No existen consecuencias legales en Uruguay si se quieren cazar jabalíes, cotorras o palomas domésticas; pero hay otras especies, como los ñandúes, carpinchos y mulitas, para las que su caza sí está prohibida. Por eso, el Ministerio de Ambientemulta a los que descubre de manera infraganti, aunque lo hace en menor medida que la que quisieran organizaciones sociales ambientalistas. En 2024, se aplicaron 36 sanciones económicas que totalizaron las 1.681,2 unidades reajustables de multas, lo que representa una cifra de US$ 72.505.
La mayor multa en este período fue por la cacería, tenencia y transporte de dos ejemplares de carpincho: pasó en Durazno y fueron 137,6 unidades reajustables, que son US$ 5.934. Al monto se llegó por la gravedad de la infracción y porque la persona tenía dos antecedentes. Este departamento, además, es donde más infracciones se multaron en 2024, siendo estas siete. Le siguió Florida con seis sanciones económicas, y Rocha y Tacuarembó con cuatro cada uno.
Desde hace años, organizaciones critican la falta de fiscalización por parte del Ministerio de Ambiente —y de las autoridades ambientales antes de que existiera la cartera. La caza deportiva está habilitada pero regulada en Uruguay dado que se necesita un permiso de carácter nacional. También existe la caza comercial para nutria y liebre, para la que también se precisa habilitación.
El presidente de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu), Mauricio Álvarez, denunció que “no hay un control de la caza” en Uruguay, algo de lo que son “prueba viva” las redes sociales, porque “los cazadores suben los ‘trofeos’ ilegales y el Estado no actúa”. Es diferente —continuó a El País— si se publica que se robó un monumento de una plaza pública.
Álvarez, además, indicó que la sociedad civil es el “principal denunciante” en los temas ambientales. Sin embargo, se enfrentan a que no ven una respuesta del ministerio, lo que genera un “desestimulo” a la hora de hacer reclamos. Desde la organización observan que las denuncias quedan “dormidas” y se las atiende “poco” desde la última parte del segundo periodo de Tabaré Vázquez. Por este motivo ya se reunieron con la nueva directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Estela Delgado, en la búsqueda de un cambio.
Más sanciones
La segunda multa más alta en 2024 fue por 135,5 unidades reajustables —o sea, US$ 5.844. En este caso, se constató la tenencia de numerosas aves silvestres en San Baustista, Canelones. También se aplicó una sanción económica de 122 unidades reajustables —o US$ 5.262— a unas personas que tenían cinco ejemplares de tatú y uno de mulita en Tacuarembó. Por otra parte, debido a la caza de un ñandú en Rocha, una persona debió abonar 113 unidades reajustables —US$ 4.873.
Pero hay multas de montos bastante menores. A una persona a la que agarraron con cinco mulitas en Durazno se le aplicó una sanción de 25 unidades reajustables —US$ 1.078—; y a otra —que la agarraron con dos búhos ñacurutú, cuatro cardenales, cinco pájaros cabecita negra, dos azulitos, un mirlo y un cardenal azul— una de 31,5 unidades reajustables —US$ 1.359.
Peligro y encuentro
Álvarez apuntó que el “ser humano no se ha dado cuenta de que necesita que la naturaleza siga sana para proveernos”. Y enfatizó: “La caza es una de las amenazas más latentes que tienen las especies. Si bien pueden llegar a decir que pueden controlarlas ante la ausencia de un depredador, eso no tiene sustento en Uruguay. Eso se da cuando hay una caza controlada, pero acá es deportiva, la que la persona va y hace lo que quiere. Sobran pruebas y denuncias”.
Coendu le planteó a Delgado varios temas: pidió mayor respuesta ante las denuncias, utilizar “más el brazo policial”, desacuerdo con la habilitación de la caza de patos, preocupación por la “poca cantidad de área protegida” y por la “presión humana” sobre estas. También pusieron sobre la mesa la “ausencia de habilitación de centros de rehabilitación y rescate”.
