La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) denunció los recientes y belicistas pronunciamientos del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), en los que autoriza operaciones ilegales y encubiertas de la CIA en territorio venezolano.
El sindicato sostuvo que estos actos vulneran el derecho internacional y amenazan la paz continental, en un momento en que América Latina “necesita cooperación, no agresión”.
“Rechazamos con firmeza las acciones unilaterales e intervencionistas del Gobierno de los Estados Unidos, que amenazan con desestabilizar la paz y la soberanía en América Latina y el Caribe”, refiere el comunicado emitido este miércoles.
A continuación, comunicado en íntegro:
El sindicato defiende un orden internacional basado en normas y la soberanía de los pueblos. Las operaciones encubiertas de la CIA autorizadas por el Gobierno Trump en territorio de Venezuela y aguas del Caribe así como la acusación infundada al legítimo Presidente de Colombia de ser un “líder del narcotráfico”, vulneran el derecho internacional y perpetúan la política de intervencionismo imperialista en América Latina y el Caribe.
CCOO, como organización sindical de clase, comprometida con la defensa de los derechos laborales, la democracia participativa y la justicia social a escala global, expresa su más enérgico y rotundo rechazo a las acciones unilaterales e intervencionistas del Gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, que amenazan con desestabilizar la paz y la soberanía en América Latina y el Caribe.
En un mundo marcado por crecientes desigualdades económicas, crisis climáticas y conflictos geopolíticos, reafirmamos con rigor y convicción nuestra apuesta por un orden internacional basado en el estricto cumplimiento de las normas del derecho internacional público, consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de Paz. Este marco normativo no es un mero formalismo diplomático, sino el pilar indispensable para garantizar la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la integridad territorial y la resolución pacífica de controversias mediante el diálogo multilateral, la cooperación regional y el multilateralismo efectivo.
La historia de América Latina y el Caribe, plagada de intervenciones encubiertas y abiertas por parte de potencias externas —desde el golpe de Estado en Guatemala en 1954 orquestado por la CIA hasta la invasión de Panamá en 1989, pasando por el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973 y las guerras sucias en Centroamérica durante las décadas de 1980—, nos obliga a recordar que tales acciones no solo violan el principio de no injerencia en asuntos internos (Artículo 2.7 de la Carta de la ONU), sino que perpetúan ciclos de violencia, represión y subdesarrollo.
Estas operaciones, a menudo justificadas bajo pretextos como la «lucha contra el comunismo» o el «narcotráfico», han resultado en miles de víctimas civiles, dictaduras militares, persecución sistemática de dirigentes sindicales y movimientos sociales, y un empobrecimiento estructural que ha diezmado la clase trabajadora.
Para CCOO en el contexto actual, donde la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible exige solidaridad global para erradicar la pobreza y promover la igualdad, cualquier retroceso al intervencionismo unilateral representa no solo una amenaza a la estabilidad regional, sino un asalto directo a los principios de soberanía popular y justicia distributiva que sustentan nuestra visión de un mundo sin hegemonías imperiales.
Maniobra estratégica para reafirmar la hegemonía estadounidense
Para CCOO la escalada intervencionista de la administración Trump en América Latina y el Caribe debe entenderse no como un episodio aislado, sino como una maniobra estratégica para reafirmar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental ante el avance de un orden multipolar liderado por potencias emergentes como China y Rusia.
En 2025, con el despliegue de más de 10.000 tropas, docenas de buques de guerra (incluyendo destructores guiados por misiles y submarinos), bombarderos B-52 y aviones de reconocimiento en el Caribe —operaciones que han culminado en siete ataques aéreos que han causado al menos 32 muertes civiles, incluyendo pescadores colombianos y trinitarios—, Washington busca socavar la soberanía del pueblo venezolano .
Esta dinámica se inscribe en una «guerra híbrida» más amplia: la definición de loso carteles como «organizaciones terroristas extranjeras» (Orden Ejecutiva de febrero 2025) permite operaciones encubiertas de la CIA sin supervisión del Cpongreso, evocando precedentes fallidos como la invasión de Panamá (1989) o el fiasco de Juan Guaidó (2019).
Sin embargo, el contexto ha cambiado: la Doctrina Monroe, revitalizada bajo el mantra «America First», choca con la consolidación de bloques regionales como la CELAC y el ALBA, que en septiembre 2025 convocaron sesiones extraordinarias para condenar la «intervención extranjera».
Esta escalada, lejos de resolver el narcotráfico exacerba asimetrías: EE.UU. gasta 877 mil millones de dólares en defensa, mientras Latinoamérica enfrenta recortes sociales que alimentan la inestabilidad.
CCOO consideramos que la política trumpista no es mera retórica sino un intento desesperado de contener la multipolaridad perpetuando ciclos de violencia que perjudican a la clase trabajadora global.
¿Qué esta pasando en América Latina?
Lo que está sucediendo en Venezuela y Colombia es una escalada inaceptable de tensión y agresión; en las últimas semanas de octubre de 2025, la región ha sido testigo de una escalada alarmante de hostilidades impulsadas por la administración Trump, que ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano y aguas del Caribe, junto con un despliegue militar masivo que incluye portaaviones nucleares, vuelos de bombarderos B-52 y ataques directos contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico. Estos actos, presentados como medidas «antidrogas», carecen de transparencia, evidencia verificable y mandato internacional, y evocan los peores precedentes de la Doctrina Monroe actualizada: una «hegemonía hemisférica» que trata a América Latina y el Caribe como un patio trasero para la proyección de poder estadounidense.
