El cambio climático ya impacta la salud de personas de todas las edades en América Latina y el Caribe. Las olas de calor, la contaminación ambiental y los eventos extremos como tormentas e inundaciones generan consecuencias graves, especialmente en los sectores sociales más vulnerables.
Estos efectos favorecen el crecimiento de enfermedades respiratorias, infecciones como el dengue y el chikunguña, y muertes relacionadas con el aumento de la temperatura.
Así lo advierte una declaración conjunta de 60 organizaciones de América Latina y el Caribe, que incluyen sociedades médicas, universidades y organizaciones no gubernamentales ambientalistas.
“El cambio climático tiene impactos directos e indirectos sobre la salud humana, afectando a todas las personas, con mayor severidad en aquellas en situación de vulnerabilidad”, señalaron.
Tras evaluar las pruebas científicas, el colectivo de organizaciones realizó recomendaciones clave para responder de manera urgente y coordinada a la crisis climática y su relación con la salud.
También adhirió el Organismo Andino de Salud, integrado por los ministerios de salud de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Los impulsores de la declaración tuvieron en cuenta que desde el 10 al 21 de noviembre se realizará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en la ciudad de Belém, Brasil.
El aumento de las olas de calor representa uno de los peligros principales para la salud en la región.
Las altas temperaturas provocan problemas como deshidratación, agotamiento físico, y agravan condiciones preexistentes, especialmente en adultos mayores, niños, personas gestantes y quienes viven en la pobreza.
“Las olas de calor, que se vuelven cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas, representan un grave riesgo para la salud pública, aumentando la mortalidad y morbilidad”, expresaron.
La contaminación del aire también se agrava con el cambio climático. Este fenómeno amplifica la concentración de partículas y gases dañinos para las vías respiratorias y cardiovasculares.
Puntualizaron que “la contaminación atmosférica, exacerbada por el cambio climático, es responsable de un número significativo de muertes prematuras cada año, sobre todo en áreas urbanas”.
Los desastres como huracanes e inundaciones han favorecido el aumento de la frecuencia de los brotes de enfermedades transmitidas por agua y vectores en América Latina y el Caribe.
Infecciones virales como dengue, zika y chikungunya se expanden hacia nuevas áreas, mientras aumentan los casos de enfermedades gastrointestinales y otras infecciones ligadas a la escasez de agua segura.
“Los fenómenos meteorológicos extremos facilitan la transmisión de enfermedades infecciosas y agravan los determinantes sociales de la salud”, subrayaron.
La inseguridad alimentaria se intensifica cuando se pierden cosechas y se corta el acceso a productos básicos por condiciones meteorológicas adversas.
Las sequías y las lluvias extremas afectan la productividad agrícola y multiplican los riesgos de desnutrición. “La región enfrenta crecientes amenazas a la seguridad alimentaria y nutricional”, sostuvieron.
En el documento, las organizaciones dieron estas 6 recomendaciones principales:
- Los países deben cuidar la salud de las personas siempre que tomen decisiones sobre el cambio de clima.
- Mejorar los centros de salud para que puedan ayudar bien a todos, sobre todo a quienes viven más lejos o tienen menos recursos.
- Las leyes y reglas deben ser justas para todos y escuchar las ideas y necesidades de los grupos más afectados.
- Los hospitales y los profesionales de la salud deben prepararse mejor para problemas que trae el clima como calor extremo, tormentas o enfermedades nuevas.
- El sector salud debe participar en todas las reuniones y decisiones importantes sobre el clima.
- Los países y organizaciones deben invertir en proyectos que ayuden tanto al planeta como a la salud de las personas.
En diálogo con Infobae, Milena Sergeeva, oficial de enlace de la Alianza Global por el Clima y la Salud, dijo: “En primer lugar, impulsamos que se integre el enfoque de salud en todas las políticas climáticas de la región. Los países deben asegurar que la salud esté presente en la elaboración y revisión de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en los planes nacionales de adaptación y en las estrategias de reducción de riesgos de desastres”.
Las NDC son los compromisos climáticos que cada país presenta cada cinco años ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como parte del Acuerdo de París que se firmó en 2015.
El objetivo es acelerar la acción climática, limitar el calentamiento global y prevenir los impactos más graves para la población, aclaró.
La segunda propuesta señala la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención en salud pública.
Esto implica asegurar que los servicios de salud se encuentren cercanos a la población. También deben prepararse ante enfermedades y desastres relacionados al clima.
“Es imperativo fortalecer el primer nivel de atención con enfoque preventivo y capacidades diferenciadas en las comunidades en situación de vulnerabilidad”, mencionó Sergeeva.
Justicia climática y equidad son ejes clave de la posición común. En el documento se insta a los gobiernos a implementar instrumentos como el Acuerdo de Escazú (que entró en vigencia en 2021), para garantizar el acceso a la información y la participación de niños, pueblos indígenas y mujeres en las decisiones relacionadas al cambio climático y la salud.
Otro punto estratégico está en aumentar la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
Esto significa que se deben formar recursos humanos, crear infraestructuras listas para enfrentar eventos extremos y desarrollar sistemas de alerta temprana eficaces. “Las acciones son urgentes para minimizar el impacto de las crisis”, afirmó al ser consultado por Infobae Francisco Chesini, especialista en ingeniería sanitaria y magíster en salud pública, quien forma parte del Laboratorio Interdisciplinario de Estudios en Clima y Salud (LIECS).
El colectivo de organizaciones sugirió que las autoridades sanitarias participen activamente en otros espacios de gobierno y coordinación para enfrentar la crisis. Tal integración podría permitir que la toma de decisiones sea más efectiva y contemple la protección de la salud como prioridad.
Por último, la declaración llamó a que se aumente el financiamiento climático destinado a proyectos que beneficien la salud y evalúen los costos y ahorros potenciales en el sector sanitario.
“Es necesaria la movilización de recursos nacionales e internacionales destinados a iniciativas que tengan claros beneficios para la salud y mecanismos de seguimiento e impacto”, remarcaron.
Chesini destacó: “Estas recomendaciones son parte de una respuesta conjunta que América Latina y el Caribe define para adaptarse y mitigar los impactos negativos del cambio climático sobre la salud. Priorizan la protección social, el acceso equitativo a servicios y la resiliencia en todas las comunidades”.
