La investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal a través de Sur Finanzas detonó esta semana con una serie de allanamientos simultáneos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional de Fútbol y al menos 17 clubes de distintas divisiones.
Pocas horas después del operativo, la Liga Profesional emitió un comunicado oficial señalando que, ante la presencia de funcionarios judiciales que solicitaron documentación vinculada a la causa, la entidad “se puso inmediatamente a disposición” de la Justicia y colaboró “en todo lo requerido”.Aclaró además que su vínculo con Sur Finanzas se limitó exclusivamente a un contrato comercial de sponsoreo —una relación habitual de patrocinio— que en ningún caso implicó operaciones societarias, financieras o ejecutivas compartidas.
Al mismo tiempo, varios de los clubes que sufrieron allanamientos dieron a conocer comunicados con una postura similar: reconocieron el requerimiento judicial, aseguraron que su vínculo con la empresa fue de carácter publicitario o de sponsor, y manifestaron su voluntad de colaborar con la investigación.Por ejemplo, uno de los clubes allanados subrayó que su contrato con Sur Finanzas vencía el 31 de diciembre de 2025 y que no mantenía más relación financiera o administrativa con la firma.
La causa investiga en profundidad si Sur Finanzas, cuyo titular es Ariel Vallejo —conocido por su vínculo cercano con el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia— habría utilizado contratos de sponsoreo como fachada para canalizar movimientos millonarios sin justificación, préstamos a clubes o transferencias sospechosas.
Los operativos judiciales incluyen la incautación de documentación contable, registros administrativos y dispositivos electrónicos de clubes como Racing Club, Independiente, San Lorenzo de Almagro, Banfield, Barracas Central, entre otros, además de las oficinas de la AFA, su predio en Ezeiza y sedes administrativas vinculadas a la Liga.
Más allá de los comunicados de buena voluntad, el escándalo sacude los cimientos del fútbol argentino: la causa —promovida por denuncias de la Dirección General Impositiva (DGI) y fiscalías federales por posible lavado de activos— investiga movimientos cuyo volumen ronda los 800 mil millones de pesos, una cifra que pone en duda la limpieza financiera del fútbol local.
La Justicia ya levantó el secreto fiscal y bancario de los clubes implicados y analiza documentación contable, contratos de sponsoreo, flujos de fondos y supuestos préstamos, en una causa que podría exponer, de confirmarse irregularidades, una red de corrupción institucionalizada en el deporte.
