La corrupción, según un reciente informe, es un componente clave de las redes de tráfico de armas que desvían armamento estatal hacia las manos del crimen organizado.
Funcionarios corruptos desvían armas de los arsenales de las fuerzas de seguridad durante su producción, transporte, uso y eliminación, de acuerdo con el informe elaborado por Transparency International Defence & Security (TI-DS) y Transparency International US (TI-US).
El personal militar y policial es especialmente vulnerable a la corrupción, pero también lo son los fiscales, agentes fronterizos y autoridades encargadas de la logística de suministros, la aprobación de importaciones y de exportaciones, y la expedición de licencias de armas.
Este desvío facilitado por la corrupción, afirma el informe, “fortalece al crimen organizado, alimenta los conflictos armados y la violencia, debilita la eficacia militar y socava la gobernanza y la seguridad en todo el mundo”.
Las conclusiones del informe se basan en una revisión de más de 400 casos en los que personal militar y otros funcionarios estatales de 70 países fueron acusados o condenados por desviar armas hacia actores no autorizados −principalmente grupos criminales, pero también milicias políticas y ejércitos privados−.
De los arsenales estatales a los grupos criminales
El robo y la venta de armas por parte de usuarios autorizados, según TI-DS, fue la forma más común en que las armas estatales llegaron a organizaciones criminales.
En más del 60% de los casos que involucraban a usuarios autorizados, se trataba de miembros de bajo rango de las fuerzas de seguridad que vendían sus armas para obtener ingresos adicionales. El desvío de grandes cantidades de armas y municiones, en cambio, suele requerir la participación de funcionarios de alto nivel.
VEA TAMBIÉN: Arsenales militares son fuente de armas para pandillas y grupos criminales latinoamericanos
Varios casos recientes ilustran esta dinámica. En Paraguay, varios exfuncionarios de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) fueron detenidos por facilitar un esquema transnacional de tráfico de armas que vendió al menos 25.000 armas al Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y al Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) de Brasil.
En Colombia, tres funcionarios responsables de un depósito militar fueron detenidos en diciembre de 2024 por desviar armas, municiones y explosivos destinados a guarniciones militares, y entregarlos a la ex-FARC Mafia. Y en México, un coronel corrupto no solo abasteció de todo tipo de armamento e información a un grupo criminal, sino que, presuntamente, se ofreció incluso a ayudar a localizar a un fiscal que la organización planeaba asesinar.
En algunos casos, los vínculos corruptos son establecidos por exfuncionarios de seguridad convertidos en criminales. Como ya ha sido reportado por InSight Crime, ese fue el caso de José Antonio Tovar, alias “El Picure”, un exsargento que utilizó sus contactos militares para armar a su grupo, el Tren del Llano, en Venezuela.
Los criminales se aprovechan de las empresas de seguridad privada
Los grupos criminales también acceden a armas desviadas desde organizaciones de seguridad privada, según el informe. En América Latina, la seguridad suele estar tercerizada en actores privados como las empresas de seguridad y los grupos de defensa comunitaria, pero los Estados carecen de mecanismos para hacer el seguimiento del armamento que entregan a estas organizaciones e individuos, advierte TI-DS.
VEA TAMBIÉN: Expolicías operan como intermediarios entre empresas de seguridad privada y grupos criminales en Colombia
Las empresas de seguridad privada no solo son una fuente de armas para los criminales, también pueden ofrecer una fachada legal para portar armamento. Esta dinámica quedó recientemente al descubierto en Colombia, donde la Fiscalía General de la Nación investiga a numerosas empresas por registrar a criminales conocidos como escoltas con permisos de porte de armas a cambio de un pago mensual.
Debilidades estructurales
El desvío de armas se agrava por la corrupción generalizada dentro de las fuerzas de seguridad, en especial en instituciones donde los pagos, ascensos y traslados forman parte de la cadena de mando. Esta normalización de la corrupción crea incentivos para el desvío de armamento y lleva a mecanismos de supervisión deficientes y una cultura generalizada de impunidad, lo que permite que prospere el tráfico de armas.
En algunas ramas militares, los oficiales superiores explotan económicamente a sus subordinados, apropiándose de sus salarios o exigiendo sobornos a cambio de ascensos y traslados preferenciales. Según el informe, esto se debe principalmente a que los sistemas donde las cadenas de mando están vinculadas a las cadenas de pago otorgan más poder a los altos mandos sobre el personal de menor rango. Esto puede generar incentivos negativos que alienten al personal militar a participar en actos de corrupción vinculados al desvío de armas. El informe señala a México como uno de los países donde este tipo de abuso de poder es más frecuente.
El problema se ve agravado por la impunidad generalizada ante casos de corrupción, abusos y mala conducta. TI-DS concluye que la mayoría de los países “no investigan ni sancionan los abusos, incluso cuando existen pruebas claras, o sus investigaciones son superficiales y rara vez derivan en acciones disciplinarias”.
Algunas investigaciones ni siquiera logran iniciarse. Ese fue el caso en Colombia, donde un sargento que reportó la desaparición de diversos equipos militares tras un inventario en un depósito regional recibió amenazas de muerte y fue dado de baja abruptamente cuando insistió en realizar una investigación a fondo.
Imagen principal: Armas decomisadas en operativos del gobierno mexicano. Crédito: Juan Carlos Lozano / Proceso.
