El gobierno del alcalde Jaume Collboni ya puso en marcha los procesos administrativos pertinentes para desalojar el gran asentamiento en la parte alta del barrio de Vallcarca y también otros tres inmuebles próximos de titularidad municipal en estos momentos ocupados. Los servicios sociales del Ayuntamiento estiman que en estos lugares viven alrededor de 30 personas, entre ellas media docena de críos, una gente de origen gitano rumano que vive principalmente de la chatarra.
La primera teniente de alcalde y también concejal responsable del distrito de Gràcia, la socialista Laia Bonet, detalló este martes que los procedimientos de estos desalojos se demorarán unos cuantos meses y que se realizarán de la mano de los servicios sociales. “Se trata de una situación enquistada desde hace demasiados años que comporta peligros para las personas –prosiguió la teniente de alcalde Bonet–. No podemos permitir que en la Barcelona del 2025 resulte normal encontrar situaciones de infravivienda”.
El enquistamiento durante años de las chabolas desató una agria fractura vecinal
Un mes atrás la comisión municipal de Seguridad aprobó una proposición del PP a fin de desalojar este asentamiento “sin más dilación”. Y lo hizo gracias a la abstención de los socialistas. Al día siguiente el alcalde Collboni matizó que el desalojo no era inminente. Hace mucho que la presencia de estas familias desató una agria fractura vecinal en Vallcarca. Las primeras chabolas de este poblado se levantaron hace 15 años. Desde entonces este asentamiento no hizo otra cosa que crecer.
El Ayuntamiento se afana ahora en recuperar estos lugares porque de la contario no podrá hacer el nuevo gran parque del distrito. Estas semanas arrancaron algunos trabajos previos. La pistas de baloncesto terminarán de trasladarse bien pronto más allá del puente del barrio. El Ayuntamiento prevé que el Parc Central de Vallcarca esté listo este mandato. Y su desarrollo es también la primera pieza de un complicado puzle destinado a recomponer la normalidad urbanística de este lado de Barcelona.
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El Consistorio aprobó la gran reforma de este barrio en el 2002, la apertura de la muy controvertida Rambla Verde. Pero al poco de las primeras expropiaciones y demoliciones, como la de la Casita Blanca, el plan quedó enterrado en el fondo de un cajón. Y tantos lustros de afectaciones olvidadas no hicieron otra cosa que degradar estas calles. La teniente de alcalde subrayó la voluntad del gobierno municipal de reanudar esta reforma y de poner fin de una vez a esta enquistada situación de provisionalidad.
“Hablamos de una transformación más imprescindible y necesaria que nunca después de dos décadas de inacción y de retrasos –abundó Bonet–, unas circunstancias que también hacen que esta gran transformación también sea ahora más delicada y compleja que nunca. Pero cada vez más vecinos nos piden desencallar esta situación”. La teniente de alcalde también habla de la construcción de un nuevo depósito pluvial, de más de 600 viviendas –un 40% de ellas protegidas–, de los servicios que necesitan…
Otra imagen reciente del poblado de Vallcarca
Quique García/EFE
Hace semanas que el Ayuntamiento requiere información catastral a parte de los afectados por el planeamiento del 2002, unos requerimientos en verdad pasos previos a la puesta en marcha de las expropiaciones necesarias para sacar adelante el proyecto de la Rambla Verde. De todas formas sobre este respecto, el ejecutivo de Collboni también se mueve con pies de plomo y se muestra cauto. Reactivar este proceso no será sencillo. Las obras difícilmente podrán comenzar antes del próximo mandato.
Muchos vecinos pretenden que el Ayuntamiento se eché atrás. Entienden que la Rambla Verde es un proyecto especulativo que alimentará la gentrificación y hará de este barrio popular una suerte de sucursal del de Vila de Gràcia en el peor sentido. Y otros vecinos del barrio, también muchos, consideran que tantos años de afectaciones urbanísticas olvidadas condenaron a Vallcarca a una lenta degradación cuya manifestación más patente la constituyen un montón de chabolas y de ocupaciones.
La controversia vecinal
Chatarreros en el punto de mira
Los vecinos que más se oponen la recuperación de la Rambla Verde son también quienes más defienden a los gitanos rumanos chatarreros y aseguran que en este asentamiento viven unas 60 personas. Y aquellos otros vecinos que, en cambio, se muestran hartos, aseguran que en realidad allí apenas vive gente, que el asentamiento es en verdad una especie de centro logístico, una gran chatarrería ilegal muy cerca de sus viviendas que les tiene bien hartos. Los servicios sociales municipales estiman que en este poblado viven de manera regular unas 15 personas. Afortunadamente, al menos hasta ahora, a pesar de las polarización de las posiciones vecinales, los incendiarios que trataron de sacar rédito se marcharon con el rabo entre las piernas.