En Venezuela, estos movimientos no solo vulneran la soberanía de la República Bolivariana —un Estado miembro fundador de la ONU y signatario de tratados regionales como el de la OEA—, sino que agravan una crisis humanitaria ya exacerbada por sanciones unilaterales ilegales impuestas por Washington desde 2017, que han causado, según informes de la ONU y la CEPAL, un colapso económico con hiperinflación, escasez alimentaria y éxodo masivo de más de 7 millones de personas.
Los bombardeos en el Caribe, que han resultado en la muerte de al menos 32 civiles (incluyendo colombianos y venezolanos), no combaten el narcotráfico de manera estructural —un problema global que requiere enfoques multilaterales como los propuestos en la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (1988)—, sino que sirven de pretexto para presionar un cambio de régimen, ignorando los mecanismos de diálogo facilitados por Noruega y México en 2023-2024.
En Colombia, la situación es igualmente grave y reveladora de la deriva autoritaria de la política exterior trumpista. El presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente en 2022 con un mandato progresista centrado en la «paz total» y la transición ecológica, ha sido vilipendiado públicamente por Trump como un «líder del narcotráfico» con «baja calificación e impopular», acusación infundada que ignora los esfuerzos del Gobierno colombiano por erradicar cultivos ilícitos mediante sustitución voluntaria y desarrollo rural alternativo, alineados con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
En respuesta, Trump ha anunciado la suspensión inmediata de toda la ayuda estadounidense —que en 2024 ascendió a 413 millones de dólares vía USAID para programas sociales y de desarrollo— e impuesto aranceles punitivos, medidas que violan los Acuerdos Comerciales Preferenciales renovados en 2022 y que agravarán la desigualdad en un país donde el 40% de la población vive en pobreza multidimensional. Estas agresiones diplomáticas y económicas no solo marcan un quiebre histórico en las relaciones bilaterales —con el retiro del embajador colombiano en Washington—, sino que exponen la visión de Trump de América Latina como «zona de influencia» donde los gobiernos soberanos deben someterse o enfrentar represalias, socavando la democracia colombiana y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
La política de Donald Trump hacia América Latina y el Caribe en 2025 no es un desvío aislado, sino la culminación de una doctrina intervencionista que prioriza los intereses de las multinacionales —especialmente el control de recursos energéticos como el petróleo venezolano, las mayores reservas probadas del mundo— sobre el bienestar de los pueblos.
Bajo el mantra de la «guerra al narco-terrorismo», Trump ha reactivado mecanismos de la era de la Guerra Fría, como las operaciones de la CIA y el despliegue del Comando Sur, que históricamente han facilitado golpes de Estado y masacres. Esta aproximación, asesorada por figuras como Marco Rubio —un halcón anticomunista obsesionado con el derrocamiento de gobiernos «izquierdistas» en Venezuela, Cuba y Nicaragua—, ignora lecciones de fracasos como la invasión de Irak en 2003, que desestabilizó Oriente Medio y costó cientos de miles de vidas civiles. En América, tales acciones no resuelven problemas estructurales como la pobreza rural que alimenta el cultivo de coca, sino que los exacerban, fomentando migraciones forzadas y conflictos armados. Trump, con su retórica xenófoba y unilateral, representa el colmo del imperialismo: un líder que trata a los pueblos latinoamericanos como peones en su agenda «America First», violando el principio de igualdad soberana (Resolución 2625 de la ONU, 1970) y perpetuando una asimetría de poder que CCOO denuncia como incompatible con la dignidad humana y la solidaridad internacionalista.
Esta «guerra a las drogas» es un pretexto para amenazas militares que evocan intervenciones pasadas, pero que hoy arriesgan un «fracaso total» ante la resistencia regional.
La solidaridad de los pueblos: El único camino hacia la justicia social en el mundo
Ante esta ofensiva, CCOO reafirma su compromiso inquebrantable con la soberanía, integridad territorial y autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, extendiendo nuestra solidaridad activa a las centralessidnciales venezolanas y colombianas y a la Confederación Sindical de las Américas (CSA). Nos unimos a fuerzas sociales, académicas y gubernamentales del continente en la defensa de un hemisferio de paz, democracia, libertad y autonomía, donde las relaciones internacionales se guíen por el respeto mutuo y no por la fuerza oculta o declarada.
En última instancia, la solidaridad de los pueblos —tejida en luchas compartidas por salarios dignos, derechos laborales y equidad de género— es el único camino viable hacia la justicia social global.
No hay atajos imperiales ni soluciones unilaterales; solo la unidad transnacional de trabajadores y trabajadoras, inspirada en el internacionalismo de la tradición de la clase trabajadora puede desmantelar las cadenas de la desigualdad y construir un mundo multipolar, sostenible y humano.
CCOO hacemos un llamiento a la comunidad europea e internacional para presionar por el fin de estas agresiones, exigiendo que la UE y la ONU actúen como garantes del derecho internacional.
¡Por la paz en América Latina, por la justicia social en el planeta!
