Fiscales y procuradores de todo el país se reunieron ayer en Paraná para celebrar la restitución de Cecilia Goyeneche como fiscal anticorrupción de esa provincia, luego de haber sido destituida durante años años y pico por un polémico jury que contó con el apoyo del ex gobernador K, Sergio Urribarri, condenada por corrupción.
Inmediatamente después de que se hiciera efectiva su restitución por parte del Superior Tribunal de Justicia local, se produjo un encuentro cargado de emotividad en la ciudad de Paraná. Marcelo Varona Quintian, quien viajó especialmente para acompañar a la fiscal en su regreso, relató que el clima en la capital entrerriana fue de una profunda reparación personal e institucional. “Tengo todo filmado; verla con su hija, que se puso a llorar un montón de veces”, confesó el presidente de la AAF, destacando que el apoyo de la asociación fue vital para que Goyeneche pudiera resistir “cuatro años y pico sin cobrar” y sin ejercer la función
Varona Quintian, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), detalló para Clarín cómo fue la estrategia de defensa ante lo que califica como un «mensaje disciplinador» para el Poder Judicial.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dictó la nulidad del jury que, en mayo de 2022, había destituido a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. La decisión se fundamenta en un fallo previo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que detectó «graves vicios» en la conformación del órgano juzgador y una afectación directa al debido proceso. Con esta resolución, Goyeneche reasumió sus funciones tras haber sido desplazada durante el proceso que investigó al exgobernador Sergio Urribarri.
En este escenario, Marcelo Varona Quintian, titular de la Asociación Argentina de Fiscales, analizó el impacto institucional del caso.
La Asociación Argentina de Fiscales, fundada en 2010 para enfrentar las presiones políticas sobre los investigadores, intervino en el caso Goyeneche bajo la premisa de que la acusación original carecía de sustento técnico sólido. Para Varona Quintian, el desplazamiento de Goyeneche bajo el argumento de no haberse excusado en una causa secundaria fue una puesta en escena con un objetivo claro. “No había ninguna duda de que esto era un vuelto de la corrupción y de la mafia política» motivado por el impulso de las causas contra el poder político provincial. Según el magistrado, el motivo de la destitución fue “tan burdo que en el mundo judicial lo que provocó fue miedo”.
Varona Quintian apunta directamente a la composición del Superior Tribunal de Entre Ríos, señalando una “identificación político-partidista” que califica como una «vergüenza»-, la estrategia se centró en la internacionalización del conflicto. La AAF recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… presentamos siete casos diciendo que cada vez que un fiscal investiga la corrupción en Argentina, le devuelven desacreditación en los medios y sumarios”. Esta acción se complementó con gestiones ante la relatoría de la ONU, que emitió un pronunciamiento crítico sobre el caso.
Para Varona Quintian, el jury contra Goyeneche buscaba generar un efecto amedrentador en todo el Ministerio Público. En la entrevista, el presidente de la AAF sostiene que el mensaje implícito para los fiscales de primera instancia era: «Si se la comen a la procuradora general adjunta por un motivo tan ridículo, nosotros no podemos hacer nada».
La asociación brindó contención personal y técnica a la fiscal durante los cuatro años que permaneció fuera de su cargo sin percibir haberes. Varona Quintian destaca que la resistencia de Goyeneche fue clave para alcanzar este desenlace, al que califica como un hecho «icónico» que será objeto de estudio en universidades, porque es la primera vez que una persona expulsada por un tribunal político logra ser replantada”
El derrotero judicial de Cecilia Goyeneche estuvo marcado por una serie de resoluciones que la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) denunció sistemáticamente como arbitrarias. Ttodo comenzó el 30 de noviembre de 2021, cuando el Jurado de Enjuiciamiento decidió abrir el proceso, suspenderla con una quita del 30% de sus haberes y, en una medida sin precedentes, desplazar a todo el Ministerio Público Fiscal (MPF) del rol acusador. Esta vacante fue ocupada por un «fiscal ad-hoc», Gastón Justet, designado de una lista de conjueces luego de que otros 15 abogados rechazaran el cargo por considerar que el procedimiento violaba la garantía del juez natural. El proceso terminó en su destitución el 24 de mayo de 2022, fundamentada en una supuesta omisión de excusación en la causa «Contratos», un argumento que la defensa calificó como una «parodia de juicio» para encubrir una represalia política.
El quiebre definitivo se produjo el 6 de diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló las actuaciones al detectar «gravísimos vicios» en la integración de los órganos juzgador y acusador, señalando un menoscabo al debido proceso. Finalmente, el 27 de febrero de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos -integrado por conjueces ante la recusación de sus miembros titulares- acató el fallo del máximo tribunal nacional y declaró la nulidad de todo lo actuado desde 2021. Esta resolución no solo permitió la reincorporación administrativa de la fiscal, sino que invalidó el «mensaje disciplinador» que el poder político local había intentado imponer sobre los investigadores de la corrupción.
El camino a la restitución se despejó cuando la Corte Suprema nacional fue «tajante», según el presidente de la AAF, los jueces provinciales “evidentemente no se animaron a cubrir a nadie” y tuvieron que dictar la nulidad de todo lo actuado.
Varona Quintian subraya que este resultado permite «volver a recuperar un poco las fuerzas del Ministerio Público Fiscal» y marca un precedente sobre la independencia necesaria para investigar delitos de corrupción.
El caso concluye con la reincorporación de una funcionaria que, según el magistrado, fue perseguida por su rol en investigaciones que terminaron con condenas efectivas a altos mandos políticos provinciales.
