El vocero presidencial Manuel Adorni anunció recientemente que el Gobierno decidió cerrar el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, así como también la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón. Según Adorni, la medida se enmarca dentro de un plan de recorte del gasto público y responde a la evaluación de que estas instituciones no generaban un “valor diferencial”.
Durante la conferencia, el portavoz explicó que los fondos destinados tanto a estas entidades como a su personal dejarán de utilizarse, bajo el argumento de que la historia nacional ya está cubierta en los contenidos del sistema educativo. De este modo, se elimina una estructura estatal dedicada desde hace décadas a la conservación y difusión del pensamiento y obra del tres veces presidente argentino.
La decisión ha generado una fuerte reacción en diversos sectores que ven en esta acción un intento por borrar parte de la historia política y social del país. Las comparaciones con decretos del pasado, como el 4161 de 1956 —que prohibía toda referencia al peronismo—, no tardaron en aparecer, reavivando el debate sobre la memoria histórica, la pluralidad institucional y la legitimidad del uso de herramientas estatales para preservar la identidad política.
