Agencia EFE
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Ciudad de Guatemala, 18 sep (EFE).- La organización social Comité Campesino del Altiplano de Guatemala exigió este jueves el cese de la persecución judicial y política en contra de ciudadanos que luchan contra la corrupción y en favor de los derechos humanos.
La organización detalló en rueda de prensa que en 2024 fueron detenidos 21 dirigentes regionales que luchan por la defensa de sus territorios ante el robo de tierras, por lo que pidieron a las autoridades que no existan más presos políticos.
«Es importante demostrar la voluntad política de los funcionarios que se han comprometido para abordar la problemática agraria en el país», dijo el dirigente y exdiputado Leocadio Juracán durante la conferencia de prensa.
«Estamos luchando contra la corrupción y para que permanezca la justicia», añadió Juracán, quien considera que el sistema judicial «se está deteriorando aún más».
Precisamente Juracán fue detenido en agosto pasado sindicado de usurpación agravada tras presuntamente defender a una comunidad que sería desalojada de sus tierras en el noreste del país centroamericano. Posteriormente quedó en libertad provisional, pero ligado a proceso penal en su contra.
«Por principios, los pueblos originarios defendemos las tierras, defendemos el territorio, defendemos los ríos, defendemos los lagos y defendemos los bosques», expresó el líder indígena.
De igual manera, otro de los dirigentes del comité, Mauricio Rivas, también pidió al Gobierno que se respete la Constitución guatemalteca y recordó que «no somos criminales».
Rivas agregó que deben terminar la persecución contra «periodistas, campesinos, licenciados y doctores» ya que «todos tenemos derechos».
Actualmente se encuentran en prisión el periodista José Rubén Zamora, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, el viceministro Luis Pacheco y el líder indígena Héctor Chaclán, considerados por organizaciones no gubernamentales como «presos políticos» debido a la persecución judicial que han enfrentado por parte del Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula se encuentra sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.
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