Desde su aprobación en diciembre de 2018, la modificación urbanística que obliga a los promotores a destinar a vivienda asequible un 30% de sus nuevas construcciones o rehabilitaciones de edificios en Barcelona ha generado mucho más debate que resultados efectivos. Puede que haya ahuyentado a grandes fondos a la hora de aventurarse a comprar y edificar, pero lo que parece seguro es que no ha alumbrado la cartera de vivienda pública esperada: han sido, en seis años, cerca de 150 nuevos domicilios de precio amigo, cuando en origen se habló de más de 330 al año. Jaume Collboni asumió la alcaldía en junio de 2023 con la promesa de que modificaría la norma, pero la cosa acumula dos años de barbecho. Ahora parece que todas las fichas empiezan a estar sobre el tablero. Se conocía la idea de poder concentrar ese 30% en fincas enteras del mismo barrio, o la de convertir el suelo en dinero para invertirlo allende la promoción afectada. Ahora se sabe de la voluntad de que las grandes rehabilitaciones afectadas pasen de un mínimo de 600 m2 a 1.500 m2 de techo edificable. También se abre la puerta compensar con la compra de pisos ya construidos y vacíos que estén en el mismo barrio.
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El incremento de la superficie mínima para el caso de las grandes rehabilitaciones era una de las reivindicaciones, entre otros agentes implicados, de la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), que el pasado febrero consideraba «inviable» aplicar la reserva del 30% a las edificaciones y reformas de tan solo 600m2. Quedarían exentos, según esta última propuesta, los que ya hayan sido rehabilitados en los últimos 10 años. Por contra, si la rehabilitación viene de la mano de un cambio de uso (de comercial a vivienda, por ejemplo), se mantendrían esos 600m2 del redactado inicial.
Subir a más del doble de superficie, en una ciudad en la que hay más margen para la rehabilitación que para la nueva construcción, sería sin duda un interesante aliciente para los promotores de vivienda. Barcelona en Comú, de hecho, calcula que con este cambio pasarán por el colador cerca de 4.000 edificios actualmente afectados. Lo que no cambia es el baremo para las nuevas promociones, que se mantiene en esos 600 m2 iniciales de techo edificable.
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De las 910 viviendas de VPO visadas en 2024 en Barcelona, tan solo 12 corresponden a la reserva del 30% aprobada a finales de 2024. Y otro dato también del ejercicio anterior: Sabadell y Terrassa sumaron más nuevos visados que la capital catalana. Fueron los escasos resultados, amén de la presión de determinados lobis y colectivos profesionales, lo que llevó al gobierno de Jaume Collboni a plantear la revisión de la modificación urbanística.
Todo indica que el único socio posible para acometer la reforma es Junts, aunque en una entrevista a este diario publicada el pasado sábado, el jefe de filas del partido en Barcelona, Jordi Martí, vendía muy caro su voto favorable al recordar el deseo del alcalde de formalizar un tripartito tras las próximas elecciones. ”¿Pero cómo va a aplicar cualquier modificación de esta medida un gobierno con Ada Colau o Janet Sanz, que lo que quieren es un 50% de reserva?”, esgrimía Martí. En cualquier caso, es el toma y daca habitual en este tipo de negociaciones políticas.
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En el nuevo documento, avanzado por el Ara y al que ha tenido acceso este diario, además del incremento de superficie para el caso de las grandes rehabilitaciones, se señala, por la vía de la modificación de un artículo de la Carta Municipal, la opción de transferir el aprovechamiento urbanístico requerido a pisos construidos que estén vacíos y que se encuentren en el mismo barrio. Esta propuesta se suma a lo conocido: construir el 30% en el mismo vecindario o en otro limítrofe o levantar la promoción en una parcela pública con techo de vivienda libre en cualquier otro punto del municipio.
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El Sindicat de Llogateres no ha tardado en reaccionar a las novedades. A su modo de ver, la propuesta “desmantela la reserva del 30% de vivienda protegida a las órdenes del lobi de la construcción”. “Dejar fuera una gran pate de las grades rehabilitaciones implica desproteger centenares de edificios con vecinos que podrían ser expulsados, y permitir desplazar la reserva a otros solares supone agravar la segregación de los pisos protegidos”, lamentan. Los datos, sin embargo, parecen demostrar que la modificación urbanística no ha logrado el efecto esperado. En seis años, según la previsión municipal, se deberían haber logrado cerca de 2.000 nuevos pisos sociales asociados a esta normativa. No se ha llegado ni al 8%.
