Cuando se aprobó en 2010, la Ley de Salud Mental planteó un enfoque innovador que despertó detractores pero también entusiasmo en quienes apoyaban un modelo de atención en contra de la «manicomialización» y las internaciones compulsivas. Como más de 15 años después, el presupuesto y la gestión política que debieron haber existido para llevar la normativa a la práctica fueron casi nulos y esto derivó en serias críticas a la ley, incluso de familiares de pacientes, hace un tiempo el Gobierno viene intentando reordenar la cuestión a través de «otra nueva» ley de Salud Mental.
Según difundió el Ministerio de Salud este martes, la intención es «en breve» enviar un proyecto para lanzar una nueva Ley de Salud Mental. Los puntos sobresalientes, que sin dudas despertarán una acalorada polémica, son una vuelta atrás en la política en contra de los hospitales monovalentes (antes mal llamados «manicomios») y un viraje en los requisitos que hoy se requieren para internar una persona que por su situación de salud mental podría representar un riesgo para sí o para terceros.
Luego de que en la mañana de este martes, el jefe de Gabinete Manuel Adorni difundiera el tema (en un claro intento por retomar la agenda de gestión en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas), desde el Ministerio de Salud precisaron que los objetivos de la normativa son mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
En este sentido, cuestionaron la falta de aplicación homogénea de la ley de Salud Mental en el país, en tanto sólo 16 de las 24 jurisdicciones adhirieron formalmente, que sólo 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y que sólo 20 disponen de camas de internación, lo que “genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos”.
Difundido el tema, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tuiteó a favor de la propuesta oficial. «La Ley de Salud Mental no funciona. Celebro que el Gobierno Nacional avance con una reforma. Es un tema sobre el que venimos trabajando hace años, y que las familias reclaman y los pacientes necesitan con urgencia”, escribió en alusión a los reclamos que ya venían haciendo desde la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. El cuestionamiento es por los obstáculos que la actual normativa les impone ante la necesidad de internar personas en situación de calle con problemas de salud mental o adicción, incluso con intervención del SAME psiquiátrico.
Según la cartera nacional de Salud, el proyecto (que todavía no se dio a conocer más allá de un breve punteo) fue elaborado en base a “aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria”. Como se verá de al final de estas líneas, Clarín habló con algunas voces de esos ámbitos.
Otra nueva ley de salud Mental: qué cambios promueve
Uno de los cambios importantes es se reemplazaría el término “padecimiento mental” para adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), que paradójicamente elabora la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo al que la Argentina recientemente le dio la espalda. La intención es incorporar el concepto de trastornos mentales o del comportamiento, para lograr (explican) una mayor precisión.
También se buscará un nuevo enfoque sobre el concepto del riesgo. El Gobierno toma como argumentos centrales los reclamos de muchos familiares de pacientes, algunos de los cuales se hicieron famosos por haber llegado a las tapas de los medios. Es el caso de aquel que protagonizó el cantante Chano Charpentier, que en 2021 terminó baleado cuando en medio de un brote psicótico por sus adicciones quiso atacar a un policía con un cuchillo. O también, el de Rodrigo Roza, el hombre con esquizofrenia que mató de una puñalada al inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán a metros del Malba y murió baleado por un agente que intentó reducirlo, en 2020.
La intención es reemplazar el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando contexto y antecedentes, y permitiendo intervenciones más oportunas y preventivas, asegura el Ministerio. Aunque el proyecto enfatiza que “la internación seguirá siendo un recurso excepcional pero necesario para proteger la salud y la vida», en casos de «urgencias, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas».
Parece un detalle menor, pero ese punto representaría un cambio importante, que invertiría el orden de los factores tal como son hoy, considerando que hasta ahora la ley no garantizaba la internación voluntaria, si no era con el aval previo del equipo interdisciplinario.
El proyecto propondrá, además, extender de las 10 horas actuales a 24 horas el plazo de notificación judicial de la internación. Si es voluntaria y «el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la Justicia”, explicaron desde Salud.
Otro punto polémico es que el Ministerio de Salud se sumará (según dicen, será una «participación») en el llamado Órgano Revisor de la ley de Salud Mental, institución que debe controlar el cumplimiento de la ley y oficia como una suerte de defensoría de los derechos de los pacientes y sus familiares, por lo que debería quedar separada de las actuaciones del Ejecutivo.
Quizás el punto más fuerte, sin embargo, sea el relativo a los llamados «monovalentes». La ley vigente impulsó el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado de pacientes a hospitales generales que contaran con áreas específicas de salud mental, pero el nuevo proyecto señala que este modelo no siempre es viable. Es un importante reconocimiento del Ministerio, ya que aclaran que existen limitaciones de infraestructura, de personal y en las condiciones de seguridad que priman en muchos centros de salud.
Desde el entorno de Lugones argumentaron que “actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada”. Señalaron que hubo “episodios graves en hospitales generales como el Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen, que reflejan estas limitaciones en casos complejos”.
Remarcaron que, “en lugar de cerrar instituciones, se propone fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas”.
Salud mental: la mirada de familiares de pacientes y especialistas
Consultados por este tema, desde Familia Esperanza, la institución impulsada por Marina Charpentier (madre de Chano y una defensora de los derechos del paciente), dieron su mirada sobre el proyecto de ley de Salud Mental. Si bien ratificaron haber sido consultados por el propio Lugones un año atrás y haber aportado en cuanto a las necesidades de un nuevo proyecto normativo, se mostraron cautelosos ante el oportuno anuncio de esta iniciativa.
Destacaron, en este sentido, que son días en que el oficialismo precisa claramente virar la agenda mediática enfocada en el cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Dieron a entender que consideran inoportuno el potencial uso político de un tema tan sensible como la salud mental.
No obstante, confirmaron que recién están evaluando el proyecto y se mostraron esperanzados de que la letra normativa se base en el trabajo conjunto que los familiares hicieron con el Ministerio y distintos sectores (entre otros, la ex diputada Marcela Campagnoli). «Ojalá que el resultado sea para que saquemos una ley de salud mental que le sea útil a todas las personas que están sufriendo, que son muchas. Ojalá que sea para bien y no una maniobra política», apuntaron.
En tanto, desde la asociación civil La Madre Marcha (impulsada por Stella Maurig, madre de David, otra víctima fatal de las deficiencias relacionadas con la actual ley) esbozaron que el cambio promovido en base al punteo difundido les parece «viable», si bien todavía deben analizar el proyecto en su totalidad.
El que se mostró muy crítico fue Alberto Trímboli, coordinador del área de Adicciones del Hospital Álvarez, presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) y ex director de Investigación de la Sedronar. Para él, el nuevo proyecto busca dar más poder a los intereses económicos ligados a manicomios y clínicas privadas.
Si bien dijo que el enfoque de riesgo se mantiene parecido a como es hoy, evaluó que el punto más grave del proyecto es el del “padecimiento mental”, concepto que él defiende.
«La ley no niega la enfermedad mental; al contrario, la amplía y la incluye en un marco más abarcativo, el de los padecimientos mentales. Este concepto se utiliza para reconocer el sufrimiento psíquico en toda su diversidad, que puede ir desde un duelo, un estado de tristeza o una crisis situacional, sin necesariamente constituir un trastorno, hasta cuadros psicopatológicos severos», dijo Trímboli, y concluyó que un cambio en este sentido «restringiría el acceso y llevaría a patologizar situaciones de la vida cotidiana».
AS
