El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata, una vez concluido el acto eleccionario, manifestó públicamente su profunda preocupación por las declaraciones del intendente municipal, Guillermo Montenegro, en referencia a la actuación de una Magistrada en el ejercicio de sus funciones.
El jefe comunal cuestionó, por medio de las redes sociales y medios de comunicación, a la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil 2 que dio lugar a un amparo para que se garantice la gratuidad del servicio de transporte durante las elecciones.
La jueza Mariana Haydee Irianni, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de Mar del Plata, hizo lugar este viernes a una acción de amparo presentada por un vecino de Batán y resolvió que la Municipalidad de General Pueyrredón deberá garantizar transporte público gratuito.
La respuesta de Montenegro llegó sobre la noche del viernes: «Una jueza penal de menores, que debería estar ocupada en no soltar delincuentes, resolvió que el transporte público en Mar del Plata sea gratuito durante el día de elecciones. Esta decisión, que nos obliga a adherir a una resolución provincial, le va a costar a los marplatenses $300 millones».
«Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sillón que los vecinos tengan que pagar los colectivos gratis del domingo. Los argentinos ya lo aprendimos: cuando algo es ‘gratis’, alguien lo termina pagando», expresó a través de sus redes sociales.
Desde el Colegio, manifiestan que «el Estado de Derecho requiere del respeto a la división de Poderes y, en particular a la Independencia Judicial. Que para el diálogo institucional fecundo de los poderes del Estado, es indispensable el apego a ultranza de los principios republicanos que emanan de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, las que establecen los mecanismos revisores pertinentes en caso de disconformidad».
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