Guatemala ha logrado un hito histórico en su trayectoria económica al recibir una mejora en su calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s (S&P), quedando a solo un escalón de alcanzar el codiciado «grado de inversión».
La calificadora internacional elevó la nota del país centroamericano a BB+, el nivel más alto en la categoría de grado especulativo, lo que representa un respaldo significativo a las políticas económicas implementadas en los últimos años.
Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), calificó este logro como el resultado de un trabajo sostenido que comenzó en 2020. «Es un trabajo que se está haciendo de una manera más agresiva desde el año 2020, donde comenzamos a ir a visitar personalmente a las calificadoras de riesgo país», explicó González Ricci durante una entrevista radiofónica.
La mejora en la calificación no es un hecho aislado. Según el presidente del Banguat, las tres principales calificadoras de riesgo —Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s— han venido mejorando gradualmente la calificación de Guatemala en cada una de sus revisiones. Este avance sostenido refleja la confianza creciente de los mercados internacionales en la estabilidad económica del país.
Para el ciudadano común, esta mejora en la calificación podría parecer un dato técnico sin impacto directo en su vida cotidiana. Sin embargo, González Ricci destacó dos beneficios concretos que podrían materializarse a corto y mediano plazo: mayor inversión extranjera y mejores tasas de interés para la deuda pública.
«Cualquier inversionista de fuera, lo primero que ve para traer sus recursos a un país es la calificación de riesgo país. Si la calificación es buena, pues va a tener más interés. Si es una calificación mala, pues se va a alejar», explicó el presidente del Banguat, subrayando la importancia de estar cerca del grado de inversión para atraer capitales internacionales.
El segundo beneficio se relaciona directamente con el manejo de las finanzas públicas. Una mejor calificación permite al país obtener financiamiento internacional a tasas de interés más favorables, lo que reduce el costo del servicio de la deuda y libera recursos presupuestarios para inversión en áreas prioritarias como infraestructura, salud y educación.
El informe de S&P destaca como fortalezas de Guatemala su estabilidad macroeconómica, el manejo prudente de la política monetaria y fiscal, y los bajos niveles de deuda pública en comparación con otros países de la región. La inflación controlada, actualmente en torno al 1.5% —por debajo del límite inferior de la meta establecida por el Banguat—, un tipo de cambio estable y reservas monetarias internacionales históricamente altas son factores que han contribuido a esta evaluación positiva.
No obstante, el informe también señala desafíos significativos que Guatemala debe superar para alcanzar el grado de inversión. Entre estos, destaca la necesidad de mejorar sustancialmente la infraestructura del país —incluyendo carreteras, caminos rurales, puertos y aeropuertos— y reducir los altos índices de pobreza, que actualmente afectan al 55% de la población.
«Si hay mayor inversión, si hay mejores tasas para el servicio de la deuda que tiene el país, eso libera recursos del presupuesto para invertir en infraestructura», señaló González Ricci, quien enfatizó que la inversión en infraestructura es fundamental para generar crecimiento económico y empleo en el corto plazo.
El presidente del Banguat también subrayó la importancia de la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo para implementar reformas estructurales que permitan aprovechar esta oportunidad histórica. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran la ley de alianzas público-privadas y una nueva ley de mercado de valores, que según González Ricci, son «indispensables» para continuar mejorando el perfil económico del país.
Analistas económicos consultados coinciden en que la mejora en la calificación crediticia representa una ventana de oportunidad para Guatemala, pero advierten que transformar este logro en beneficios tangibles para la población requiere de políticas públicas efectivas y una ejecución eficiente del presupuesto nacional.
