Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido mediáticamente como “Pequeño J”, permanece detenido en el penal de Cañete, ubicado en la provincia de Lima, Perú, mientras se resuelve su extradición a la Argentina. El joven, señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, enfrenta un escenario complejo: el establecimiento penitenciario donde está alojado es uno de los más sobrepoblados del sistema peruano y presenta condiciones críticas que impactan en la vida diaria de los internos.
El penal, oficialmente denominado Establecimiento Penitenciario de Nuevo Imperial, tiene capacidad para albergar entre 768 y 1.021 personas. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), actualmente aloja entre 1.900 y 2.000 reclusos. Esto significa una superpoblación que oscila entre el 160% y el 200%, una de las cifras más altas del país. El hacinamiento se traduce en celdas compartidas por varios internos, espacios reducidos y acceso limitado a servicios básicos como agua potable, alimentación adecuada y atención médica.
La infraestructura del penal está organizada en módulos que separan a condenados de procesados. En el caso de “Pequeño J”, al encontrarse bajo prisión preventiva con fines de extradición, fue ubicado en un sector destinado a internos que esperan resolución judicial. Este aislamiento parcial busca reducir riesgos, aunque la convivencia sigue siendo compleja debido a la diversidad de perfiles criminales presentes en el lugar.
La seguridad interna es otro desafío permanente. Los operativos de requisa son frecuentes y suelen terminar con el secuestro de drogas, celulares, armas blancas y licor artesanal, lo que evidencia la dificultad para controlar el ingreso de elementos prohibidos. A esto se suma la tensión constante entre los reclusos, agravada por la falta de espacio y las condiciones precarias.
A pesar de este panorama adverso, el penal de Cañete forma parte de la iniciativa “Cárceles Productivas”, que busca ofrecer oportunidades de reinserción social. Allí funcionan talleres de panadería, cuero y artesanías, donde los internos aprenden oficios y elaboran productos como pan, billeteras, morrales y carteras. Además, más de 600 reclusos iniciaron clases en centros educativos dependientes del INPE durante el ciclo lectivo 2024, con acceso a actividades culturales y propuestas formativas orientadas a mejorar sus perspectivas futuras.
Mientras tanto, “Pequeño J” aguarda en este contexto la resolución del pedido de extradición solicitado por la justicia argentina, que lo acusa de estar vinculado a uno de los crímenes más conmocionantes del año. El proceso podría demorar varios meses, ya que el acusado rechazó la opción de una extradición voluntaria, lo que prolonga su permanencia en una de las cárceles más críticas del sistema penitenciario peruano.
