El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura un proyecto de ley para solicitar autorización para contraer un financiamiento de hasta USD 1350 millones. Estos fondos se destinarán a la construcción y equipamiento de la futura línea F del subte, una obra que ampliará la red de transporte público y mejorará la conectividad entre diferentes barrios.
La iniciativa permite al Poder Ejecutivo porteño acceder a préstamos con organismos multilaterales, bancos de desarrollo o instituciones financieras locales e internacionales. Asimismo, autoriza la emisión de títulos de deuda en los mercados tanto locales como externos por ese monto máximo.
La línea F tendrá una extensión aproximada de 9,8 kilómetros y conectará zonas del sur con el norte de la ciudad, integrándose con las seis líneas de subte ya existentes. Esta obra busca aliviar la congestión en los corredores más transitados y optimizar la conectividad transversal del sistema.
Además, la nueva infraestructura permitirá reconfigurar los flujos de viaje, redistribuir la demanda del transporte público y fortalecer la integración con la red ferroviaria metropolitana y otros medios de transporte. Según estimaciones, la línea F podría convertirse en una de las más utilizadas del sistema, con una demanda potencial que oscilaría entre 235.000 y 392.000 viajes diarios una vez plenamente integrada.
Para asegurar el repago de los préstamos, el proyecto contempla la posible afectación de recursos provenientes del régimen de coparticipación federal, un mecanismo habitual para acceder a financiamiento externo. Esta propuesta llega en un contexto donde provincias y ciudades argentinas retomaron el acceso al crédito internacional tras la caída del riesgo país observada luego de las últimas elecciones legislativas, aprovechando la ventana financiera para emitir deuda en dólares.
En noviembre, la Ciudad realizó una colocación internacional por USD 600 millones a una tasa del 7,8%, con una demanda cercana a USD 1700 millones. Finalmente, se liquidaron USD 588 millones, que fueron vendidos al Banco Central en tres tramos entre enero y febrero, en una operación coordinada con la autoridad monetaria.
Este ingreso de divisas se sumó al proceso de acumulación de reservas que impulsa el Banco Central en el marco del nuevo esquema cambiario. Desde las elecciones legislativas, las emisiones de deuda corporativa y sub-soberana superaron los USD 12.000 millones, según estimaciones del mercado.
Por su parte, el Gobierno nacional mantiene la decisión de no volver a emitir deuda en Wall Street por ahora, explorando otras vías de financiamiento para afrontar los próximos vencimientos. En este escenario, las colocaciones de provincias y empresas se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso de dólares al sistema financiero local.
