Según el CELS, este trabajo sirve para “visibilizar con cifras más reales” lo que sucede con la gente que vive “de manera crítica” y que, durante el invierno, “necesita aún más ayuda” por parte del Estado.
“Estos nuevos datos permiten entender cómo la gente atraviesa la pérdida de casa, de trabajo, el deterioro de su salud y cómo sufren distintas violencias. Además, desnuda el aumento de consumos problemáticos, el deterioro físico y mental y la criminalización de las fuerzas policiales”, indicaron desde el informe.
En la misma línea, aseveraron que la situación económica actual provocó que muchas personas “tuvieran que enfrentar situaciones muy críticas” como, por ejemplo, dejar de pagar el alquiler (de casas o, incluso, de pensiones) y, “de manera precipitada”, dejaron de tener un techo.
De las 5.900 personas entrevistadas, el 20% explicó que está en situación de calle “por primera vez”, mientras que el 38% contó que “lleva un año o menos” viviendo de esa manera.
“La población que vive en la calle es principalmente trabajadora: el 23% cartonea como principal fuente de ingresos, el 29% hace changas, el 10% vende de forma ambulante y un 12% pide dinero. La mayoría de los encuestados nacieron en la Ciudad (45%), el 30% llegó desde la provincia de Buenos Aires, el 16% del interior y el 7% de otros países. Casi el 50% al menos cursó la educación secundaria”, indicaron desde el CELS.
Por otra parte, remarcaron que vivir a la intemperie, con mala alimentación y sin acceso a los servicios médicos, “agrava las condiciones de salud”. De hecho, el 64% de los entrevistados afirmó que “empeoró” su estado y el resto asegura que, desde que está en la calle, “aumentó su problema con el consumo de drogas”.
Además, el organismo sostuvo que, paralelamente, “crecieron las situaciones de maltrato” por parte de la Policía de la Ciudad y de los trabajadores del Ministerio de Espacio Público: “Les quitan sus cosas, los echan de los lugares donde duermen, los someten a requisas irregulares, son tratados con violencia física y verbal y padecen detenciones arbitrarias”, añadieron.
“Con el decreto 373/25, el Gobierno Nacional modificó la ley que protege los derechos de las personas en situación de calle (27.654) y deslindó la responsabilidad del Estado pasándoles las responsabilidades a las provincias. Estas personas están expuestas a todo tipo de vulneraciones. Para mejorar su situación se necesitan políticas públicas con respuestas interdisciplinarias que actúen ante la emergencia, pero también para que quienes vivir en la calle puedan volver a vivir en otro lugar y sostenerse”, concluyeron.
Con información de la agencia NA
