La Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (ADELAT) analiza la liberalización de la comercialización minorista eléctrica en la región, y propone transformaciones regulatorias, operativas y comerciales para garantizar competencia, protección al usuario y modernización de la red. El documento se centra en los mercados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú.
Vista de Río de Janeiro desde el Pan de Azúcar.
Imagen: Rodrigosilvestri, commons wikimedia, CC BY-SA 3.0
La Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (ADELAT) analiza, en su más reciente informe, «𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗔𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗟𝗮𝘁𝗶𝗻𝗮: 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼𝘀 𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗹𝗲́𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮«, los desafíos y oportunidades vinculados a la apertura del mercado de comercialización minorista de energía eléctrica en América Latina. El estudio, basado en experiencias internacionales y regionales, concluye que el proceso de liberalización requiere planificación gradual, regulación flexible e inversión tecnológica para alcanzar un mercado eficiente y participativo.
Conclusiones y recomendaciones
El informe resalta que la liberalización efectiva depende de un enfoque que privilegie cinco ejes principales:
- Gradualidad y planificación: La apertura debe ser progresiva, iniciando con grandes consumidores industriales y extendiéndose paulatinamente a los usuarios residenciales. Esta etapa piloto permite evaluar impactos, mitigar riesgos y generar confianza.
- Protección y empoderamiento del consumidor: Es esencial implementar mecanismos de información, plataformas de comparación y normativas que reduzcan los costos de transacción, asegurando que los usuarios comprendan sus derechos, condiciones y alternativas.
- Inversión en digitalización y modernización: Se deben incorporar sistemas de gestión y medición inteligentes, redes digitales y herramientas de monitoreo que permitan la optimización de la demanda, la eficiencia en la operación y la transparencia en la relación con comercializadores y consumidores.
- Reglamentación del Proveedor de Última Instancia (PUI): Se recomienda definir claramente el alcance, funciones y mecanismos de selección y remuneración del PUI, para que garantice continuidad y calidad en el suministro eléctrico ante la salida de proveedores del mercado.
- Supervisión y adaptabilidad regulatoria: Es fundamental la actualización permanente del marco normativo y de las instancias de supervisión, para poder responder a la evolución del mercado, la incorporación de nuevos actores y la innovación tecnológica.
El informe subraya que la competencia minorista ha sido exitosa en países donde la generación es competitiva y el sector cuenta con marcos regulatorios modernos, transparencia informativa y una clara separación entre actividades reguladas y no reguladas.
En el análisis internacional, se identifican buenas prácticas y modelos adaptables, como en Estados Unidos, España y Australia, donde las experiencias muestran la importancia de contar con estándares de protección al consumidor, plataformas digitales robustas y garantías financieras diferenciadas según niveles de riesgo. Se señala que, en algunos mercados, la comercialización minorista fue adoptada inicialmente por grandes agentes y posteriormente habilitada a nuevos participantes y agregadores de demanda y generación distribuida.
El estudio de ADELAT (una organización sin fines de lucro creada a finales de 2021 que agrupa a empresas distribuidoras de electricidad de diversos países de América Latina, como Brasil, Perú, Chile, Colombia y Argentina) advierte sobre la importancia de evitar barreras normativas y administrativas que dificulten la participación de nuevos comercializadores. Para ello, propone simplificar trámites y adaptar requisitos de solvencia financiera y contractual a la realidad de cada segmento, evitando excluir empresas por el tamaño o su pertenencia a grupos con actividades de distribución.
Por último, el documento insiste en la necesidad de articular esfuerzos entre reguladores, distribuidores, comercializadores y usuarios para crear un ecosistema inclusivo, donde el desarrollo de la competencia conviva con la estabilidad del sistema y la protección al consumidor.
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