El 31 de julio, la Corte Constitucional de Italia dictó la sentenza 142/2025, y es “el fallo de la supervivencia”, como le dicen en las redes. Es que podría mejorar las posibilidades para que miles de argentinos adquieran la ciudadanía italiana, luego de la restrictiva ley que cortó la transmisión sólo para hijos o nietos de italianos.
El máximo tribunal reafirmó que el principio de ius sanguinis -el “derecho de sangre”- no puede ser limitado por generaciones, tal como lo establecía la «vieja» Ley 91, de 1992.
La Corte consideró “infundados” los planteos de los tribunales de Bolonia, Roma, Milán y Florencia, que habían cuestionado la constitucionalidad de esa transmisión indefinida. En otras palabras, ratificaron que no existe tope para transmitir la ciudadanía.
Pero, pese a esa sentencia, la incertidumbre no tiene fin para los descendientes de italianos que aspiran al pasaporto rosso, y cientos de argentinos ya iniciaron juicios para que, principalmente y más allá de ese fallo esperanzador, la nueva ley no sea retroactiva. Que no corte el ius sanguinis para quienes nacieron antes de la ley 74/2025, aprobada en mayo pasado.
“La vía judicial sería la opción para reclamar el reconocimiento de ciudadanía en el caso de aquellos descendientes directos de un antepasado italiano que, por disposición de la nueva ley, quedaron sin el derecho de reconocimiento, por las limitaciones generacionales a partir de la tercera generación. O sea, bisnietos, tataranietos”, explica a Clarín la abogada argentina María Celeste Ramírez, quien reside en Italia.
Este juicio es “particular y bastante complejo”, dice la especialista en Derecho Administrativo y Extranjería, porque tiene una vía principal y una vía incidental.
La Corte Constitucional de Italia dictó una sentencia que la llaman «el fallo de la supervivencia». Foto: iStock.“La vía principal -el juicio de reconocimiento de ciudadanía– es donde se acredita el vínculo sanguíneo con el ascendiente italiano, argumentando, por supuesto, los antecedentes de hecho y de derecho correspondientes en cada caso. Se debe presentar ante el tribunal que corresponde según donde haya nacido el ascendiente italiano. Y en el mismo momento, también se presenta en conjunto y vía incidental una solicitud de inconstitucionalidad contra la nueva ley”, indica Ramírez.
El camino sigue siendo largo. Si el tribunal considera suficientemente fundadas las argumentaciones y cumple con esos requisitos de «hecho y derecho» para elevar la solicitud, remite la cuestión a la Corte Constitucional para su resolución. “Ya que es un tribunal el que debe remitir la solicitud de inconstitucionalidad a la Corte y no un particular”, aclara la abogada.
La Corte también evaluará si corresponde llevar adelante esta solicitud y fija audiencia en el Tribunal de Roma, y luego de la audiencia, emite sentencia. Hay dos opciones: que dicte la inconstitucionalidad o no.
Si considera que es inconstitucional la ley, con la sentencia se remite nuevamente al primer tribunal para que resuelva sobre la vía principal: el reconocimiento de ciudadanía.
«Hay que aclarar que la Corte puede aceptar o no la solicitud, puede dictar la inconstitucionalidad o no, y que también el primer tribunal puede elevar la causa a la Corte Constitucional o no. Son varios escenarios complejos que el cliente debe estar bien informado de los riesgos que corre y de la lentitud de todo el proceso y los tiempos de resolución», resume Ramírez.
Qué cambió para los argentinos
«En los últimos meses, el Parlamento italiano aprobó cambios que impactan de lleno en miles de argentinos con raíces italianas. Entre ellos, la ciudadanía italiana se limitaría a quienes tengan padre o abuelo italiano con al menos dos años de residencia en Italia antes del nacimiento de su descendiente. Además, los trámites se centralizan en Roma -ya no en los consulados- y los costos aumentan de manera considerable», explica a Clarín desde Cerdeña Eduardo Martín Balian, abogado argentino especialista en Derecho Migratorio.
Frente a un escenario que considera que «amenaza un derecho históricamente reconocido», sólo en su estudio ya inició más de cien acciones judiciales. Todas se centran en que «se declare la inconstitucionalidad de la nueva normativa y se reconozca este derecho a las familias que inicien los juicios».
Entre los argumentos, Balian menciona que la ciudadanía italiana por descendencia «no es un beneficio que se concede”, sino «un derecho con el que se nace» y que solo requiere ser reconocido por la autoridad italiana. Por eso, a estos juicios se los llama de «reconocimiento». Algo que ya es, se confirma.
«La ciudadanía se transmite por sangre, por lo que todo hijo de ciudadano italiano nace con ella. La Constitución italiana, junto con principios universales de igualdad y no discriminación, protege a quienes descienden de ciudadanos italianos y garantiza que esa condición no pueda ser limitada por exigencias arbitrarias o irrazonables», agrega el experto.
El debate ya llegó a la Corte Constitucional italiana, que deberá resolver sobre la validez de estas disposiciones. Los reclamos judiciales ya iniciados esperan esa definición.
Hasta marzo de este año, el trámite se podía iniciar, incluso, si el antepasado era un bisabuelo o tatarabuelo italiano. Pero la aprobación de la Ley 74 cortó de raíz esa posibilidad: sólo abuelos o padres, siempre que uno de ellos hubiera tenido residencia en Italia antes del nacimiento del hijo, habilita la solicitud de ciudadanía.
El fallo de la Corte, la sentenza 142/2025, a fin de cuentas, vuelve a abrir un doble escenario. Por un lado, quienes presentaron la solicitud antes del 28 de marzo -cuando de dio a conocer el decreto que ya es ley- quedan amparados por la normativa anterior. Por otro, resta definir qué sucederá con los expedientes iniciados después, ya en vigencia de la nueva ley.
Pese a la ley que limitó la transmisión de ciudadanía, los abogados siguieron con los juicios. «Hay sólidos fundamentos para confiar en que serán declaradas inconstitucionales las disposiciones de la nueva ley, sobre todo tras el fallo del 31 de julio, donde la Corte confirmó el carácter adquirido y transmisible de la ciudadanía por descendencia», sigue Balian.
Una señal política y jurídica
¿Hay que esperar que la Corte Constitucional sentencie o hay que esperar que cualquier tribunal italiano se expida sobre la constitucionalidad o no de la ley?
«Esa es la pregunta del millón», dice a Clarín Ricardo Merlo, presidente del partido Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE), en referencia a qué les serviría más a los descendientes para que esos juicios ya iniciados dejen de estar «parados».
«Hay dos señales muy importantes, una es política y otra es jurídica«, diferencia.
«La primera es que el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, abrió la posibilidad a que se revean algunas cuestiones de esta ley, eso puso una lucecita al final del túnel. La otra es que los abogados no pararon de presentar juicios. Si un juez le da la razón a un descendiente todo el mundo va a ir por la vía judicial y el Parlamento va a tener que urgente debatir para ver cómo es la cuestión», asegura Merlo.
AA
