis en huesos, hígado y pulmones. Pablo Musse viajó 40 horas desde Neuquén atravesando varias provincias para llegar a Córdoba, con el objetivo de acompañarla en sus últimos días.
Al llegar a Huinca Renancó, presentó la documentación requerida por el entonces vigente Centro de Operaciones de Emergencia (COE): permiso de circulación nacional, certificado de retorno y dos test de COVID-19 cuyos resultados eran dudosos.
Sin embargo, en lugar de autorizar su ingreso, los funcionarios habrían ordenado que regresara escoltado por la policía, sin evaluar la situación como lo indicaban los protocolos sanitarios.
Protocolo incumplido y denuncia penal
El Protocolo 48 de la provincia de Córdoba, vigente durante la pandemia, permitía el ingreso de personas por “fuerza mayor”, incluyendo el fallecimiento o estado terminal de un familiar directo.
Tras ser obligado a volver a Neuquén, Pablo Musse se realizó un nuevo hisopado que resultó negativo. Finalmente, gracias a una autorización judicial del juez Bustos Fierros, pudo ingresar a Córdoba para asistir al funeral de su hija en Alta Gracia.
El abogado Carlos Nayi, en representación de la familia Musse, denunció penalmente a funcionarios del COE, del Ministerio de Salud de Córdoba y a policías involucrados. El caso derivó en un expediente judicial que se fue depurando con el tiempo.
Si bien en un principio también estaban imputados el médico Sergio José Alí y el suboficial Darío Javier Mansilla, ambos fueron desvinculados de la causa. Hoy los únicos acusados que llegarán a juicio son Andrada y Morales, quienes deberán responder por sus decisiones durante la emergencia sanitaria.
