Fueron siete días que conmovieron a Chubut. Entre el 15 y el 21 de diciembre de 2021, la provincia patagónica asistió a una rebelión popular que será recordada como “Chubutaguazo” o “Chubutazo”. Tras la aprobación en la Legislatura provincial de una ley que facilitaba el desembarco de la megaminería (día 15), se sucedieron masivas manifestaciones en las calles y las rutas chubutenses, hasta que la propia Legislatura derogó la ley (día 21). En el medio, una “represión organizada” que dejó unas 50 denuncias por violencia policial y el incendio de edificios públicos –la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia incluidos– como demostración del descontento social.
Frente a eso, el Poder Judicial provincial actuó de manera selectiva: sólo llevó a juicio a un grupo reducido de vecinas y vecinos por los destrozos, mientras que las causas contra la Policía quedaron cajoneadas. La fiscal Florencia Gómez fue protagonista en ambos expedientes. Una funcionaria judicial con doble cara en temas ambientales: impulsora de la mediática causa de la “masacre de pingüinos” y, a la vez, responsable de perseguir a vecinos y vecinas que defienden el agua del saqueo minero. “Es un pedido del gobernador”, reconoció en privado a fuentes judiciales, con relación a la celeridad con la que empuja las causas sensibles a Ignacio Torres y el poder político local.
Mientras el juicio por la protesta social llega a su fin con ocho personas imputadas, ofrecemos en esta nota un pantallazo de lo que se juega en Chubut. “Sé dónde estoy y lo que defendemos: nuestros ríos y el agua que de ellos bebemos”, dice uno de los imputados. De las audiencias judiciales se desprenden irregularidades varias, al punto de que una de las personas que siguió el proceso afirma: “Si la jueza se sujetara a las pruebas, no puede condenar a nadie”.
Justicia selectiva
Rawson, 15 de diciembre de 2021. Después de aprobar a los jueces para la nueva conformación del Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura chubutense va por más y sorprende a un pueblo acostumbrado a estar en alerta: aprueba la megaminería en Chubut. Distintos sectores sociales, como acto reflejo, salen a la calle. En Rawson y en cada punto de Chubut.
Esa misma noche, en la capital provincial y durante tres jornadas consecutivas, la represión es feroz, con cientos de lesionados (incluido uno que perdió un ojo), detenidos (también menores), amenazas de muerte y abuso sexual, además de policías infiltrados, como documentamos en esta investigación, entre varias violaciones a los derechos humanos.
El desborde represivo no consiguió generar miedo en el pueblo, sino lo contrario: generó rechazo, condensó malestares contra el Gobierno de Mariano Arcioni (y el contexto de ajuste durante la gestión de Alberto Fernández) y empujó a los manifestantes a quedarse en la calle hasta dar vuelta la ley. Siete días después (la mitad de lo que le llevó a Mendoza en diciembre de 2019), la misma Legislatura aprobó la derogación que el pueblo reclamaba.
La represión ordenada por el Gobierno provincial y avalada por sus aliados políticos representados en la Legislatura fue “organizada, sistemática y planificada; ilegal”, según declaró el abogado Damián D’Antonio a este medio. Aquella noche de la fatídica votación, dos mujeres estuvieron detenidas provisoriamente durante más de dos horas en el estacionamiento de la Legislatura, mientras los legisladores promimeros se retiraban con provocaciones.
El gobernador Ignacio Torres, a diferencia del juicio por la falsa “masacre de pingüinos” en el que puso la cara y la difusión, mira este proceso por encima de su hombro, mientras declara en medios nacionales que la sociedad chubutense salió a la calle en 2021 no porque se oponía a la megaminería, sino por la “forma” en que la ley minera se aprobó. A la par, Torres impulsa el negocio de uranio en la provincia, también resistido por ese pueblo que se resiste desde hace décadas a los proyectos extractivistas.
