María Fernanda Espinosa, Ulrich Volz, and Alex Dryden
A principios de este año, el Fondo Monetario Internacional declaró que “los niveles de deuda se han estabilizado y se proyecta que se mantendrán estables o disminuirán ligeramente” en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Sin embargo, esta evaluación optimista ciertamente no aplica a América Latina y el Caribe (ALC), donde la creciente carga de la deuda, la vulnerabilidad climática y el estancamiento del progreso hacia los objetivos de desarrollo están alimentando una crisis en toda regla. Tratar la deuda como “estable” mientras se ignoran los riesgos climáticos y las necesidades de desarrollo es peligrosamente miope.
En todo el continente, la deuda externa pública ha superado el billón de dólares, con una deuda bruta promedio cercana al 70% del PIB, y superior al 100% en varios pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) del Caribe. Los costos del servicio de la deuda se han disparado a medida que el aumento de las tasas de interés y la depreciación de las monedas han encarecido los reembolsos en moneda extranjera.
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Como resultado, la enorme carga de la deuda está asfixiando fiscalmente a la región, con ocho países de ALC gastando más en el servicio de la deuda que en salud pública entre 2021 y 2023. Peor aún, ALC es una de las regiones más vulnerables al clima del mundo. Huracanes, sequías e inundaciones ya han costado más de 110 000 millones de dólares desde el año 2000. En Dominica, el huracán María causó daños equivalentes al 226 % del PIB en 2017, mientras que el huracán Iván le costó a Granada el 200 % del PIB en 2004. La crisis climática ha costado a los países del Caribe un promedio del 2,13 % del PIB anual entre 1980 y 2020, según la OCDE. Cada desastre obliga a los gobiernos a endeudarse más para la reconstrucción, lo que agrava una deuda ya insostenible. El resultado es un círculo vicioso en el que los desastres aumentan la deuda, lo que limita la inversión en infraestructura más resiliente y magnifica el costo del próximo desastre.
La urgencia de esta creciente crisis es especialmente evidente para muchos PEID. A pesar de contribuir con menos del 1% de las emisiones globales, se ven desproporcionadamente afectados por el cambio climático. Tienen bases económicas limitadas, una alta dependencia del turismo y la pesca, y limitados márgenes de maniobra fiscales. El resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4) de este año reconoció estos desafíos al impulsar un Servicio de Apoyo a la Sostenibilidad de la Deuda para los PEID (una medida positiva promovida por la Alianza de los Pequeños Estados Insulares). Sin embargo, el DSSS sigue siendo poco más que una aspiración. Sin una rápida puesta en marcha y recursos significativos, no proporcionará el sustento que estos países necesitan.
Cabe destacar que la región ha sido pionera en sus propias respuestas innovadoras a esta crisis de deuda y cambio climático. Por ejemplo, el canje de deuda por naturaleza de «bonos azules» de Belice en 2021 redujo la deuda en un 12% del PIB y financió iniciativas de conservación marina a largo plazo, y Barbados, Ecuador y las Bahamas han seguido su ejemplo con sus propios acuerdos de canje. Granada y Barbados también han emitido bonos con «cláusulas de desastre» que suspenden los reembolsos tras grandes crisis. Sin embargo, por muy prometedoras que sean estas innovaciones, no sustituyen una reforma sistémica. Los canjes siguen siendo complejos y costosos, con elevados gastos administrativos y persistentes preocupaciones sobre la soberanía de los activos ambientales nacionales. Las cláusulas de desastre aún son poco frecuentes y relativamente poco probadas.
Lo que realmente necesitamos es un nuevo marco con dos componentes complementarios. Para las economías en dificultades, es esencial una reestructuración profunda e integral, así como la participación de todos los acreedores —bilaterales, multilaterales y privados— bajo un régimen de trato comparable y vinculante.
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El alivio de la deuda debe ir acompañado de financiación concesional para apoyar la infraestructura verde, la protección social y la adaptación climática. Los países beneficiarios, a su vez, deberían comprometerse a una gestión transparente de la deuda y a la publicación de planes de inversión alineados con la resiliencia climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para los países solventes pero con limitaciones de liquidez, la atención debería centrarse en reducir los costos de endeudamiento y ampliar el margen fiscal. Esto requiere una mayor concesión de préstamos en condiciones favorables por parte de los bancos multilaterales de desarrollo, reasignaciones específicas de derechos especiales de giro (el activo de reserva del FMI) y una adopción más amplia de instrumentos sensibles al cambio climático, como los swaps, los bonos vinculados al clima y las cláusulas de desastre.
Sin embargo, se necesita liderazgo político para implementar estas soluciones técnicas. Para ello, las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial de esta semana ofrecen la oportunidad de replantear la situación, reconociendo que existe una crisis de deuda y que ignorarla solo agravará la inestabilidad. La cumbre de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de noviembre proporcionará una plataforma para compromisos concretos, ya que se centra en el cambio climático, la transición verde y las inversiones en ambas regiones.
En ese debate, Europa debe superar la complacencia que hemos visto en las instituciones de Bretton Woods y el G20. La financiación climática y las inversiones verdes lograrán poco en las economías endeudadas a menos que dichas medidas estén vinculadas a una reforma sistémica. ALC no necesita compromisos incrementales; necesita el apoyo político y financiero de Europa.
*María Fernanda Espinosa, Ulrich Volz, and Alex Dryden
