El conflicto en torno a la intención del gobierno porteño de remover el centenario puente Ciudad de La Paz-Soler continúa abierto. Si bien se esperaba que hoy el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) de la ciudad de Buenos Aires definiera afirmativa o negativamente el pedido de la empresa estatal Autopistas Urbanas SA (AUSA) para quitarle a la estructura la catalogación como bien protegido, la reunión pasó esta tarde a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.
Esta decisión resulta fundamental para que AUSA pueda avanzar con la licitación que lanzó para reemplazar el viaducto por otro nuevo y con capacidad para el tránsito de vehículos de mayor porte, en medio de una polémica con vecinos y especialistas en patrimonio que rechazan el recambio de esta estructura, recientemente refaccionada y reinaugurada, para permitir el paso de vehículos de mayor porte.
Según pudo saber LA NACION, la prórroga por el cuarto intermedio surgió a raíz de que los expositores de AUSA en la reunión del CAAP presentaron informes técnicos para fundamentar “que el puente agotó su vida útil y tiene problemas estructurales”. A este documento se oponía otro, ya en poder del consejo, según el cual sí podría pasar todo tipo de vehículos por el viaducto, que une los barrios de Palermo y Colegiales sobre las vías del tren Mitre. Los primeros cinco expositores, antes del cuarto intermedio, expresaron su rechazo a los planes de desmantelar el puente.
La estructura, que data de entre 1916 y 1919, es el eje de una controversia desde hace varias semanas, a raíz de la intención oficial de desmantelarla para erigir, en su lugar, una nueva estructura. Para concretar ese proyecto, primero se le debe quitar la protección patrimonial que tiene y que los vecinos defienden.
Todo se desató con el llamado a licitación efectuado por AUSA antes de que el CAAP interviniera en este delicado análisis para dar de baja la catalogación. Algunas ONG y especialistas denuncian posibles irregularidades, dada la forma apurada y el proceso de licitación “exprés”, con un plazo de solo un mes para presentar ofertas, lo que muchos consideran exiguo.
Al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales que tiene hoy en sus manos el futuro del puente Ciudad de La Paz-Soler lo integran representantes de trece instituciones y dependencias oficiales: la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU); la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y de Bienes Históricos; el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop), el Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, el Comité Argentino del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura porteño, el Consejo del Plan Urbano Ambiental; la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico y la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura; la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, y la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur) de la Subsecretaría de Gestión Urbana porteña, que lo preside.
Esta tarde, antes de pasar al cuarto intermedio a mitad del debate, que se realizó de manera virtual, cinco de estas instituciones llegaron a desarrollar argumentos en contra de quitar la protección a la estructura: la CPAU, la Cicop, la FADU, la SCA y la Comisión Nacional de Monumentos. Pero, pese a esto, algunos de ellos prefirieron no votar hoy por ratificar la catalogación del puente para poder estudiar la nueva documentación presentada por AUSA, según pudo saber LA NACION.
También, según trascendió, se solicitó a la empresa estatal que lleve alternativas que apunten a mantener el puente, haciendo los refuerzos y modificaciones necesarias, como se ha hecho con otras estructuras.
La empresa estatal reiteró hoy a LA NACION que el viaducto original fue construido para el paso del tranvía y, por eso, nunca estuvo pensado para soportar el peso de la pavimentación o situaciones típicas de la “vida urbana”, como choques, por ejemplo.
Las reuniones del CAAP siempre son cerradas, por lo que solo pueden participar sus integrantes. Esta es otra cuestión en debate, ya que muchas de las entidades que participan vienen pidiendo que se hagan públicas. Hoy el consejo está presidido por Cristina Giraud, en su condición de titular de la Dgiur, dependencia que se encarga de interpretar y aplicar el Código Urbanístico de la ciudad, tanto en proyectos urbanos como arquitéctonicos, usos del suelo y patrimonio. Consultadas sobre la reunión del CAAP y los pasos por seguir, fuentes de la Dgiur solamente confirmación que AUSA presentó documentación y se aprobó un cuarto intermedio hasta el martes.
Según el arquitecto especialista en conservación del patrimonio Marcelo Magadán, en el debate que debe sostener el CAAP no deberían considerarse las variables del deterioro actual o potencial: “El puente tiene valores históricos, paisajísticos, económicos, sociales, identitarios, que fueron considerados por los funcionarios del gobierno porteño cuando decidieron sumarlo al catálogo de los bienes protegidos. A partir de esta situación, el puente tiene que ser rehabilitado, consolidado. En el campo de la conservación hay procedimientos, materiales y criterios para trabajar este tipo de situaciones”, detalló.
La idea oficial apunta a desmontarlo y desarmarlo en secciones. “Algún tramo podría preservarse y, aunque no se puede asegurar 100%, porque es difícil saber cómo resistirá la estructura y en qué condiciones quedará luego de los trabajos de desmonte, se están estudiando posibles alternativas para preservar alguna parte del puente histórico”, informaron las fuentes.
Desde AUSA alegaron que el pedido para quitarle la protección patrimonial al puente lo empezaron a principios de este año, si bien la reunión se realizó recién hoy y fue la ocasión para actualizar la documentación. Si obtuviera una respuesta positiva, sería suplantado por uno nuevo que soporte el paso de vehículos de mayor porte: mientras que por el momento solo lo puede cruzar el transporte liviano, la idea –afirman– es que la limitación se extienda e incluya camiones de basura (dada la cercanía de un predio del Ceamse), ambulancias, autobombas y fletes.
Ayer, a los cuestionamientos de varios vecinos se sumó un proyecto de la legisladora Sol Méndez (Confianza Pública) para que la Ciudad brinde más información sobre el plan de desmantelamiento. “Según hemos podido conversar con asociaciones y vecinos, han cuestionado y no han obtenido respuesta por parte del Ejecutivo respecto de los criterios técnicos, licitatorios, presupuestarios, plazos, impacto patrimonial y participación ciudadana asociados al llamado a licitación realizado por AUSA, así como el proceso de descatalogación del bien patrimonial ante el CAAP”, se lee en los fundamentos del pedido de informes.
