El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados se encuentra en el centro de una grave controversia que involucra supuestas coimas, manejo discrecional de recursos y una dura disputa por el poder dentro del oficialismo. En el ojo de la tormenta aparece Sebastián Pareja, actual presidente del partido La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los principales operadores de Karina Milei en el territorio bonaerense.
El conflicto trascendió recientemente cuando un informe televisivo reveló presuntas irregularidades en distintas sedes del PAMI en la provincia, donde se habrían detectado prácticas ilegales como la venta de cargos y la existencia de “cajas negras” para fines políticos. Estas oficinas, dirigidas por funcionarios designados por La Libertad Avanza, habrían sido utilizadas como estructuras de poder y financiamiento dentro de la interna libertaria.
Uno de los episodios más resonantes fue el desplazamiento de Alberto Pascual, hasta hace poco jefe del PAMI en la localidad de Junín. Pascual, además de ser responsable de esa delegación, cumplía un rol clave como coordinador político del oficialismo en la cuarta sección electoral bonaerense, con vínculo directo con Pareja. Su remoción sería parte de una purga interna por el control de espacios de poder y recursos dentro del organismo.
La respuesta institucional no tardó en llegar. El PAMI anunció el inicio de una auditoría integral de los procesos de compra y distribución de insumos en todas sus sedes, con el fin de desarticular estructuras que, según un comunicado oficial, “fueron heredadas de administraciones anteriores” y que habrían servido para sostener redes clientelares y negocios por fuera de la ley.
Uno de los puntos más alarmantes del informe interno fue el uso excesivo de las llamadas “vías de excepción”, un mecanismo pensado para emergencias en la provisión de medicamentos e insumos, pero que se habría convertido en una herramienta habitual para eludir licitaciones y controles administrativos. Esta modalidad generaba un terreno fértil para la falta de transparencia y la posible malversación de fondos públicos.
El caso se inscribe en una disputa más amplia por el control territorial y político dentro de La Libertad Avanza, en un contexto en el que el PAMI, lejos de su función social principal, se transformó en una pieza clave en la maquinaria de poder del oficialismo.
