La politóloga María Migliore sostuvo que el Estado argentino debe repensar su rol como garante de la alimentación básica, en el marco de un país que vive en emergencia alimentaria desde hace más de dos décadas.
“Si un Estado tiene que garantizar lo básico, que es que todas las personas que viven en él puedan comer definitivamente, eso es insustituible”, afirmó Migliore. Y recordó que la emergencia alimentaria nacional, declarada en 2002, está próxima a su vencimiento y será un desafío para el actual gobierno decidir su continuidad.
En Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la especialista analizó la situación de las personas en situación de calle e indigencia, y destacó que el 8,2% de la población está bajo la línea de indigencia, lo que equivale a casi 4 millones de personas sin acceso a lo básico.
Además, remarcó que la política alimentaria se estructura, mayoritariamente, en transferencias directas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la prestación Alimentar, que concentran el 95% del presupuesto, mientras que el apoyo a comedores y merenderos solo representa el 4% y la asistencia con cajas o bolsones apenas 1%. Todo el dispositivo, apuntó, equivale al 0,94% del PBI.
Migliore subrayó que a la política nacional se suman acciones de provincias y municipios, lo que multiplica la inversión, pero también fragmenta la coordinación. Por ejemplo, mencionó a la provincia de Buenos Aires, que tiene dos grandes programas —el Sistema Alimentario Escolar y el Módulo de Seguridad Alimentaria (MESA)— que alcanzan a más de 2,4 millones de chicos y a una red de más de seis mil comedores.
En tanto, la Ciudad de Buenos Aires gestiona 500 comedores que, mediante el programa Ciudadanía Porteña, asisten diariamente a 300.000 personas. Para Migliore, “el mayor problema está en la superposición y la lógica que se fue construyendo con cada crisis; hoy hay que cambiar y coordinar mejor”.
A su vez, sostuvo que su experiencia en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, en 2022, le permitió relevar que el 90% de las familias beneficiarias de asistencia alimentaria prefiere comer en sus casas: “Lo hacen porque es más cómodo, pueden compartir con sus familias y no dependen de horarios ajenos”. Sobre esta base, opinó que la política pública debe pasar de una respuesta de emergencia a una que también promueva comportamientos que fortalezcan el tejido social.
Al analizar la gestión actual del gobierno nacional, Migliore valoró los refuerzos en las transferencias de la AUH, pero consideró que “hay que reforzarlo más”. Y reconoció el rol de las organizaciones sociales: “Dar transferencias directas no significa demonizar comedores y merenderos, que cumplen una función social. Hay que reconvertirlos porque son muy buenos y necesarios”.
Finalmente, la politóloga propuso repensar estos espacios fundamentales como clubes, centros culturales o lugares de contención: “Los comedores surgieron como respuesta a la crisis del desempleo de los 90 y se consolidaron con la política social de los 2000″.
Y determinó: “Hoy más del 60% reconoce el valor de actividades más allá de la comida y ese capital ya está instalado y hay que fortalecerlo. Porque continuar con una visión de emergencia limita el desarrollo de políticas aspiracionales y transformacionales”.
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